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| Carlos del Frade |
I Parte - El pasado abierto en el presente
Capítulo 2 - Justicia federal y Díaz Bessone
Capítulo 2 - Justicia federal y Díaz Bessone
El 8 de octubre de 2003, el cuestionado juez federal de Rosario, Omar Digerónimo dictó la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida.
La conclusión era que doscientos seis integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad que actuaron en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, deberían volver a prestar declaración sobre la violación a los derechos humanos durante el terrorismo de estado si es que la resolución de inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida, dictada por el juez federal Omar Digerónimo, supone la continuidad de los procesos suspendidos a fines de la década del ochenta.
A ellos habrá que agregar los nombres de aquellos represores que fueron apareciendo a medida que avanzaron los juicios por la verdad histórica a partir de la segunda mitad de los noventa.
Tres temas siguen pendientes: destino de los cuerpos de los desaparecidos, paradero de los chicos nacidos en cautiverio y beneficiarios y financistas de la maquinaria de la muerte en el litoral argentino.
El fallo de Digerónimo abre la posibilidad de exigirle a cada uno de los seis estados provinciales involucrados en la jurisdicción del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército una decidida producción de información y documentación que debería existir en cada una de las fuerzas de seguridad que operan en sus territorios.
A diecinueve años del robo a los Tribunales Provinciales de Rosario, el juez federal Omar Digerónimo resolvió la inconstitucionalidad de las leyes 23.492, de punto final, y 23.521, de obediencia debida.
Lo hizo al responder al pedido de Alicia Gutiérrez, Eduardo Toniolli y Cecilia Nazábal de Dussex que querellaron a los responsables del centro clandestino de detención que funcionó en la llamada Quinta de Funes, bajo la supervisión directa del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército.
“Puede decirse que los procedimientos clandestinos utilizados durante la dictadura militar pueden ser vistos como verdaderos juicios: se procedía a la identificación de personas, se las arrestaba, se las conducía a un lugar de detención, se las interrogaba generalmente con la imposición de tormentos, se evaluaban sus dichos, se confrontaban las declaraciones con las de otras personas en la misma situación, y finalmente se producía una decisión (sentencia) que podía constituir en la libertad de la persona, en su eliminación física o en la derivación a un centro de detención previsto por el sistema legalizado. Estos procedimientos ilegales se corresponden -en gran medida- con verdaderos juicios porque la lógica de producción de los procesos inquisitivos, de triste recuerdo en la historia de la humanidad. Todo argentino sabe hoy claramente que durante el período en que el último gobierno de facto se hizo cargo de todos los poderes públicos, se instaló en el país un sistema de represión clandestino en el que se produjeron una enorme cantidad de delitos que deben ser considerados crímenes contra la humanidad. Los hechos que tuvieron como víctimas a Eduardo José Toniolli y Fernando Dante Dussex fueron parte de este sistema ilegal de represión. La finalidad del dictado de estas leyes que aquí se cuestionan fue, según sus autores, alcanzar con éstas la pacificación social y obtener la reconciliación nacional. Y es sabido que fueron dictadas en un contexto de delicado equilibrio institucional, lo cual surge claramente del voto de la mayoría de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo dictado en el caso Camps”, sostuvo Digerónimo en un fragmento del cuarto considerando de su fallo.
No hay mayores menciones a los hechos sucedidos en la jurisdicción del Segundo Cuerpo de Ejército que los nombres de los dos militantes montoneros desaparecidos y vistos con vida en la Quinta de Funes.
“A lo largo del tiempo, se han conjugado y concatenado una serie de resoluciones legislativas, administrativas judiciales y políticas, tendientes a cerrar toda alternativa de investigación para conocer la verdad de los detenidos desaparecidos, tanto durante el proceso, como con los gobiernos elegidos por el pueblo. Es decir se ha intentado impedir y -en cierto modo se ha logrado hasta ahora- que estos crímenes a los cuales podemos definirlos como de lesa humanidad queden impunes. Los crímenes de lesa humanidad son aquellos que no solo atentan contra una o varias personas, sino contra la conciencia general de la humanidad”, agregó el juez federal que fuera cuestionado públicamente por el Ministro de Justicia de la Nación, Gustavo Béliz, al mencionarlo como relacionado a las irregularidades detectadas en el PAMI rosarino.
“Por otra parte, impunidad significa lisa y llanamente lo que aquí ha ocurrido, dejar sin juicio ni castigo a los culpables de tales crímenes. El derecho internacional ha establecido que estos crímenes no tengan beneficio de amnistía, ni prescripción, ni caducidad, ni indultos. Que los culpables sean extraditados y hasta juzgados en el país donde se encuentren, como asimismo, que no solo se enjuicie al autor directo del delito, sino también a los indirectos, cómplices, instigadores y encubridores”, avanza el escrito del magistrado.
En este punto habrá que avanzar sobre los beneficiarios de la represión en la zona del Litoral argentino. Y allí aparecerán los sectores empresariales que impulsaron la cacería humana en las grandes fábricas y los responsables de los medios electrónicos de comunicación de estas seis provincias argentinas que se encuadran dentro de la definición de “encubridores”.
Digerónimo sostiene que las leyes de punto final y obediencia debida “dejan sin castigo alguno la muerte de miles de ciudadanos argentinos y extranjeros en un período de tiempo cierto -desde 1976 a 1983- y sólo por este, y establece, en sus consecuencias, una especial categoría de personas que no tienen derecho a la protección del más sagrado de los bienes, la vida humana”.
Añadió que “ni una sola vida humana puede ser moneda de cambio para pacificar una sociedad, si esta es así, aquella no merece el mote de tal. Si estas leyes persisten en su operatividad en el derecho argentino, nuestra sociedad retrocedería a los albores de la historia de los tiempos en que se ofrendaban vidas para aplacar la ira de los dioses. Y tengo para mi que no merece tamaña ofensa nuestra sociedad”, apuntó.
Hay un párrafo que abre la posibilidad política de exigir un aporte que hasta ahora no realizaron las provincias en las que se desató la carnicería ordenada desde el Comando del Segundo Cuerpo de Ejército.
“El Estado debe identificar todas las fuentes posibles de información sobre estos hechos y luego, como primer paso, poner a disposición de los familiares de las víctimas, la información que obra en expedientes, archivos oficiales o dossier que contengan, por ejemplo, listado de víctimas o agentes del Estado que hayan participado en estos hechos y que permitan su pleno esclarecimiento” y “el Estado está obligado a desarrollar una tarea de investigación y corroboración de los hechos, estén o no consignados en documentos oficiales, con el fin de esclarecer los hechos, establecer la verdad de lo ocurrido e informar a los familiares y a la opinión pública en general. Se trata de una obligación afirmativa y activa enderezada a obtener y procesar información que permita un amplio conocimiento de los hechos que no están hoy debidamente documentados. A pesar de que las desapariciones ocurrieron con anterioridad a la ratificación de la Convención por parte de la Argentina, estas obligaciones son exigibles al Estado, ya que en el caso de las desapariciones forzadas nos encontramos frente a una violación de ejecución continuada”, dice la resolución.
Aunque la referencia hace alusión al estado nacional, la lógica filosófica extiende la responsabilidad de generar información a los estados provinciales.
Hasta el día de la fecha se desconocen los archivos de los servicios de inteligencia de las policías de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco. Como tampoco se han exigido los documentos que poseen las otras fuerzas nacionales que actuaron y actúan en estas tierras como Gendarmería, Prefectura y las tres armas.
“Sólo será posible desarrollar una conciencia social en contra de abusos de esta gravedad si se permite el máximo grado de información pública sobre los hechos y su clara condena por el Estado”, advierte Digerónimo.
Una pregunta al pasar: cuando se produjeron las leyes de impunidad y más tarde, cuando se conocieron sus efectos, la libertad de tantos genocidas, ¿cuál fue la actitud de Digerónimo?.
El fallo termina diciendo que “se vislumbra con meridiana claridad la incompatibilidad existente entre las normas cuestionadas con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en tanto las mismas impiden dar cumplimientos al deber de garantizar a todos los individuos en su territorio y bajo su jurisdicción el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en el pacto en sus artículos 2, 3 y 9; en razón de lo cual corresponde declarar inválidas las leyes 23.492 y 23.521 en virtud de lo estipulado por el Pacto en cuestión”.
Esta resolución se enmarcó en la denuncia de los familiares de Toniolli y Dussex, en la denominada Causa Feced, la 47.913, iniciada en abril de 1983 por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y que recién fue tomada por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario en 1986.
De allí que sea necesario repasar algunos aspectos de aquel expediente que fuera cerrado no por las leyes de impunidad ni por los indultos, sino por la invención de la muerte del mayor productor de muertes de la región, el ex comandante de gendarmería, dos veces jefe de policía de Rosario y tentado para manejar la Triple A, Agustín Feced.
Los casi 11 mil folios de la causa Feced contienen precisiones sobre las cuales habrá que volver para no repetir caminos ya recorridos y buscar ausencias informativas todavía pesadas.
- Cada detención era informada por escrito.
- Se producían tres informes, antes y después de las detenciones.
- Hasta 1987, la policía seguía ofreciendo precisiones sobre los procedimientos realizados desde 1976 en adelante.
- Tanto el ejército, como gendarmería y prefectura tenían documentación que, bajo el rótulo de secreto, describían organigramas y fundamentos de las operaciones "antinsurgentes".
- Hay registros de NN en el cementerio La Piedad.
- Existirían los libros de memorandum de las guardias de la alcaidía que reflejan la existencia de los detenidos.
- Existen libros de guardias en los hospitales y en la Maternidad que refieren a la atención de los pacientes que traían las fuerzas de seguridad.
- Existen fichas elaboradas por el Comando del II Cuerpo de Ejército sobre cada uno de los detenidos.
- Existen registros de defunciones por muerte violenta.
- Existen 703 documentos de hábeas corpus presentados en los tribunales federales y provinciales.
- Existen nóminas completas de médicos policiales que elaboraron partidas de defunciones y firmaron certificados de nacimiento en cautiverio.
- Existe reconocimiento de las fuerzas de seguridad sobre el personal que intervino durante la dictadura. La mayoría de los integrantes siguió y continúa en actividad.
- Se demuestra la subordinación de las fuerzas de seguridad a las fuerzas armadas, especialmente, al ejército. Los oficiales y suboficiales de este arma ni siquiera resultaron imputados, cuando sobran las citas en decenas de testimonios.
- Existen documentos de los procedimientos clandestinos de parte de las fuerzas conjuntas como metodología utilizada y auspiciada por el Comando del II Cuerpo de Ejército.
- Existen listas de detenidos elaboradas por todas las fuerzas participantes en la represión.
- Existen fichas internas que reflejan la salud de los internados en las distintas unidades carcelarias.
- Establece números precisos sobre detenidos durante los dos primeros años de la dictadura en Rosario.
- Establece la segura presunción sobre 98 casos de chicos que fueron denunciados como robados durante el secuestro y posterior cautiverio de sus padres.
- Aparecen nombres de empresas, comercios, talleres para automóviles y compañías de seguro que sugieren el destino del denominado botín de guerra.
- El 28 de abril de 1983, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas inició el expediente 47.913, a raíz de la denuncia que presentaron Elba Ferraro de Bettanin y su nuera, María Inés de Bettanin, como consecuencia del operativo perpetrado el 2 de enero de 1977, contra la vivienda del ex diputado nacional peronista Guillermo Bettanin.
- 49 cuerpos resumen la causa Feced, a razón de 200 folios cada uno.
- 1800 detenidos desaparecidos, entre febrero de 1977 y marzo de 1979.
- 700 personas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.
- 3000 miembros de las fuerzas de seguridad y del ejército trabajaban en los "grupos de tarea" que asolaron Rosario.
- 703 expedientes de hábeas corpus rechazados entre 1976 y 1980 en los juzgados federales rosarinos.
- 5 comandantes pasaron por el II Cuerpo de Ejército con asiento en Rosario, todos ellos generales de División: Ramón Genaro Díaz Bessone; Leopoldo Fortunato Galtieri; Luciano Adolfo Jauregui; Carlos Ricardo Trimarco y Eduardo Espósito.
- 23 de Mayo de 1986, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario recibió la causa "Feced...", de parte del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Entre otras falencias, se detecta que "no aparecen, ni entre las medidas efectuadas ni entre las proyectadas, las de recepcionar declaración a quienes ejercían el comando y el sub comando del II Cuerpo de Ejército, pese a que reiteradamente se menciona en las declaraciones del personal policial que actuaba bajo control operacional de ese comando, siendo esta circunstancia el argumento que expresamente se utiliza en las resoluciones del Consejo Supremo para dejar en libertad a distintos imputados".
- 22 de Junio de 1987, se acuerda el desprocesamiento de los principales torturadores del Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía de Rosario, por efecto de la ley 23.521, de obediencia debida.
- 98 casos de menores con destino incierto fueron denunciados en los tribunales provinciales entre 1976 y 1983. La mayoría de los casos son nacidos en cautiverio.
- En Rosario, entre febrero de 1977 y marzo de 1979, hubo 1800 detenidos, según informó el 5 de junio de 1986, el entonces Teniente Coronel Enrique Hernán González Roulet --encargado del departamento Enlace y Registro del Comando Cuerpo Ejército II--, de los cuales 700 pasaron a depender del Poder Ejecutivo Nacional.
- Al mismo tiempo, se presentaron alrededor de 600 recursos de hábeas corpus, denuncias por apremios ilegales y sumarios por averiguaciones sobre desapariciones, en los tribunales federales de Rosario, la mayoría de ellos rechazados, entre 1976 y 1980.
- Hasta el año 1987 era posible reconstruir, el estado de salud de las parturientas detenidas en el Servicio de Informaciones, que daba a la ochava de San Lorenzo y Dorrego, con precisión de minutos, a través del llamado "memorandum" de la guardia de la Alcaidía Central.
- Hacia 1981, el entonces ministro del Interior, el entonces general de Brigada, Horacio Tomás Liendo, por medio de un documento catalogado como "reservado", ordenaba la "modificación de la forma de arresto" de decenas de detenidos rosarinos y santafesinos, pasándolos a la órbita del Poder Ejecutivo Nacional.
- Nadie, desde el ámbito oficial provincial, ha demostrado que parte de la documentación de aquellos tiempos, no siga existiendo, por lo que los familiares de las víctimas bien pueden exigir precisiones sobre los cuerpos de los detenidos.
- En mayo de 1987, la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Rosario remitió al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas unas ochenta carpetas que contenían las declaraciones originales de los familiares de los desaparecidos que fueron secuestrados y torturados en centros clandestinos de detención directamente manejados por el Ejército Argentino. Ese material nunca volvió a la Cámara. Desde el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas se contestó que esa documentación fue destruida.
- La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, en noviembre de 1988, elevó cargos contra Galtieri por 169 casos de privación ilegítima de libertad seguidas de torturas y 40 particulares damnificados. El general que compartía copas y otros vicios con el ex comandante de Gendarmería, Agustín Feced en “La Bambola”, en el corazón del barrio rosarino de Fisherton, no se presentó. Lo volvieron a citar para el 23 de agosto de 1989, juntamente al anterior titular del II Cuerpo de Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone, y tampoco fue. El 23 de noviembre de 1989, según consta en el cuerpo 49 de la causa federal 47.913, por decreto 1002 de ese año, “se indulta al teniente general Galtieri, al general de división Ramón Genaro Díaz Bessone y al coronel Carlos Ramírez”.
Se resolvió, entonces, “ordenar el archivo de estos autos”.
- Elida Luna presentó ante la justicia federal santafesina una denuncia contra los ex titulares del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone y Leopoldo Galtieri, por ser los responsables de la desaparición seguida de tortura y muerte de su anterior pareja, Daniel Gorosito. El 18 de enero de 1976 fue secuestrado en Rosario, Daniel Gorosito, militante del Ejército Revolucionario del Pueblo, por integrantes de un grupo de tareas en el área jurisdiccional del Comando del II Cuerpo de Ejército.
La unidad estaba bajo el mando del entonces general de brigada, Ramón Genaro Díaz Bessone, actual profesor del Colegio Militar de la Nación y ex presidente del Círculo Militar.
Gorosito fue remitido a los subsuelos de la Jefatura de Policía de Rosario, a las dependencias del Servicio de Informaciones, en la ochava de San Lorenzo y Dorrego. Luego de permanecer semanas enteras en medio de sesiones de torturas con la aplicación de picana y palizas permanentes, Gorosito fue fusilado y enterrado en algún lugar cercano a la ciudad. La historia está consignada en uno de los 270 expedientes que reunió la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas que funcionó en las oficinas del Centro Cultural “Bernardino Rivadavia”, entre abril y octubre de 1984. El caso, además, es uno de los 97 delitos imputados al comandante del segundo cuerpo de Ejército, con asiento en Rosario, entre aquel 8 de setiembre de 1975 y el 12 de octubre de 1976, general de Brigada, Ramón Genaro Díaz Bessone. El 23 de noviembre de 1989, por decreto 1002 de aquel año, el presidente de la Nación, Carlos Menem, indultaba al general de división Díaz Bessone.
Sin embargo, la lista de “menores NN derivados de procedimientos antisubverivos” que consta en el cuerpo 21 de la causa federal 47.913, abre la posibilidad de que Díaz Bessone sea juzgado por los delitos de lesa humanidad que le imputara la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.
- Durante el período en que Díaz Bessone fue comandante del Segundo Cuerpo de Ejército se produjeron 170 desapariciones, entre el 3 de setiembre de 1975 y el 12 de octubre de 1976. La Cámara Federal de Apelaciones, sin embargo -como queda dicho- le imputó solamente 97 delitos de lesa humanidad.
- En los días de Luciano Jáuregui, como Comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, se denunciaron 13 desapariciones, entre el 8 de febrero de 1979 y el 9 de diciembre de 1980.
- Juan Carlos Trimarco fue el responsable de 7 desapariciones entre el 9 de diciembre de 1980 y el 2 de julio de 1982, también como el titular del Comando con jurisdicción sobre las seis provincias del Litoral.
- En el Segundo Cuerpo de Ejército, los desprocesados por la ley del punto final fueron 100; por obediencia debida 92; por la Corte Suprema de Justicias, 7; y por diferentes motivos otros 7. El total suma 206 imputados de delitos de lesa humanidad que, según la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad y la resolución de Digerónimo, automáticamente deberían volver a estar en el proceso interrumpido.
Digerónimo comenzó a tomar declaraciones.
Jaime Dri, sobreviviente de la Quinta de Funes; Rafael Bielsa; Fernando Brarda; Miguel Bonasso; estuvieron en el juzgado federal.
Y también se sumó el reconocimiento de otros dos lugares de detención: “El Castillo” o “El Fortín” y “La Española”, en Funes.
Pero no hubo una automática convocatoria a indagatorias a los responsables que ya se habían identificado en los años ochenta.
Por eso Agustín, Fernando, Rafael, Carlos y tantos otros siguen tras las huellas de los fantasmas.
En agosto de 2003, una noticia conmovió a los organismos de derechos humanos del todo el país y debió haber tenido una rápida repercusión en la justicia federal santafesina.
El hacedor de la estructura represiva del Segundo Cuerpo de Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone, había confesado a la televisión francesa la metodología de las desapariciones.
El ex Comandante del Cuerpo II y ex ministro de Videla, “admitió que 7.000 personas fueron torturadas y ejecutadas bajo la dictadura militar. En un reportaje que se emitió el 1º de setiembre en la televisión francesa y en otros diez países explicó que no se animaron a fusilarlos por temor a la condena del Papa. La principal enseñanza de los instructores franceses en guerra contrarrevolucionaria fue la inteligencia, dijo”, le contó Horacio Verbitsky al país a través del diario “Página/12”.
“¿Cómo puede sacar información (a un detenido) si usted no lo aprieta, si usted no tortura?”, preguntó. Díaz Bessone descartó como “propaganda” la cifra de 30.000 detenidos-desaparecidos y dijo que no llegaban a 7000. Pero admitió que fueron asesinados en la clandestinidad, cosa que nunca había hecho antes en público ningún integrante de la cúpula castrense de entonces.
“¿Usted cree que hubiéramos podido fusilar 7000? Al fusilar tres nomás, mire el lío que el Papa le armó a Franco con tres. Se nos viene el mundo encima. Usted no puede fusilar 7000 personas”, sostuvo quien fuera varias veces presidente del Círculo Militar Argentino.
“¿Y si los metíamos en la cárcel, qué? Ya pasó acá. Venía un gobierno constitucional y los ponía en libertad. Porque esta es una guerra interna. No es el enemigo que quedó del otro lado de la frontera. Salían otra vez a tomar las armas, otra vez a matar”, agregó.
Al comparar la guerra sucia argentina con las guerras coloniales francesas que la inspiraron, Díaz Bessone afirma que entre ambas hubo “una gran diferencia: Argelia llegó a su independencia. Los que combatieron quedaron separados, unos en Argelia y otros en Francia. Con el tiempo es más fácil llegar a un acuerdo, a una amistad, a olvidar lo que pasó. Pero acá fue una guerra interna, con características de una guerra civil. Cuando se termina la guerra tenemos que convivir los antiguos enemigos. Y eso es muy difícil. Porque quedan heridas muy profundas, que seguimos viviendo en la Argentina”, apuntó quien fuera el organizador del aparato represivo del Segundo Cuerpo de Ejército desde setiembre de 1975 a octubre de 1976 cuando fue reemplazado por Leopoldo Galtieri.
“Si los revolucionarios subversivos guerrilleros hubieran ganado esa guerra hubieran implantado un dictador al estilo de Fidel Castro o de Guevara. Yo no creo que hubiera durado mucho. Una cosa es Cuba, una isla, que tuvo la protección soviética. Otra cosa es la Argentina, con más de 5000 km de frontera. Nuestro país hubiera sido objeto de invasiones para expulsar a ese gobierno que hubiera sido una amenaza para todos los vecinos. Con lo cual hubiéramos tenido, en tren de hipótesis, una terrible matanza en la región, con guerras locales. Todo eso se evitó al impedir la implantación de ese tipo de gobierno”, remarcó el general indultado por el ex presidente Carlos Menem por sus crímenes de lesa humanidad cometidos en su estancia en el litoral argentino.
“Sin un buen sistema de inteligencia es absolutamente imposible desarmar una organización revolucionaria, subversiva, guerrillera, porque ellos no llevan uniforme que los identifique. Al contrario, visten la ropa del paisano, del hombre común, del hombre de la calle. Están en todas partes. Atendiendo un comercio, asistiendo a clases en la universidad o en colegios, enseñando como profesores. Puede ser un abogado, un ingeniero, un médico, un trabajador, un obrero...Se va detectando las células. Toma prisionero a un subversivo. Ese hombre está inserto en una célula de 3 a 5 personas. Es necesario interrogarlo para detectar a otro. Una vez que se reconstruye a la célula, sólo uno de ellos está conectado con la otra célula. De ese modo se puede ir reconstruyendo el tejido, se va armando un cuadro en donde están los nombres de aquellos que pertenecen a una célula, luego la célula con la que están conectados y así sucesivamente hasta llegar a la cabeza, a la cúpula, a la jefatura”, explicó Díaz Bessone.
Agregó que “la única manera de acabar con una red terrorista es la inteligencia y los interrogatorios duros para sacarles información. Acá fue distinto, operó todo el Ejército sin excepciones. Todos los hombres en actividad actuaron en la guerra contra la subversión, desde que se empeñó a las Fuerzas Armadas, en febrero de 1975 hasta que terminó en 1978/9. Con mucha eficacia, en no más de tres años fue aniquilada la subversión”, añadió Díaz Bessone que todavía nunca declaró en Santa Fe.
Una de las formas de transmisión de las enseñanzas francesas fue la lectura de los libros de Jean Lartéguy, “Los Mercenarios, los Pretorianos y los Centuriones”, en cuyas páginas se describe sin eufemismos la tortura y asesinato de prisioneros. Los asesores franceses “recomendaron esos libros. Fue un complemento a esa experiencia, que nos hizo pensar cómo se desarrolló la guerra revolucionaria en Argelia, que después debimos enfrentar nosotros en la Argentina. El método de interrogatorio estaba explícito en los libros de Lartéguy. Les resultó el único posible para obtener información y desarmar el aparato de la guerrilla revolucionaria. Esta es una discusión terrible que va a subsistir a través de todos los tiempos, mientras exista una guerra revolucionaria y se tomen prisioneros”, justifica Díaz Bessone.
“Los derechos humanos son un progreso enorme en bien de la humanidad. Pero en la guerra se sale a matar. El primer derecho humano es respetar la vida del otro. En consecuencia la guerra debe abolirse. Si atendemos al mensaje cristiano, amaos los unos a los otros, la guerra debe desaparecer. Pero la guerra es una realidad, existe. Y hay que hacerla como dicen Clausewitz y los grandes pensadores franceses. Clausewitz aprendió de Napoleón. El dijo que aquel que no vacile en aplicar toda la fuerza necesaria para conseguir la victoria es el que tiene las mayores probabilidades de éxito”, analizó el organizador de la masacre llevada a cabo en seis provincias argentinas.
“En países que sufren en forma muy aguda la agresión terrorista, hasta la Corte Suprema de Justicia autorizó el uso de la tortura para obtener información como única manera de poder desarmar esa organización de atentados terroristas. Esto no sólo ocurre en Israel. Ha ocurrido en Argelia. Los alemanes, los rusos, todo el mundo lo aplicó. El gran fastidio que yo tengo es que los países grandes no investigan qué pasó por ejemplo en la guerra civil española. Se cometieron atrocidades. En la Segunda Guerra Mundial también. No hay ningún juez Garzón que pida la extradición o juzgarlos en su país a los responsables de violaciones a los derechos humanos. Pero a los pequeños países como el mío sí. Pongámonos de acuerdo. Si nos aplican los derechos humanos a nosotros en una forma absolutamente abusiva, aplicando incluso leyes con retroactividad, aplíquenlo en todo el mundo, en sus propios países. ¿Por qué esa acción persistente contra nuestros países, sobre todo contra la Argentina?”, desafió como si estuviera convencido que su impunidad será eterna.
“La gente que critica no lo va a entender nunca. Pero el error es humano cuando hay guerrilleros infiltrados en la población, hijos, amigos. Una amiga de la hija del jefe de la Policía Federal, le puso una bomba en la cama que voló el jefe de policía y quedó destruida esa familia. Y era una amiga. Se salió a perseguir, se encontraron los padres. Los padres de esa chica, ¿sabían, conocían? Mientras no se averiguó hubo que interrogar. No en vano se la llama guerra sucia”, se ufanó Díaz Bessone.
“Estoy con la libertad, por eso combatimos a los revolucionarios. Al derrotar a la subversión impedimos que se instalara un régimen totalitario. Por eso aparentemente hay mucha libertadde expresión, pero hay un grupo de gente, militar, que tenemos que tener mucho cuidado para hablar de las cosas que estamos hablando. Porque no falta quien busca la manera de hacer un juicio por apología del delito. Tenemos la palabra restringida. Del tema de la tortura no se puede hablar mucho por eso. Es terrible”, dijo el general que escaló posiciones en la interna del Proceso luego de reunir apoyos en la zona de Santa Fe.
Días después de estas declaraciones, el Ministro de Defensa del gobierno nacional, José Pampuro, admitió que existe la posibilidad de que los generales retirados Reynaldo Bignone y Genaro Díaz Bessone sean "dados de baja". Asimismo reconoció que en el Gobierno "cayó muy mal" la defensa de la represión
ilegal que hicieron estos militares a la televisión francesa.
Pampuro precisó que la Justicia Militar prevé sanciones también para los retirados y que pueden llegar al arresto, la baja o la destitución. Pese a que no hay decisión, una evaluación preliminar permitió a Pampuro arriesgar que a Bignone y a Díaz Bessone podría corresponderles la baja.
Marité Vidal, Fernando Brarda y Edgardo Pozzi fueron secuestrados en tiempos en que el titular del Segundo Cuerpo de Ejército era Ramón Genaro Díaz Bessone.
Todavía no prestó ninguna declaración sobre los 97 casos de crímenes de lesa humanidad que la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario le imputara a fines de los años ochenta.
La conclusión era que doscientos seis integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad que actuaron en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, deberían volver a prestar declaración sobre la violación a los derechos humanos durante el terrorismo de estado si es que la resolución de inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida, dictada por el juez federal Omar Digerónimo, supone la continuidad de los procesos suspendidos a fines de la década del ochenta.
A ellos habrá que agregar los nombres de aquellos represores que fueron apareciendo a medida que avanzaron los juicios por la verdad histórica a partir de la segunda mitad de los noventa.
Tres temas siguen pendientes: destino de los cuerpos de los desaparecidos, paradero de los chicos nacidos en cautiverio y beneficiarios y financistas de la maquinaria de la muerte en el litoral argentino.
El fallo de Digerónimo abre la posibilidad de exigirle a cada uno de los seis estados provinciales involucrados en la jurisdicción del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército una decidida producción de información y documentación que debería existir en cada una de las fuerzas de seguridad que operan en sus territorios.
A diecinueve años del robo a los Tribunales Provinciales de Rosario, el juez federal Omar Digerónimo resolvió la inconstitucionalidad de las leyes 23.492, de punto final, y 23.521, de obediencia debida.
Lo hizo al responder al pedido de Alicia Gutiérrez, Eduardo Toniolli y Cecilia Nazábal de Dussex que querellaron a los responsables del centro clandestino de detención que funcionó en la llamada Quinta de Funes, bajo la supervisión directa del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército.
“Puede decirse que los procedimientos clandestinos utilizados durante la dictadura militar pueden ser vistos como verdaderos juicios: se procedía a la identificación de personas, se las arrestaba, se las conducía a un lugar de detención, se las interrogaba generalmente con la imposición de tormentos, se evaluaban sus dichos, se confrontaban las declaraciones con las de otras personas en la misma situación, y finalmente se producía una decisión (sentencia) que podía constituir en la libertad de la persona, en su eliminación física o en la derivación a un centro de detención previsto por el sistema legalizado. Estos procedimientos ilegales se corresponden -en gran medida- con verdaderos juicios porque la lógica de producción de los procesos inquisitivos, de triste recuerdo en la historia de la humanidad. Todo argentino sabe hoy claramente que durante el período en que el último gobierno de facto se hizo cargo de todos los poderes públicos, se instaló en el país un sistema de represión clandestino en el que se produjeron una enorme cantidad de delitos que deben ser considerados crímenes contra la humanidad. Los hechos que tuvieron como víctimas a Eduardo José Toniolli y Fernando Dante Dussex fueron parte de este sistema ilegal de represión. La finalidad del dictado de estas leyes que aquí se cuestionan fue, según sus autores, alcanzar con éstas la pacificación social y obtener la reconciliación nacional. Y es sabido que fueron dictadas en un contexto de delicado equilibrio institucional, lo cual surge claramente del voto de la mayoría de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo dictado en el caso Camps”, sostuvo Digerónimo en un fragmento del cuarto considerando de su fallo.
No hay mayores menciones a los hechos sucedidos en la jurisdicción del Segundo Cuerpo de Ejército que los nombres de los dos militantes montoneros desaparecidos y vistos con vida en la Quinta de Funes.
“A lo largo del tiempo, se han conjugado y concatenado una serie de resoluciones legislativas, administrativas judiciales y políticas, tendientes a cerrar toda alternativa de investigación para conocer la verdad de los detenidos desaparecidos, tanto durante el proceso, como con los gobiernos elegidos por el pueblo. Es decir se ha intentado impedir y -en cierto modo se ha logrado hasta ahora- que estos crímenes a los cuales podemos definirlos como de lesa humanidad queden impunes. Los crímenes de lesa humanidad son aquellos que no solo atentan contra una o varias personas, sino contra la conciencia general de la humanidad”, agregó el juez federal que fuera cuestionado públicamente por el Ministro de Justicia de la Nación, Gustavo Béliz, al mencionarlo como relacionado a las irregularidades detectadas en el PAMI rosarino.
“Por otra parte, impunidad significa lisa y llanamente lo que aquí ha ocurrido, dejar sin juicio ni castigo a los culpables de tales crímenes. El derecho internacional ha establecido que estos crímenes no tengan beneficio de amnistía, ni prescripción, ni caducidad, ni indultos. Que los culpables sean extraditados y hasta juzgados en el país donde se encuentren, como asimismo, que no solo se enjuicie al autor directo del delito, sino también a los indirectos, cómplices, instigadores y encubridores”, avanza el escrito del magistrado.
En este punto habrá que avanzar sobre los beneficiarios de la represión en la zona del Litoral argentino. Y allí aparecerán los sectores empresariales que impulsaron la cacería humana en las grandes fábricas y los responsables de los medios electrónicos de comunicación de estas seis provincias argentinas que se encuadran dentro de la definición de “encubridores”.
Digerónimo sostiene que las leyes de punto final y obediencia debida “dejan sin castigo alguno la muerte de miles de ciudadanos argentinos y extranjeros en un período de tiempo cierto -desde 1976 a 1983- y sólo por este, y establece, en sus consecuencias, una especial categoría de personas que no tienen derecho a la protección del más sagrado de los bienes, la vida humana”.
Añadió que “ni una sola vida humana puede ser moneda de cambio para pacificar una sociedad, si esta es así, aquella no merece el mote de tal. Si estas leyes persisten en su operatividad en el derecho argentino, nuestra sociedad retrocedería a los albores de la historia de los tiempos en que se ofrendaban vidas para aplacar la ira de los dioses. Y tengo para mi que no merece tamaña ofensa nuestra sociedad”, apuntó.
Hay un párrafo que abre la posibilidad política de exigir un aporte que hasta ahora no realizaron las provincias en las que se desató la carnicería ordenada desde el Comando del Segundo Cuerpo de Ejército.
“El Estado debe identificar todas las fuentes posibles de información sobre estos hechos y luego, como primer paso, poner a disposición de los familiares de las víctimas, la información que obra en expedientes, archivos oficiales o dossier que contengan, por ejemplo, listado de víctimas o agentes del Estado que hayan participado en estos hechos y que permitan su pleno esclarecimiento” y “el Estado está obligado a desarrollar una tarea de investigación y corroboración de los hechos, estén o no consignados en documentos oficiales, con el fin de esclarecer los hechos, establecer la verdad de lo ocurrido e informar a los familiares y a la opinión pública en general. Se trata de una obligación afirmativa y activa enderezada a obtener y procesar información que permita un amplio conocimiento de los hechos que no están hoy debidamente documentados. A pesar de que las desapariciones ocurrieron con anterioridad a la ratificación de la Convención por parte de la Argentina, estas obligaciones son exigibles al Estado, ya que en el caso de las desapariciones forzadas nos encontramos frente a una violación de ejecución continuada”, dice la resolución.
Aunque la referencia hace alusión al estado nacional, la lógica filosófica extiende la responsabilidad de generar información a los estados provinciales.
Hasta el día de la fecha se desconocen los archivos de los servicios de inteligencia de las policías de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco. Como tampoco se han exigido los documentos que poseen las otras fuerzas nacionales que actuaron y actúan en estas tierras como Gendarmería, Prefectura y las tres armas.
“Sólo será posible desarrollar una conciencia social en contra de abusos de esta gravedad si se permite el máximo grado de información pública sobre los hechos y su clara condena por el Estado”, advierte Digerónimo.
Una pregunta al pasar: cuando se produjeron las leyes de impunidad y más tarde, cuando se conocieron sus efectos, la libertad de tantos genocidas, ¿cuál fue la actitud de Digerónimo?.
El fallo termina diciendo que “se vislumbra con meridiana claridad la incompatibilidad existente entre las normas cuestionadas con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en tanto las mismas impiden dar cumplimientos al deber de garantizar a todos los individuos en su territorio y bajo su jurisdicción el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en el pacto en sus artículos 2, 3 y 9; en razón de lo cual corresponde declarar inválidas las leyes 23.492 y 23.521 en virtud de lo estipulado por el Pacto en cuestión”.
Esta resolución se enmarcó en la denuncia de los familiares de Toniolli y Dussex, en la denominada Causa Feced, la 47.913, iniciada en abril de 1983 por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y que recién fue tomada por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario en 1986.
De allí que sea necesario repasar algunos aspectos de aquel expediente que fuera cerrado no por las leyes de impunidad ni por los indultos, sino por la invención de la muerte del mayor productor de muertes de la región, el ex comandante de gendarmería, dos veces jefe de policía de Rosario y tentado para manejar la Triple A, Agustín Feced.
Los casi 11 mil folios de la causa Feced contienen precisiones sobre las cuales habrá que volver para no repetir caminos ya recorridos y buscar ausencias informativas todavía pesadas.
- Cada detención era informada por escrito.
- Se producían tres informes, antes y después de las detenciones.
- Hasta 1987, la policía seguía ofreciendo precisiones sobre los procedimientos realizados desde 1976 en adelante.
- Tanto el ejército, como gendarmería y prefectura tenían documentación que, bajo el rótulo de secreto, describían organigramas y fundamentos de las operaciones "antinsurgentes".
- Hay registros de NN en el cementerio La Piedad.
- Existirían los libros de memorandum de las guardias de la alcaidía que reflejan la existencia de los detenidos.
- Existen libros de guardias en los hospitales y en la Maternidad que refieren a la atención de los pacientes que traían las fuerzas de seguridad.
- Existen fichas elaboradas por el Comando del II Cuerpo de Ejército sobre cada uno de los detenidos.
- Existen registros de defunciones por muerte violenta.
- Existen 703 documentos de hábeas corpus presentados en los tribunales federales y provinciales.
- Existen nóminas completas de médicos policiales que elaboraron partidas de defunciones y firmaron certificados de nacimiento en cautiverio.
- Existe reconocimiento de las fuerzas de seguridad sobre el personal que intervino durante la dictadura. La mayoría de los integrantes siguió y continúa en actividad.
- Se demuestra la subordinación de las fuerzas de seguridad a las fuerzas armadas, especialmente, al ejército. Los oficiales y suboficiales de este arma ni siquiera resultaron imputados, cuando sobran las citas en decenas de testimonios.
- Existen documentos de los procedimientos clandestinos de parte de las fuerzas conjuntas como metodología utilizada y auspiciada por el Comando del II Cuerpo de Ejército.
- Existen listas de detenidos elaboradas por todas las fuerzas participantes en la represión.
- Existen fichas internas que reflejan la salud de los internados en las distintas unidades carcelarias.
- Establece números precisos sobre detenidos durante los dos primeros años de la dictadura en Rosario.
- Establece la segura presunción sobre 98 casos de chicos que fueron denunciados como robados durante el secuestro y posterior cautiverio de sus padres.
- Aparecen nombres de empresas, comercios, talleres para automóviles y compañías de seguro que sugieren el destino del denominado botín de guerra.
- El 28 de abril de 1983, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas inició el expediente 47.913, a raíz de la denuncia que presentaron Elba Ferraro de Bettanin y su nuera, María Inés de Bettanin, como consecuencia del operativo perpetrado el 2 de enero de 1977, contra la vivienda del ex diputado nacional peronista Guillermo Bettanin.
- 49 cuerpos resumen la causa Feced, a razón de 200 folios cada uno.
- 1800 detenidos desaparecidos, entre febrero de 1977 y marzo de 1979.
- 700 personas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.
- 3000 miembros de las fuerzas de seguridad y del ejército trabajaban en los "grupos de tarea" que asolaron Rosario.
- 703 expedientes de hábeas corpus rechazados entre 1976 y 1980 en los juzgados federales rosarinos.
- 5 comandantes pasaron por el II Cuerpo de Ejército con asiento en Rosario, todos ellos generales de División: Ramón Genaro Díaz Bessone; Leopoldo Fortunato Galtieri; Luciano Adolfo Jauregui; Carlos Ricardo Trimarco y Eduardo Espósito.
- 23 de Mayo de 1986, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario recibió la causa "Feced...", de parte del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Entre otras falencias, se detecta que "no aparecen, ni entre las medidas efectuadas ni entre las proyectadas, las de recepcionar declaración a quienes ejercían el comando y el sub comando del II Cuerpo de Ejército, pese a que reiteradamente se menciona en las declaraciones del personal policial que actuaba bajo control operacional de ese comando, siendo esta circunstancia el argumento que expresamente se utiliza en las resoluciones del Consejo Supremo para dejar en libertad a distintos imputados".
- 22 de Junio de 1987, se acuerda el desprocesamiento de los principales torturadores del Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía de Rosario, por efecto de la ley 23.521, de obediencia debida.
- 98 casos de menores con destino incierto fueron denunciados en los tribunales provinciales entre 1976 y 1983. La mayoría de los casos son nacidos en cautiverio.
- En Rosario, entre febrero de 1977 y marzo de 1979, hubo 1800 detenidos, según informó el 5 de junio de 1986, el entonces Teniente Coronel Enrique Hernán González Roulet --encargado del departamento Enlace y Registro del Comando Cuerpo Ejército II--, de los cuales 700 pasaron a depender del Poder Ejecutivo Nacional.
- Al mismo tiempo, se presentaron alrededor de 600 recursos de hábeas corpus, denuncias por apremios ilegales y sumarios por averiguaciones sobre desapariciones, en los tribunales federales de Rosario, la mayoría de ellos rechazados, entre 1976 y 1980.
- Hasta el año 1987 era posible reconstruir, el estado de salud de las parturientas detenidas en el Servicio de Informaciones, que daba a la ochava de San Lorenzo y Dorrego, con precisión de minutos, a través del llamado "memorandum" de la guardia de la Alcaidía Central.
- Hacia 1981, el entonces ministro del Interior, el entonces general de Brigada, Horacio Tomás Liendo, por medio de un documento catalogado como "reservado", ordenaba la "modificación de la forma de arresto" de decenas de detenidos rosarinos y santafesinos, pasándolos a la órbita del Poder Ejecutivo Nacional.
- Nadie, desde el ámbito oficial provincial, ha demostrado que parte de la documentación de aquellos tiempos, no siga existiendo, por lo que los familiares de las víctimas bien pueden exigir precisiones sobre los cuerpos de los detenidos.
- En mayo de 1987, la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Rosario remitió al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas unas ochenta carpetas que contenían las declaraciones originales de los familiares de los desaparecidos que fueron secuestrados y torturados en centros clandestinos de detención directamente manejados por el Ejército Argentino. Ese material nunca volvió a la Cámara. Desde el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas se contestó que esa documentación fue destruida.
- La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, en noviembre de 1988, elevó cargos contra Galtieri por 169 casos de privación ilegítima de libertad seguidas de torturas y 40 particulares damnificados. El general que compartía copas y otros vicios con el ex comandante de Gendarmería, Agustín Feced en “La Bambola”, en el corazón del barrio rosarino de Fisherton, no se presentó. Lo volvieron a citar para el 23 de agosto de 1989, juntamente al anterior titular del II Cuerpo de Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone, y tampoco fue. El 23 de noviembre de 1989, según consta en el cuerpo 49 de la causa federal 47.913, por decreto 1002 de ese año, “se indulta al teniente general Galtieri, al general de división Ramón Genaro Díaz Bessone y al coronel Carlos Ramírez”.
Se resolvió, entonces, “ordenar el archivo de estos autos”.
- Elida Luna presentó ante la justicia federal santafesina una denuncia contra los ex titulares del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone y Leopoldo Galtieri, por ser los responsables de la desaparición seguida de tortura y muerte de su anterior pareja, Daniel Gorosito. El 18 de enero de 1976 fue secuestrado en Rosario, Daniel Gorosito, militante del Ejército Revolucionario del Pueblo, por integrantes de un grupo de tareas en el área jurisdiccional del Comando del II Cuerpo de Ejército.
La unidad estaba bajo el mando del entonces general de brigada, Ramón Genaro Díaz Bessone, actual profesor del Colegio Militar de la Nación y ex presidente del Círculo Militar.
Gorosito fue remitido a los subsuelos de la Jefatura de Policía de Rosario, a las dependencias del Servicio de Informaciones, en la ochava de San Lorenzo y Dorrego. Luego de permanecer semanas enteras en medio de sesiones de torturas con la aplicación de picana y palizas permanentes, Gorosito fue fusilado y enterrado en algún lugar cercano a la ciudad. La historia está consignada en uno de los 270 expedientes que reunió la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas que funcionó en las oficinas del Centro Cultural “Bernardino Rivadavia”, entre abril y octubre de 1984. El caso, además, es uno de los 97 delitos imputados al comandante del segundo cuerpo de Ejército, con asiento en Rosario, entre aquel 8 de setiembre de 1975 y el 12 de octubre de 1976, general de Brigada, Ramón Genaro Díaz Bessone. El 23 de noviembre de 1989, por decreto 1002 de aquel año, el presidente de la Nación, Carlos Menem, indultaba al general de división Díaz Bessone.
Sin embargo, la lista de “menores NN derivados de procedimientos antisubverivos” que consta en el cuerpo 21 de la causa federal 47.913, abre la posibilidad de que Díaz Bessone sea juzgado por los delitos de lesa humanidad que le imputara la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.
- Durante el período en que Díaz Bessone fue comandante del Segundo Cuerpo de Ejército se produjeron 170 desapariciones, entre el 3 de setiembre de 1975 y el 12 de octubre de 1976. La Cámara Federal de Apelaciones, sin embargo -como queda dicho- le imputó solamente 97 delitos de lesa humanidad.
- En los días de Luciano Jáuregui, como Comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, se denunciaron 13 desapariciones, entre el 8 de febrero de 1979 y el 9 de diciembre de 1980.
- Juan Carlos Trimarco fue el responsable de 7 desapariciones entre el 9 de diciembre de 1980 y el 2 de julio de 1982, también como el titular del Comando con jurisdicción sobre las seis provincias del Litoral.
- En el Segundo Cuerpo de Ejército, los desprocesados por la ley del punto final fueron 100; por obediencia debida 92; por la Corte Suprema de Justicias, 7; y por diferentes motivos otros 7. El total suma 206 imputados de delitos de lesa humanidad que, según la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad y la resolución de Digerónimo, automáticamente deberían volver a estar en el proceso interrumpido.
Digerónimo comenzó a tomar declaraciones.
Jaime Dri, sobreviviente de la Quinta de Funes; Rafael Bielsa; Fernando Brarda; Miguel Bonasso; estuvieron en el juzgado federal.
Y también se sumó el reconocimiento de otros dos lugares de detención: “El Castillo” o “El Fortín” y “La Española”, en Funes.
Pero no hubo una automática convocatoria a indagatorias a los responsables que ya se habían identificado en los años ochenta.
Por eso Agustín, Fernando, Rafael, Carlos y tantos otros siguen tras las huellas de los fantasmas.
En agosto de 2003, una noticia conmovió a los organismos de derechos humanos del todo el país y debió haber tenido una rápida repercusión en la justicia federal santafesina.
El hacedor de la estructura represiva del Segundo Cuerpo de Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone, había confesado a la televisión francesa la metodología de las desapariciones.
El ex Comandante del Cuerpo II y ex ministro de Videla, “admitió que 7.000 personas fueron torturadas y ejecutadas bajo la dictadura militar. En un reportaje que se emitió el 1º de setiembre en la televisión francesa y en otros diez países explicó que no se animaron a fusilarlos por temor a la condena del Papa. La principal enseñanza de los instructores franceses en guerra contrarrevolucionaria fue la inteligencia, dijo”, le contó Horacio Verbitsky al país a través del diario “Página/12”.
“¿Cómo puede sacar información (a un detenido) si usted no lo aprieta, si usted no tortura?”, preguntó. Díaz Bessone descartó como “propaganda” la cifra de 30.000 detenidos-desaparecidos y dijo que no llegaban a 7000. Pero admitió que fueron asesinados en la clandestinidad, cosa que nunca había hecho antes en público ningún integrante de la cúpula castrense de entonces.
“¿Usted cree que hubiéramos podido fusilar 7000? Al fusilar tres nomás, mire el lío que el Papa le armó a Franco con tres. Se nos viene el mundo encima. Usted no puede fusilar 7000 personas”, sostuvo quien fuera varias veces presidente del Círculo Militar Argentino.
“¿Y si los metíamos en la cárcel, qué? Ya pasó acá. Venía un gobierno constitucional y los ponía en libertad. Porque esta es una guerra interna. No es el enemigo que quedó del otro lado de la frontera. Salían otra vez a tomar las armas, otra vez a matar”, agregó.
Al comparar la guerra sucia argentina con las guerras coloniales francesas que la inspiraron, Díaz Bessone afirma que entre ambas hubo “una gran diferencia: Argelia llegó a su independencia. Los que combatieron quedaron separados, unos en Argelia y otros en Francia. Con el tiempo es más fácil llegar a un acuerdo, a una amistad, a olvidar lo que pasó. Pero acá fue una guerra interna, con características de una guerra civil. Cuando se termina la guerra tenemos que convivir los antiguos enemigos. Y eso es muy difícil. Porque quedan heridas muy profundas, que seguimos viviendo en la Argentina”, apuntó quien fuera el organizador del aparato represivo del Segundo Cuerpo de Ejército desde setiembre de 1975 a octubre de 1976 cuando fue reemplazado por Leopoldo Galtieri.
“Si los revolucionarios subversivos guerrilleros hubieran ganado esa guerra hubieran implantado un dictador al estilo de Fidel Castro o de Guevara. Yo no creo que hubiera durado mucho. Una cosa es Cuba, una isla, que tuvo la protección soviética. Otra cosa es la Argentina, con más de 5000 km de frontera. Nuestro país hubiera sido objeto de invasiones para expulsar a ese gobierno que hubiera sido una amenaza para todos los vecinos. Con lo cual hubiéramos tenido, en tren de hipótesis, una terrible matanza en la región, con guerras locales. Todo eso se evitó al impedir la implantación de ese tipo de gobierno”, remarcó el general indultado por el ex presidente Carlos Menem por sus crímenes de lesa humanidad cometidos en su estancia en el litoral argentino.
“Sin un buen sistema de inteligencia es absolutamente imposible desarmar una organización revolucionaria, subversiva, guerrillera, porque ellos no llevan uniforme que los identifique. Al contrario, visten la ropa del paisano, del hombre común, del hombre de la calle. Están en todas partes. Atendiendo un comercio, asistiendo a clases en la universidad o en colegios, enseñando como profesores. Puede ser un abogado, un ingeniero, un médico, un trabajador, un obrero...Se va detectando las células. Toma prisionero a un subversivo. Ese hombre está inserto en una célula de 3 a 5 personas. Es necesario interrogarlo para detectar a otro. Una vez que se reconstruye a la célula, sólo uno de ellos está conectado con la otra célula. De ese modo se puede ir reconstruyendo el tejido, se va armando un cuadro en donde están los nombres de aquellos que pertenecen a una célula, luego la célula con la que están conectados y así sucesivamente hasta llegar a la cabeza, a la cúpula, a la jefatura”, explicó Díaz Bessone.
Agregó que “la única manera de acabar con una red terrorista es la inteligencia y los interrogatorios duros para sacarles información. Acá fue distinto, operó todo el Ejército sin excepciones. Todos los hombres en actividad actuaron en la guerra contra la subversión, desde que se empeñó a las Fuerzas Armadas, en febrero de 1975 hasta que terminó en 1978/9. Con mucha eficacia, en no más de tres años fue aniquilada la subversión”, añadió Díaz Bessone que todavía nunca declaró en Santa Fe.
Una de las formas de transmisión de las enseñanzas francesas fue la lectura de los libros de Jean Lartéguy, “Los Mercenarios, los Pretorianos y los Centuriones”, en cuyas páginas se describe sin eufemismos la tortura y asesinato de prisioneros. Los asesores franceses “recomendaron esos libros. Fue un complemento a esa experiencia, que nos hizo pensar cómo se desarrolló la guerra revolucionaria en Argelia, que después debimos enfrentar nosotros en la Argentina. El método de interrogatorio estaba explícito en los libros de Lartéguy. Les resultó el único posible para obtener información y desarmar el aparato de la guerrilla revolucionaria. Esta es una discusión terrible que va a subsistir a través de todos los tiempos, mientras exista una guerra revolucionaria y se tomen prisioneros”, justifica Díaz Bessone.
“Los derechos humanos son un progreso enorme en bien de la humanidad. Pero en la guerra se sale a matar. El primer derecho humano es respetar la vida del otro. En consecuencia la guerra debe abolirse. Si atendemos al mensaje cristiano, amaos los unos a los otros, la guerra debe desaparecer. Pero la guerra es una realidad, existe. Y hay que hacerla como dicen Clausewitz y los grandes pensadores franceses. Clausewitz aprendió de Napoleón. El dijo que aquel que no vacile en aplicar toda la fuerza necesaria para conseguir la victoria es el que tiene las mayores probabilidades de éxito”, analizó el organizador de la masacre llevada a cabo en seis provincias argentinas.
“En países que sufren en forma muy aguda la agresión terrorista, hasta la Corte Suprema de Justicia autorizó el uso de la tortura para obtener información como única manera de poder desarmar esa organización de atentados terroristas. Esto no sólo ocurre en Israel. Ha ocurrido en Argelia. Los alemanes, los rusos, todo el mundo lo aplicó. El gran fastidio que yo tengo es que los países grandes no investigan qué pasó por ejemplo en la guerra civil española. Se cometieron atrocidades. En la Segunda Guerra Mundial también. No hay ningún juez Garzón que pida la extradición o juzgarlos en su país a los responsables de violaciones a los derechos humanos. Pero a los pequeños países como el mío sí. Pongámonos de acuerdo. Si nos aplican los derechos humanos a nosotros en una forma absolutamente abusiva, aplicando incluso leyes con retroactividad, aplíquenlo en todo el mundo, en sus propios países. ¿Por qué esa acción persistente contra nuestros países, sobre todo contra la Argentina?”, desafió como si estuviera convencido que su impunidad será eterna.
“La gente que critica no lo va a entender nunca. Pero el error es humano cuando hay guerrilleros infiltrados en la población, hijos, amigos. Una amiga de la hija del jefe de la Policía Federal, le puso una bomba en la cama que voló el jefe de policía y quedó destruida esa familia. Y era una amiga. Se salió a perseguir, se encontraron los padres. Los padres de esa chica, ¿sabían, conocían? Mientras no se averiguó hubo que interrogar. No en vano se la llama guerra sucia”, se ufanó Díaz Bessone.
“Estoy con la libertad, por eso combatimos a los revolucionarios. Al derrotar a la subversión impedimos que se instalara un régimen totalitario. Por eso aparentemente hay mucha libertadde expresión, pero hay un grupo de gente, militar, que tenemos que tener mucho cuidado para hablar de las cosas que estamos hablando. Porque no falta quien busca la manera de hacer un juicio por apología del delito. Tenemos la palabra restringida. Del tema de la tortura no se puede hablar mucho por eso. Es terrible”, dijo el general que escaló posiciones en la interna del Proceso luego de reunir apoyos en la zona de Santa Fe.
Días después de estas declaraciones, el Ministro de Defensa del gobierno nacional, José Pampuro, admitió que existe la posibilidad de que los generales retirados Reynaldo Bignone y Genaro Díaz Bessone sean "dados de baja". Asimismo reconoció que en el Gobierno "cayó muy mal" la defensa de la represión
ilegal que hicieron estos militares a la televisión francesa.
Pampuro precisó que la Justicia Militar prevé sanciones también para los retirados y que pueden llegar al arresto, la baja o la destitución. Pese a que no hay decisión, una evaluación preliminar permitió a Pampuro arriesgar que a Bignone y a Díaz Bessone podría corresponderles la baja.
Marité Vidal, Fernando Brarda y Edgardo Pozzi fueron secuestrados en tiempos en que el titular del Segundo Cuerpo de Ejército era Ramón Genaro Díaz Bessone.
Todavía no prestó ninguna declaración sobre los 97 casos de crímenes de lesa humanidad que la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario le imputara a fines de los años ochenta.
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