En una extensa audiencia de apelación, defensores, fiscales y querellantes expusieron sus argumentos. El juez debe decidir en seis días hábiles si confirma la libertad o vuelven a prisión.
Por Marcelo Castaños / La Capital (mcastanos@lacapital.com.ar)
El juez de Cámara Carlos Carbone tiene seis días hábiles, contados a partir de ayer, para confirmar la libertad —decidida en agosto por un camarista— u ordenar la vuelta a prisión de los ocho procesados por la desaparición de Paula Perassi, como lo resolviera el juez de primera instancia. Así lo determinó ayer luego de una maratónica audiencia de apelación que se extendió por nueve horas y media, y después de escuchar los planteos de las defensas de los acusados, de los fiscales y la querella.
Uno de los abogados definió la jornada de ayer como "un deja vú jurídico". Y algo de eso tuvo, ya que en la larga audiencia se volcaron prácticamente todos los argumentos que fueran esgrimidos en agosto, cuando el juez de Cámara Adolfo Prunotto Laborde dejó en libertad a los acusados por el delito de aborto sin consentimiento seguido de muerte (en el caso de los civiles) y de encubrimiento agravado por la situación de funcionario público, para los policías.
No obstante, dos elementos nuevos fueron objeto de debate: el aporte producido por la defensa de Gabriel Strumia, sindicado como partícipe del delito, donde se lo ve en su casa el día de la desaparición de Paula, y el reconocimiento por parte de un testigo de que el mismo Strumia, entonces amante de la víctima y presunto padre del bebé que estaba gestado, estuvo con Paula en un bar de Timbúes. Ambos aportes fueron relativizados por las partes oponentes.
Como método, Carbone escuchó los agravios de las defensas, luego los argumentos de los fiscales y de la parte querellante, y por último la réplica de los defensores. Todo ante la mirada atenta de Alberto y Alicia Perassi, los padres de Paula, y de los familiares de los acusados. Afuera, una vez más, los tribunales se llenaron de carteles pidiendo por el esclarecimiento del caso con la cara de la víctima.
El tema de las pruebas. Como ocurrió en agosto, y en términos generales, los abogados patrocinantes de los acusados hicieron hincapié en la falta de pruebas que incriminen a sus defendidos, el pobre valor de aquellas que se presentan y la intención de la Fiscalía de armar una historia en base a "presunciones y convencimientos improbados".
De parte de los fiscales, el acento estuvo puesto una vez más en el permanente "entorpecimiento" que se hizo de la investigación, que hizo que muchas de las posibles pruebas hayan "desaparecido". Y en la posibilidad de que nuevas pruebas puedan seguir incriminando a los procesados, que podrían alterar la conducta que tuvieron durante los meses en que estuvieron en libertad.
En el caso de Strumia, el abogado Fernando Sirio se centró en dónde estuvo el imputado durante la tarde y la noche del 18 de septiembre de 2011, día en que Paula desapareció y que, según la querella y la Fiscalía, tuvo contacto con su amante, mientras que la defensa asegura que estuvo en su domicilio. En los argumentos aparece un intrincado cruce de llamadas telefónicas, antenas receptoras y otras incontables pruebas.
Respecto de la autoría del delito, el abogado de Strumia y de su esposa, Roxana Michl, consideró que el juez que ordenó su procesamiento partió "de una convicción y de la que él mismo reconoció que no tenía pruebas".
Del otro lado, el fiscal de Cámara Guillermo Camporini recordó las actitudes que tuvo el acusado luego de la desaparición de Paula, de las pruebas aportadas por un testigo que era confidente de la víctima con la que tenía contactos por Facebook, y e insistió con que la peligrosidad procesal, tanto de Strumia como de su esposa, están en el hecho de que en libertad pueden "obstaculizar la investigación".
Además, puso como argumento a un testigo, el mozo del bar donde Paula habría estado con Strumia, quien lo apuntó recientemente en una rueda de reconocimiento. Sirio recogió el guante y dijo que ese testigo ya había incurrido en contradicciones anteriores, y que después de cuatro años a Strumia se lo podía conocer tranquilamente por Internet.
Aldo Bilbao Benítez, representante de Mirtha Rusñisky, la mujer a la que se sindica como la que le practicó el aborto a Paula que derivó en la muerte de la víctima, hizo un racconto de los hechos que derivaron en la detención de su defendida, y recordó que en los 34 expedientes con 6.260 fojas que tiene el expediente, a Rusñisky se la nombró "sólo en siete oportunidades". Y que, entre otros detalles, fue puesta en la causa por acusaciones de un yerno suyo que tenía animosidad hacia ella, quien además reprodujo una conversación telefónica que recogió "de oídas". Y dijo que "no hubo ningún contacto telefónico, ni mensajes de texto, ni de facebook, ni mails entre mi defendida y el resto de los acusados".
Entre otras cosas, el fiscal Camporini le endilgó que "si llegamos a Rusñisky después de tres años fue justamente por el entorpecimiento de la investigación".
Los policías. Víctor Corvalán, en defensa del comisario Daniel Puyol (quien fuera jefe de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional XVII cuando comenzó la investigación), cuestionó al camarista Prunotto Laborde, quien otorgó la libertad a los acusados, no por la decisión en sí misma, sino porque no la argumentó.
E insistió, como lo hiciera en la audiencia de agosto pasado, en que la única relación que había entre Puyol y Strumia era comercial, ya que el comisario tenía camiones y el empresario se ocupaba de su reparación.
Además, afirmó que el juez de primera instancia, Juan José Tutau, cometió "errores muy graves", recordó que Puyol se relaciona con la causa porque era jefe de la Sección Cuerpos, cuando esta "no tuvo nada que ver con la investigación y no hay ningún elemento para que Puyol haya encubierto a los otros imputados".
Y remató: "El error de Puyol fue elegir al mecánico equivocado y por formar parte de una fuerza cada vez más desprestigiada".
Los argumentos no pasaron por alto a Camporini, quien retrucó que como jefe de la sección Cuerpos el comisario era el tercero en línea jerárquica y tenía poder como para ejercer influencias. Y Corvalán insistió con que “no se pueden guiar por un convencimiento sin elementos probatorios”.
Jorge Bedouret, abogado de los policías Jorge Krenz, María José Galtelli y Aldo Gómez, puso énfasis en el hecho de que sus defendidos fueron quienes realmente investigaron el caso hasta los primeros días de diciembre de 2011, que encontraron al testigo que finalmente reconoció a Strumia, y llegaron hasta las pastilla abortivas que fueron halladas en la casa de Rusñisky. “Ellos fueron los que verdaderamente colaboraron con la investigación”, insistió, y acusó a la querella de “elaborar una teoría del caso a partir de un verdadero trastorno de la percepción”. También afirmó que en la mayoría de las cosas por las que se les imputó el incumplimiento de los deberes de funcionario público se les dictó falta de mérito, mientras que el procesamiento se basa en “hechos no imputados”.
En tanto, Adrián Ruiz, por la querella, reconoció que al principio los Perassi confiaban en los investigadores defendidos por Bedouret, pero que luego “vimos que plantaban pruebas falsas”. Bedouret, directamente, lo trató de “fantasioso”.
Paul Krupnik, en defensa del sargento Gabriel Godoy, también argumentó que su defendido fue el primero en investigar y en descubrir elementos importantes en la causa, y que fue apartado a los diez días, cuando el jefe de la unidad regional lo sacó de la investigación y se llevó todos los documentos y las pruebas. Y después de enumerar lo que consideró elementos que hacen a una “lectura sesgada del material probatorio”, se preguntó: “¿A quién encubrió Godoy?”. Tanto la Fiscalía como la querella consideraron que, efectivamente, Godoy fue apartado de la investigación, pero que no hizo nada ante esto, mucho más “si estaba convencido de que lo apartaban porque estaba haciendo las cosas bien”.
Cuando todo parecía que la audiencia iba llegando a su fin, se armó un acalorado debate a partir de dichos del fiscal Camporini, que habló de un “plan criminal” que derivó en la “desaparición forzada” de Paula Perassi. Fue Corvalán el primero en pedir la nulidad del planteo, que traerá “acusaciones alejadas de la cuestión inicial. No podemos tolerar que se inaugure una nueva figura penal como es la desaparición forzada de personas”. Los otros abogados lo siguieron y hasta hubo un cruce de gritos.
