Trasladaron a la cárcel de Ezeiza a Guille Cantero y uno de sus laderos

Tras denuncias del Servicio Penitenciario Provincial. Los hombres de Los Monos fueron llevados la madrugada de ayer en cumplimiento de una orden de la Justicia federal.

El sindicado jefe de la banda de Los Monos, Ariel Máximo "Guille" Cantero, y uno de sus principales laderos, Jorge Emanuel Chamorro, fueron trasladados ayer a la madrugada a la cárcel federal de Ezeiza. La medida se tomó tras la denuncia que el gobierno santafesino realizó de una serie de extraños episodios ocurridos en los últimos días en inmediaciones del penal de Piñero, donde estaban apresados ambos hombres, tales como una balacera en el perímetro de la cárcel y la presencia de drones sobrevolando el lugar además de los rumores de un supuesto plan de fuga.

Si bien el traslado había sido ordenado el 28 de diciembre por el juez federal Marcelo Bailaque, cuando procesó por narcotráfico (delito federal) a Cantero y Chamorro, recién se concretó ayer a instancias del pedido del gobierno provincial y después de que la jueza provincial de Sentencia en feria de Rosario, María Isabel Mas Varela, firmara la autorización correspondiente.

La medida fue duramente cuestionada por los abogados de los detenidos, que dijeron que el Servicio Penitenciario santafesino (SP) "quería sacárselos de encima" y por eso hizo "una puesta en escena" con "denuncias inverosímiles como el tiroteo en las afueras de la cárcel y los drones". Lo cierto es que, previa espera de un par de horas en el ingreso del penal de Ezeiza por cuestiones administrativas, Cantero y Chamorro fueron alojados en la cárcel federal donde están recluidos otros importantes narcos locales y extranjeros.

Procesados. Según un comunicado del Ministerio de Seguridad santafesino, Cantero afronta un par de causas en la Justicia provincial. Una es la denominada "Causa Monos", que llevó adelante el ex juez de Instrucción Juan Carlos Vienna y en la que está imputado por asociación ilícita y cohecho activo; y la otra es por el homicidio de Diego Demarre, el dueño del boliche Infinity Night frente al cual mataron a su hermano, Claudio "Pájaro" Cantero, en mayo de 2013. En cuanto a Chamorro, está acusado como miembro de la asociación ilícita y como partícipe del crimen del bolichero.

Ambos estaban alojados en Piñero por esas causas cuando el 28 de diciembre el juez Bailaque los procesó por narcotráfico junto a otras 21 personas. Fue en el marco de una investigación iniciada en 2014 y que en noviembre pasado derivó en el secuestro de 600 kilos de marihuana y 5 de cocaína.

En su resolución, Bailaque dispuso la prisión preventiva de los procesados. Algunas mujeres que estaban con arresto domiciliario continuaron así, mientras que otros detenidos fueron alojados en prisiones federales. En cuanto a Cantero y Chamorro, Bailaque sostuvo en su fallo que, "en atención a la modalidad delictiva detectada en cuanto a que los principales autores desde su lugar de alojamiento en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero dirigían la organización mayormente a través de quienes son sus parejas y mediante equipos móviles de comunicación, habré de disponer sus alojamientos en dependencias de algún establecimiento del Servicio Penitenciario Federal, anoticiando de ello a la autoridad judicial provincial a disposición de la cual también se encuentran detenidos".

Pero la resolución de Bailaque se topó con la feria judicial de verano y la ausencia en los Tribunales rosarinos de quien firme el traslado. En ese contexto, según fuentes judiciales, los magistrados vinculados con las causas por las que están presos Chamorro y Cantero estaban de vacaciones. Y la jueza de Instrucción en turno durante la primera quincena de enero, Delia Palleari, consideró que no correspondía habilitar la feria para resolver la cuestión.

Pero el martes a la noche la jueza Mas Varela (en turno la segunda quincena de este mes) autorizó el traslado solicitado por el secretario de Asuntos Penitenciarios provincial, Pablo Cococcioni, y el titular del Servicio Penitenciario, Juan Manuel Martínez Saliba, que alegaron que "el procesamiento por delitos federales amerita esta posibilidad".

Tiros y drones. El traslado de Cantero y Chamorro no se dirimió sólo entre papeles. La semana pasada tomó estado público una suerte de sainete al parecer originado el 31 de diciembre con una denuncia anónima que alertó sobre un supuesto plan de fuga de Los Monos pero que fue opacada por la controvertida búsqueda de los prófugos por el triple crimen de General Rodríguez.

Así, el último día del año pasado llamó la atención del SP la presencia de tres vehículos rondando el perímetro de la cárcel de Piñero. En los días posteriores, según denunciaron los funcionarios, se detectaron cuatro drones sobrevolando el penal, de los cuales tres fueron derribados a tiros por los guardias.

En ese marco se decidió cambiar de pabellón a Guille, Chamorro y otros presos como Diego Cuello y Ariel Máximo Cantero, el padre de Guille. En esa mudanza se incautaron celulares y dos pen drives, pero nada que comprobara el rumor sobre un supuesto plan de evasión.Hasta que el último fin de semana, tal como diera cuenta ayer este diario, las autoridades del SP denunciaron otro incidente que los motivó a reclamar con urgencia el traslado de Cantero y Chamorro a una prisión federal. Fue un tiroteo entre guardias y dos personas que merodeaban un sector de Piñero donde se construyen nuevos módulos.

Si bien Cococcioni admitió no tener pruebas para vincular ese incidente con el presunto plan de fuga de los Cantero, sí los relacionó con los hechos registrados desde el 31 de diciembre. Y volvió a insistir con su reclamo de traslados.

Al respecto, el funcionario dijo que "una vez que la banda de Los Monos fue desarticulada con el arresto de sus principales líderes, la Justicia federal avanzó a través de escuchas telefónicas. Una vez colocados inhibidores de señal de celular, esas personas se vieron obligadas a continuar sus actividades delictivas a través de los teléfonos públicos de la cárcel como cualquier otro preso. Y eso permitió que se obtengan pruebas para procesarlos".

Una vez procesados por un delito federal, agregó, "nos parecía más que oportuno que estén a disposición del Servicio Penitenciario Federal y se pidió autorización a todos los órganos judiciales intervinientes hasta que finalmente se dio el aval y se efectivizó el traslado. No lo podríamos haber hecho sin los avales judiciales, por supuesto".

Duras críticas. Una vez firmada la orden de traslado por Mas Varela, ayer a la madrugada se implementó un operativo para llevar a los detenidos a Ezeiza. Cantero y Chamorro llegaron al penal a las 6.20, ingresaron a las 7.40 pero no pudieron ir al pabellón hasta pasadas las 11 por un supuesto error administrativo yla falta de cupos.

Más allá de ese contratiempo, los abogados de ambos detenidos, Carlos Varela y Fausto Yrure, cuestionaron duramente el traslado y cargaron contra el SP. "El Servicio Penitenciario santafesino estaba desesperado por sacárselos de encima, no los querían tener acá. Por eso hicieron las denuncias, todas incomprobables y que terminarán en archivo, sobre un presunto plan de fuga que sólo fue una puesta en escena", se despachó Yrure.

"Los traslados los tomé con sorpresa. Hasta ayer (el martes) al mediodía toda la situación estaba como antes de la feria judicial. Es decir, había traslados dispuestos por el juez federal Bailaque que no habían sido autorizados por la Justicia provincial", dijo el abogado.

También Varela cuestionó al SP. "Hubo una denuncia de intento de fuga a partir de lo cual sostuvieron que no podían velar por la seguridad ni garantizar que no se fuguen nuestros clientes. Entonces pidieron ayuda al Servicio Penitenciario Federal y les aceptaron el traslado", dijo el letrado, que también puso en duda lo referido a los tiros y los drones sobre la cárcel. "No sé si ocurrieron esos sucesos. Y si ocurrieron fueron utilizados para lograr el cometido de trasladarlos y sacarse la responsabilidad de la custodia".

Además, el abogado cargó duro contra Cococcioni, de quien dijo que "tuvo desde siempre una actitud irregular con los detenidos en la causa de Los Monos y ha agravado sus condiciones de detención cada vez que pudo". "Hay una especie de paranoia generalizada en todos los funcionarios penitenciarios —agregó— a partir de lo que pasó con los Lanatta y Schillaci (condenados por el triple crimen de General Rodríguez que huyeron del penal de General Alvear a fin de 2015 y fueron recapturados en el norte santafesino 14 días después). Están temerosos de que se fuguen y que sean sometidos al escarnio público".