Por extorsiones y juego clandestino, imputaron a ex jefe policial y a integrante de Los Monos

Fueron acusados este viernes junto a otras tres personas. Todos integraban una banda que extorsionaba a comerciantes legales y emprendedores ilegales

Un ex jefe policial y un integrante de la banda “Los Monos”, acusado como instigador del crimen del casino de Rosario, fueron imputados hoy junto a otras tres personas por una serie de extorsiones que permitió descubrir una red de juego clandestino, y que a la vez contaba con complicidad de un miembro del Ministerio Público de Acusación (MPA).

La investigación de la Agencia de Criminalidad Organizada del MPA sobre una banda acusada de extorsionar a comerciantes legales y emprendedores ilegales dejó al descubierto la existencia de una red de salas de juego clandestinas, en la que está involucrado el ex jefe policial Alejandro Torrisi.

Fuentes de la investigación informaron a Télam que Torrisi, que estuvo al frente de una Unidad Regional de la Policía y está retirado, fue detenido el lunes con un sobre que contenía 150.000 pesos durante el allanamiento a un garito en la localidad de Villa Gobernador Gálvez.

Los investigadores creen que participaba de una red de unas 30 salas de juego ilegales, que proliferaron desde el cierre del casino “City Center” por la pandemia de coronavirus.

Los fiscales del caso llegaron al comisario mayor retirado a partir del teléfono de Maximiliano “Cachete” Díaz, imputado con prisión preventiva como organizador de una balacera al casino de Rosario que derivó en la muerte de Enrique Encino (64) que había salido a fumar a un balcón de la sala de juegos.

Díaz también está acusado de extorsionar mediante balaceras a miembros del Sindicato de Peones de Taxi de Rosario a nombre de quien sería su jefe, el líder de “Los Monos”, Ariel Máximo “Guille” Cantero, y está detenido desde diciembre pasado.

De acuerdo con la investigación, Díaz extorsionaba a comerciantes legales e ilegales (como los dueños de las salas clandestinas de juego) a quienes cobraba por seguridad de sí mismo.

Quienes no pagaban la cuota mensual exigida eran baleados o intimidados, dijeron los investigadores, y contaron que el propietario de un comercio dejó el país ante las amenazas de la banda.

También el titular de una financiera del centro de Rosario fue extorsionado por la organización criminal, agregaron los voceros.

Otra de las imputadas como parte de la banda, fue identificada como Flavia Broina, pareja de “Cachete” Díaz.

De acuerdo con la evidencia reunida por los fiscales, la mujer era la encargada de cobrar las cuotas mensuales de “seguridad” exigidas por su pareja.

También fue imputado hoy como miembro de la asociación ilícita Otniel Almonte De León, un dominicano de 32 años que está detenido desde marzo pasado como presunto coautor del crimen de un policía vinculado a la venta de drogas, Cristian Ibarra, ocurrido en julio de 2019.

Por ese homicidio fue condenado en un acuerdo abreviado Ariel Máximo Cantero, alias “Chanchón”, hijo de un segundo matrimonio del “Viejo” Ariel Cantero, primer jefe de “Los Monos” y condenado por asociación ilícita en 2018.

Voceros del caso indicaron que en la causa hay cinco prófugos, entre ellos Mariano Ruiz, condenado en un juicio abreviado como “lavador” del dinero ilegal de “Los Monos”, y un hombre llamado Leonardo Andrés Peiti con antecedentes por juego ilegal.

Además, durante la audiencia se reveló que Peiti recibió un mensaje de un funcionario del MPA ante un pedido de información sobre un detenido vinculado a “Cachete” Díaz, quien buscaba liberarlo.

Si bien aún no está identificado, el fiscal Regional de Rosario, Patricio Serjal, dijo que “la ayuda a una banda desde una Fiscalía es de una gravedad enorme”.

 

Descubren que banda ligada a Los Monos recibía ayuda desde una fiscalía

Se ventiló en una audiencia con acusados de extorsión y ligados a casinos ilegales en el Gran Rosario. Un ex jefe de unidad regional está entre los imputados.

Una vez más en una investigación penal aparecieron indicios elocuentes de que un grupo delictivo recibe colaboración desde adentro de una Fiscalía. Nada más que ahora las sospechas no se dirigen a policías sino a personal civil del mismo Ministerio Público de la Acusación (MPA). Así se expuso ayer en la audiencia pública en la que se ventiló una trama de extorsiones que llevó a descubrir una red de casinos clandestinos en el Gran Rosario y en la que fueron acusadas cinco personas, entre ellas un oficial retirado de la policía y un hombre que está preso por instigar el atentado cometido en enero pasado contra el Casino City Center donde un apostador resultó asesinado.

La jueza Valeria Pedrana, quien resolverá si acepta el pedido de prisión preventiva hecho por los fiscales, mencionó entre los imputados a cinco hombres con orden de captura por no haber sido localizados. El más conocido es Mariano Ruiz, quien fue condenado como integrante de la banda de Los Monos tras ser investigado por su rol de financista y encargado de la logística de ese grupo. Ayer se señaló que participaba de las extorsiones realizadas por el grupo imputado y que consistían en interceptar a empresarios, comerciantes o personas con problemas legales y prometerles represalias a balazos si no les entregaban importantes sumas de dinero. Según la evidencia aportada en audios o textos de celulares, las denuncias de víctimas o dichos de testigos, eso se hacía en nombre de Ariel Máximo "Guille" Cantero, el líder de Los Monos que ya carga sobre su espalda con seis condenas.

En esta investigación hubo varios acusados de llamativo perfil. Uno es el comisario mayor retirado Alejandro Torrisi, ex jefe de la Unidad Regional VI de Villa Constitución y con larga trayectoria en el área de Investigaciones de Rosario. El ex policía fue detenido el lunes al salir de un casino clandestino de Villa Gobernador Gálvez con 150 mil pesos en efectivo en un sobre. Otro acusado es Maximiliano "Cachete" Díaz, acusado de participar de extorsiones al Sindicato de Peones de Taxis que incluyeron ataques a balazos, y de ser organizador de la balacera de hace seis meses al casino de Rosario, donde murió alcanzado por un balazo el gerente bancario Enrique Encino. Por estos hechos "Cachete" está con prisión preventiva por dos años desde el 15 de enero.

La pista del casino
La notable revelación sobre la complicidad presunta entre personal del MPA y personas de este grupo delictivo surgió precisamente tras el atentado al Casino. Dos días antes de este hecho, el 9 de enero, dos individuos fueron detenidos con armas en un operativo de Gendarmería Nacional. A partir de la apertura de un teléfono de "Cachete" Díaz, que había sido destruido a propósito, los investigadores supieron que el acusado le pidió a una persona que moviera contactos para lograr la liberación de estos dos hombres.

El que recibió ese pedido debía estar sentado en la audiencia pero no fue hallado. Es Leonardo Andrés Peiti, un hombre de 46 años con reiteradas causas por controlar empresas de juego ilegal y buscado el miércoles sin éxito en varios allanamientos.

Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery dijeron que Peiti recibió el pedido de "Cachete". Primero se contactó con un policía (sería Torrisi) quien le dijo que no podía hacer nada porque el operativo era de Gendarmería y ya estaba judicializado. Frente a eso, según los fiscales, Peiti se comunicó con alguien en el Centro de Justicia Penal.

El llamado fue a una persona que trabaja en una Fiscalía y le pasó el nombre del que había quedado detenido, Hernán Horacio Quinteros, para que intercediera en su favor. Desde adentro de la Fiscalía, el consultado respondió con información fina: dijo que Quintero se había comido un encubrimiento por circular en un auto robado al ser detenido y que tenía un arma calibre 9 milímetros por lo que le imputaron portación de arma de guerra. También agregó algo significativo como para señalar que poco se podía hacer para beneficiar al detenido. "No tengo la causa yo". No obstante dejó ver que haría una última gestión intercalando "un comentario". Agregó por último que al no tener antecedentes al imputado en un mes podrían darle la libertad (ver aparte).

Peiti recibió el mensaje de su contacto dentro de la Fiscalía y se lo reenvió a "Cachete" Díaz para que le quedara claro no sólo que había efectuado la consulta, sino que se la habían respondido.

Hace dos años estos mismos fiscales descubrieron en otra causa, mientras investigaban al narco Esteban Lindor Alvarado, que tres policías que se desempeñaban con ellos en la misma oficina estaban colaborando con Alvarado para desviar la investigación en su contra o ayudarlo con datos. Lo de ahora tiene de parecido el caso es que también un grupo delictivo busca ayuda en una Fiscalía. Pero la diferencia es que la contribución esta vez parece provenir de personal civil del MPA. Una primera forma de delimitar el campo de mirada consistirá en establecer quién trabajó en el mes de enero, que es un mes en el que la mayoría del personal está desafectado por la feria.

La estructura
Lo que se desnudó en la audiencia imputativa de ayer es la existencia de una compleja estructura dedicada a extorsiones de parte de una organización criminal que hostiga a emprendedores económicos que operan al filo de la ley y que por esa razón quedan imposibilitados de denunciar los aprietes. Pero también a personas con negocios lícitos como el dueño de una financiera y el de un bar. La actividad de los chantajistas llevó a descubrir una treintena de casinos clandestinos en la zona de Rosario y su área metropolitana, cuyos responsables pagan de manera regular para evitar represalias.

Uno de los responsables de los locales de juego es Leo Peiti, a quien anoche efectivos del Organismo de Investigaciones (OI) buscaron al allanar una vivienda en Morrison al 8000. Su abogado dijo minutos después a este diario que su cliente está en la provincia de Buenos Aires y que el lunes se pondrá a disposición de la Justicia.

En conexión con Peiti está, según la acusación, el comisario retirado Torrisi detenido el lunes cuando salía con 150 mil pesos de un casino ilegal de Espora 229, en Villa Gobernador Gálvez. Allí había nueve computadoras con un software de juegos de azar a cambio de dinero. Según lo obtenido del celular de "Cachete" Díaz, a Torrisi le reportaban las ganancias de los casinos.

En ese sentido, hay conversaciones en las que le piden al ex comisario autorización para abrir lo que sería una casa de juego de azar. Y otras en las que surge que Torrisi se encargaría de cobrar el dinero de diferentes casas de juego.

En la audiencia también fue acusado Otniel Almonte De León, un ciudadano dominicano de 32 años que ya está preso como coautor del asesinato del policía Cristian Ezequiel Ibarra, muerto a balazos en su auto en julio de 2019 en el marco de una disputa por drogas.

También imputaron a Flavia Broin, pareja de "Cachete" Díaz, a quien le atribuyeron ser encargada de cobrar el dinero producto de la extorsiones.

Los fiscales señalaron que al investigar las tramas extorsivas, en la que está inserto el atentado al Casino City Center, aparece orquestando acciones Ariel Máximo "Guille" Cantero. Esto ya se expuso en enero pasado durante la audiencia del ataque a la sala de juegos de zona sur que le costó la vida a Enrique Encino.

El último de los imputados ayer es José Sebastián Perlo, a quien le atribuyen los delitos de asociación ilícita, extorsión y violación de leyes de juego.

Los negocios y los aprietes

Los fiscales consignaron que en abril de 2019 una persona no identicada se presentó en un bar de San Martín al 1600 y le dijo a su dueño, J.P., que era de la banda de Los Monos. Le indicó que si querían seguir funcionando tenían que pagarles, que ya habían tiroteado otro bar y que si no recibían dinero pasaría algo peor. A partir de allí se hicieron encuentros del comerciante con "Cachete" Díaz, su hermano Brian (prófugo) y José Perlo.

"Esas reuniones se hacían en un bar de Pellegrini 1657 llamado «Mansa» propiedad de Mariano Ruiz", dijeron los fiscales, y afirmaron que éste participó del cónclave. El extorsionado pagó hasta mayo de 2020 a Flavia Broin, quien pasaba a cobrarle.

Otro caso ventilado ocurrió el 8 de enero de este año cuando dos jóvenes se apersonaron en una casa de cambio de Entre Ríos y Córdoba. Le dijeron a su propietario, Pablo F., que estaban allí a pedido de "Guille" Cantero, que eran amigos de Leo Peiti y que tenía que pagar 5 mil dólares por mes. "¿En concepto de qué?", preguntó Pablo F. "En concepto de que no te baleamos todo el frente y no puedas laburar más", fue la respuesta.

Tras una reunión en un bar de Mendoza y Río de Janeiro donde estuvo Peiti, "Cachete" Díaz le dijo al empresario que empezara a pagar porque si no ponía la plata "ellos sabían donde vivía e iban a matar a toda mi familia y que sabían mis hijos van al colegio". Por eso la víctima se fue del país.

Uno de los que también será imputado en este caso es Rodrigo Ortigala, un amigo de Peiti que es testigo principal contra Esteban Lindor Alvarado. Según los fiscales, Ortigala tenía conocimiento de la maniobra que se estaba ejecutando contra el financista, se comunicó con "Cachete" Díaz y acordó con él "una investigación patrimonial de la víctima, los términos en que debe ser proferida la amenaza y los montos de dinero a exigirle".

Un topo en el MPA
Una de las pruebas de la que se valieron los fiscales en la audiencia de ayer para sostener que alguien del Ministerio Público de la Acusación traficaba información a favor del grupo acusado es el siguiente mensaje de WhatsApp: "Y Hernán Horacio Quinteros. En esta se comió un encubrimiento por andar con un auto robado y tenía una 9 mm cargada, le metieron portación de guerra. Fue ayer, por protocolo tenía que pedir prisión preventiva, pero aparentemente se puede cerrar después de peritar el arma. No tengo la causa yo, pero dejame ver como metemos un comentario ahí. En 1 mes le podrían dar la libertad, no tiene antecedentes así que seguramente". (La Capital)

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Ex jefe de la UR VI involucrado con un garito clandestino

Entre agosto de 2008 y diciembre de 2009 el entonces comisario mayor Alejandro Torrisi fue el titular de la jefatura policial del departamento Constitución.

El lunes fue detenido el ex jefe de la Unidad Regional VI, comisario mayor retirado Alejandro Torrisi en el marco de una investigación por juego clandestino que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación (MPA). El ex titular de la dependencia policial del departamento Constitución fue aprehendido por efectivos de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) en Villa Gobernador Gálvez, en cercanías de un garito que poseía máquinas de apuestas. Tenía en su poder un sobre con 150 mil pesos. Posteriormente fue allanado su domicilio situado en Funes.

El Diario La Capital informó que la investigación que realiza el MPA están relacionada con en el atentado al Casino City Center de enero pasado, donde hubo un muerto y que reveló tramas extorsivas. “No se había establecido cuál sería el vínculo entre Torrisi y el garito cerca del cual fue detenido, donde se presumía que pasaba cada tanto a retirar dinero. En ese sentido se intentaba establecer si le pertenecía o si realizaba alguna especie de protección policial, a pesar de que se encontraba retirado de la fuerza”, explicó el matutino de Rosario.

Torrisi estuvo al frente de la jefatura de la Unidad Regional VI con asiento en nuestra ciudad desde agosto de 2008 a diciembre de 2009. Previamente desarrolló gran parte de su carrera en la Unidad Regional II de Rosario, ciudad de la que es oriundo. Allí ocupó cargo en la por entonces denominada Agrupación Unidades Especiales (Brigada de Investigaciones, hoy AIC) para asumir en 2006 como jefe del Centro de Alojamiento Transitorio (CAT) de Rosario, lo que entonces se conocía como la “policía de menores”.

 En Villa Constitución

El miércoles 27 de agosto de 2008 Torrisi asumió como jefe de la UR VI tras la gestión de Eduardo Aucar, y permaneció al frente de la institución hasta el martes 22 de diciembre de 2009 cuando pasó a retiro al cumplir 30 años de servicio y fue reemplazado en su cargo por el comisario mayor Jorge Luis Martínez.

“Es un día difícil de aceptar para todo policía, ya que he dejado mi vida en esta institución. Son 30 años de ardua labor sin ninguna mancha en mi legajo. Me retiro, gracias a Dios, con la frente alta y convencido de haber cumplido con mi deber. Es difícil para nosotros, pero también una alegría, porque le quiero brindar a mi familia todos estos años que dí a la Policía”, manifestó Torrisi en Villa Constitución en su despedida.

Sin embargo, parece que había manchas en su legajo. “En 2013, ya retirado de la fuerza policial, su nombre circuló en una lista sobre policías investigados por distintas causas que había elaborado la Secretaría de Control de las Fuerzas de Seguridad del gobierno santafesino. Sin embargo, no se especificaba la razón de estar en esa lista”, recordó La Capital.

 Extraña reunión

Incluso durante su gestión en Villa Constitución se dio un hecho que nunca fue bien explicado cuando el jefe y elsub jefe de la Policía Provincial, Juan Luis Heck y al villense Jorge Gómez, respectivamente, visitaron sorpresivamente la ciudad para reunirse con el entonces intendente Horacio Vaquié y otros funcionarios en junio 2009, tal cual lo informó Diario EL SUR en su edición 628. A este encuentro Torrisi no sólo no fue invitado sino que además ni siquiera se le informó de la presencia de sus superiores.

Ahora quedó involucrado en la investigación que están llevando adelante la Agencia de Delitos Complejos y Crimen Organizado del MPA en conjunto con la Agencia de Control Policial (ACP), tal como se denomina ahora a la ex Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad. Al ser detenido el lunes tenía en su poder un sobre con dinero que habría retirado del garito clandestino de Villa Gobernador Gálvez.

 Banda de extorsionadores

Ayer se conoció que en el marco de la misma investigación fue detenida una mujer identificada como Flavia B., quien sería la pareja de Maximiliano “Cachete” Díaz, el cual se encuentra detenido desde hace 6 meses por el atentado homicida al casino de Rosario de enero. Este último está implicado “en una trama de extorsiones contra dirigentes del Sindicato de Peones de Taxis de Rosario y como partícipe primario del asesinato de Enrique Encino, un apostador de 64 años que recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza el 11 de enero pasado, cuando estaba en el balcón de fumadores del City Center”, detalló La Capital.

Al cierre de nuestra edición estaba previsto que Torrisi, Flavia B. y otras dos personas fueran imputados por diversos delitos. La Capital explicó que la investigación en la que se encuentran involucrados “nació tras la detección de seis extorsiones cometidas por una banda para obtener dinero a partir de amenazas. A raíz del análisis de estos chantajes los investigadores tropezaron con los negocios de los casinos clandestinos en distintos lugares del Gran Rosario”.

“En la investigación se advirtió que existe una modalidad de apriete contra personas que controlan casinos clandestinos, de parte de una organización criminal que exigía dinero para dejarlos funcionar. Eso puso al descubierto la trama de juego ilegal. A Torrisi le imputarán ser quien recauda dinero de esos emprendimientos. A Flavia B. le atribuyen dedicarse a cobrar las extorsiones contra los capitalistas de esos casinos y guardar la plata para los ideólogos del chantaje”, reseño el matutino de Rosario. Esta mujer es sobrina de la exdirectora de Personal de la policía, quien es esposa del exjefe de policía provincial, Marcelo Villanúa.

 Policías investigados

Cabe destacar que en noviembre de 2013 el por entonces secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad de la provincia, Miguel Picca, entregó al fiscal de Cámara Guillermo Camporini un listado con 97 policías investigados por la Dirección de Asuntos Internos desde 2004 hasta ese momento, todos ellos de la zona sur de la provincia y por «crecimiento patrimonial injustificado», informó en abril de 2014 La Capital. En ese listado estaba el nombre de Torrisi.

 Otro policía con paso por la UR VI

En ese listado también se encontraba otro ex jefe policial que pasó por Villa Constitución, Rodolfo Romero cuya causa prescribió el año pasado, al igual que la de otros policías investigados, porque pasaron más de seis años sin que lo llamaran a prestar declaración. Como Torrisi, Romero se retiró con el grado de comisario mayor tras dejar la jefatura de la Unidad Regional VI. Su causa administrativa se abrió en junio de 2007 aunque recién se elevó a la Justicia en diciembre de 2012.

Le atribuían un hotel en la localidad cordobesa de La Cumbre y la titularidad junto a su esposa de una agencia de seguridad privada que en esos años era contratada por la Municipalidad de Rosario para la custodia de inmuebles públicos, lo que motivó un pedido de informes de la oposición en el Concejo. Además, le asignaban una casa de 285 metros cuadrados en Rosario, un Peugeot 307, un Honda Fiat y un Chevrolet Corsa Classic.

Detienen a alto ex jefe policial con dinero de un casino clandestino

Un alto jefe policial retirado fue detenido ayer en el marco de una investigación por juego clandestino que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Un alto jefe policial retirado fue detenido ayer en el marco de una investigación por juego clandestino que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Se trata de Alejandro Torrisi, quien ocupara entre otros cargos la jefatura de la Unidad Regional VI del departamento Constitución. Según la información preliminar, el ex policía fue apresado en inmediaciones de un casino clandestino en Villa Gobernador Gálvez con una cantidad de dinero importante cuyo monto no trascendió. Al respecto se dijo que el dinero estaba guardado en uno o más bolsos, pero en rigor lo llevaba en un sobre.

Anoche al cierre de esta edición continuaban las medidas derivadas de una investigación originada en el atentado al Casino City Center de enero pasado, donde hubo un muerto y que reveló tramas extorsivas. No se había establecido cuál sería el vínculo entre Torrisi y el garito cerca del cual fue detenido, donde se presumía que pasaba cada tanto a retirar dinero. En ese sentido se intentaba establecer si le pertenecía o si realizaba alguna especie de protección policial, a pesar de que se encontraba retirado de la fuerza.

En ese marco, también trascendió que a partir de la detención del policía retirado se dispuso un allanamiento en su domicilio particular de la ciudad de Funes.

Carrera

Torrisi es rosarino y gran parte de su carrera la realizó en la Agrupación de Unidades Especiales (AUE) de la Unidad Regional II de policía. A comienzos de 2006 asumió como jefe del Centro de Alojamiento Transitorio (CAT) de Rosario, lo que entonces se conocía como la "policía de menores". Su llegada al cargo se precipitó a partir de la fuga de seis adolescentes en lo que constituyó el cuarto escape masivo de la dependencia que por entonces funcionaba en Dorrego al 900.

Luego de dos años al frente de la Policía de Menores de la Unidad Regional II el siguiente destino de Torrisi fue la jefatura de Villa Constitución, sede de la Unidad Regional VI de policía. El comisario llegó allí en agosto de 2008 para reemplazar a Eduardo Aucar, quien había sido designado al frente de la Unidad Regional XVII de San Lorenzo.

En 2013, ya retirado de la fuerza policial, su nombre circuló en una lista sobre policías investigados por distintas causas que había elaborado la Secretaría de Control de las Fuerzas de Seguridad del gobierno santafesino. Sin embargo, no se especificaba la razón de estar en esa lista.

Su nombre volvió a sonar ayer, en medio del hermetismo en el que pretendía quedar una investigación de la Agencia de Delito Complejo y Crimen Organizado del MPA en conjunto con la Agencia de Control Policial (ACP), tal como se denomina ahora a la ex Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad.

A media tarde, según trascendió, Torrisi fue arrestado por personal de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) en inmediaciones de un casino clandestino ubicado en la calle Comandante Espora de Villa Gobernador Gálvez, una vivienda con computadoras que al parecer se empleaban para realizar distintas apuestas, una actividad que en plena cuarentena y con el casino City Center cerrado estaría floreciendo en distintos barrios.

Apresaron a un exjefe policial con un bolso de dinero en un casino clandestino

Lo arrestó personal de la Agencia de Investigación Policial, en inmediaciones de un casino clandestino en Villa Gobernador Gálvez.

Un alto jefe policial retirado fue detenido esta tarde en el marco de una investigación por juego clandestino que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Se trata de Alejandro Torrisi, quien ocupara entre otros cargos la jefatura de la Unidad Regional VI del departamento Constitución. Según la información preliminar, el expolicía fue apresado en inmediaciones de un casino clandestino en Villa Gobernador Gálvez con un bolso en el que llevaba una cantidad importante de de dinero cuyo monto no trascendió.

Esta noche continuaban las medidas en el marco de una investigación que al parecer lleva mucho tiempo y en la que no se descartaba que hubiera más detenidos. Tampoco se había establecido cuál sería el vínculo entre Torrisi y el garito cerca del cual fue detenido, donde se presumía que pasaba cada tanto a retirar dinero. En ese marco, también trascendió que a partir de la detención del policía retirado se dispuso un allanamiento en su domicilio particular de la ciudad de Funes.

Torrisi es rosarino y gran parte de su carrera la realizó en la Agrupación de Unidades Especiales (AUE) de la Unidad Regional II de policía. A comienzos de 2006 asumió como jefe del Centro de Alojamiento Transitorio (CAT) de Rosario, lo que entonces se conocía como la “policía de menores”. Su llegada al cargo se precipitó a partir de la fuga de seis adolescentes en lo que constituyó el cuarto escape masivo de la dependencia que por entonces funcionaba en Dorrego al 900.

Luego de dos años al frente de la Policía de Menores de la Unidad Regional II, el siguiente destino de Torrisi fue la jefatura de Villa Constitución, sede de la Unidad Regional VI de policía. El comisario llegó allí en agosto de 2008 para reemplazar a Eduardo Acuar, quien había sido designado al frente de la Unidad Regional XVII de San Lorenzo.

En 2013, ya retirado de la fuerza policial, su nombre circuló en una lista sobre policias investigados por distintas causas que había elaborado la Secretaría de Control de las Fuerzas de Seguridad del gobierno santafesino. Sin embargo, no se especificaba cuál era la razón por la cual se encontraba en esa lista.

Su nombre volvió a sonar hoy, en medio del hermetismo en el que pretendía quedar una investigación de la Agencia de Delito Complejo y Crimen Organizado del MPA en conjunto con la Agencia de Control Policial (ACP), tal como se denomina ahora a la exDirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad.

A media tarde, según trascendió, Torrisi fue arrestado por personal de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) en inmediaciones de un casino clandestino ubicado en la calle Comandante Espora de Villa Gobernador Gálvez, una vivienda con computadoras que al parecer se empleaban para realizar distintas apuestas. Por lo que pudo saberse hoy, todavía no estaba claro si el lugar pertenecía al policía retirado pero sí se sabía que usualmente pasaba por allí a retirar dinero.

En esa situación, al parecer con uno o más bolsos con dinero en su poder, fue capturado entonces el exuniformado, que en principio quedó demorado y podría ser imputado en las próximas horas.

Imputan asociación ilícita a los detenidos por el megafraude

14/10/2016 22:31:44  | En una extensa audiencia, la fiscalia leyó la imputación y presentó las evidencias, mientras que desde la defensa argumentaron que "no hay riesgo de fuga" para que sigan detenidos hasta que definan su situación procesal. Hoy se presentó espontáneamente la persona que estaba fuera del país.

Los diez detenidos por la megacausa de fraude y lavado fueron imputados hoy en una extensa audiencia por asociación ilícita, estafa, lavado de activos y falsificación ideológica de instrumento público, con distintos roles (ver más abajo).

También se supo que el contador que estaba fuera del país, hoy retornó y se presentó espontáneamente ante las autoridades de la Policía de Investigaciones (PDI) y el lunes tendrá la audiencia imputativa.

La lectura de los hechos que se le imputan a los acusados y la presentación de evidencia en una investigación que encabezó el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos, Sebastián Narvaja, estuvo a cargo de la fiscal Valeria Haurigot, en una audiencia que comenzó a las 14.30 y que se extendió hasta la noche.

Tras la imputación de la fiscal se escucharon los argumentos de los defensores.  El juez definirá la situación procesal de los hoy imputados el próximo martes, ocasión en que seguramente se pedirá la excarcelación o en su caso la prisión domiciliaria de los detenidos. Según se supo, ya hubo un pedido de prisión domiciliaria para la única mujer acusada, dado que tiene un hijo de cinco años de edad.

Por su parte, Carlos Varela, abogado defensor de uno de los acusados, recusó a la jueza Mónica Lamperti. En contacto con la prensa afirmó que las acusaciones "no dan para que estas personas transiten el proceso detenidos". "No hay riesgo de fuga o de entorpecer la causa", añadió.

Al respecto, la fiscal Haurigot explicó que se detallaron siete hechos concretos con "maniobras delictivas atribuidas a las distintas personas" y con "defraudaciones en inmuebles".

"Se puso en evidencia toda la documental que respalda la investigación que viene llevando a cabo la fiscalía", agregó.

Además, aclaró que la "visión sobre asociación ilícita" que tiene el Estado es de un grupo de "conformación delictiva con delincuentes por estratos". Es decir, once personas que "no tienen en principio una vinculación directa de todos con todos pero sí operan a los efectos de cometer delitos determinados para llegar a lavado, con todas las falsificaciones necesarias para llegar a eso".

LAS ACUSACIONES

Estas son las acusaciones individuales que la fiscalía imputa a los detenidos:

Roberto Aymo:  Uso de documento público falso, falsificación ideológica de instrumento público, uso de documento público falso ideológicamente, falsificación ideológica de instrumento público, estafa (cuatro hechos), uso de documento público falso, tentativa de estafa, uso de instrumento público materia e ideológicamente falso, estelionato, lavado de activos y asociación ilícita.

Jonatan Zarate: Asociación ilícita, falsificación ideológica de instrumento público, uso de intrumento público falso ideologicamente, estafa (dos hechos).

Eduardo Torres: Falsificación ideológica de instrumento público, uso de documento público destinado para acreditar la identidad de las personas falso (cinco hechos), falsificación ideológica de documento público (tres), uso de documento ideológicamente falso, estafa  (tres), tentativa de estafa y asociación ilícita.

Ramona Rodríguez: Falsificación ideológica de instrumento público (dos hechos), uso de documento público materialmente falso , estelionato y asociación ilícita.

Marcelo Jaef: Uso de instrumento público ideológicamente falso, tentativa de estafa, falsificación ideológica de instrumento público, lavado de activos y asociación ilícita.

Juan Bautista Aliau: Falsificación ideológica de instrumento público, uso de instrumento público ideológicamente falso, estafa, lavado de activos y asociación ilícita.

Maximiliano De Gaetano: Falsificación ideológica de instrumento público, estafa, lavado de activos y asociación ilícita.

Pablo Abdala: Lavado de activos, falsificación ideológica de instrumento público y asociación ilícita.

Leandro Pérez: Lavado de activos y asociación ilícita.

Jorge Oneto: Lavado de activos, falsificación ideológica de instrumento público y asociación ilícita.

Luis María Kurtzemann (h): Lavado de activos, falsificación ideológica de instrumento público y asociación ilícita. 

Fuente: Notiexpresss / portales locales

Comenzó la audiencia con los acusados de fraude y lavado

Este viernes por la tarde comenzaron a desfilar por los tribunales provinciales los 11 detenidos (empresarios, escribanos y contadores) en el inédito mega operativo que este miércoles logró desarticular con 21 allanamientos en el centro de Rosario una presunta red de estafadores vinculados a operaciones inmobiliarias y que, en algunos casos, al narcotráfico. A último momento se entregó el gerente de La Capital, Pablo Abdala, quien permanecía prófugo.

Los 11 detenidos que hasta el momento dejaron los 21 allanamientos en inmobiliarias, edificios de alta gama, escribanías y contadurías de Rosario llevados a cabo por la justicia provincial en el marco de una investigación por presunto fraude y lavado de activos comenzaron a desfilar este viernes por la tarde por los tribunales de Pellegrini y Balcarce, donde la fiscal Valeria Haurigot leerá las imputaciones para cada uno de ellos.

Los detenidos son empresarios, contadores y escribanos que fueron arrestados en el sorpresivo megaoperativo que fuerzas de seguridad provinciales desplegaron en pleno centro rosarino, en reconocidas oficinas y edificios de la ciudad. Se trata de Roberto Aymo, Ramona Rodríguez, Jhonatan Záratate, Marcelo Jaef, Jorge Oneto, Leandro Pérez, Eduardo Martín Torres, Luis María Kurzeman (hijo), Alliau Juan Bautista y Maximiliano De Gaetano (éste último se entregó).

Poco antes de que comenzara las audiencia, se entregó el gerente de La Capital, Pablo Abdala, quien permanecía prófugo, y quien está señalado como uno de los cabecilla de la asociación ilícita que se dedicaba a estafar a propietarios de inmuebles mediante un ardid que consistía en usurpar la propiedad y fraguar luego los títulos y demás papeles mediante un complejo sistema de “pasa manos” que involucraba a escribanías, inmobiliarias y estudios contables.  

Los allanamientos se llevaron a cabo este miércoles en base a una investigación dirigida por el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos, Sebastián Narvaja.

Junto al fiscal regional de Rosario, Jorge Baclini, Narvaja dio este jueves una conferencia de prensa en la que brindaron detalles del mega operativo y sus alcances. “Se han tasaciones las propiedades involucradas y alcanzan un monto superior a los 50 millones de pesos”, sostuvo Narvaja, al ser consultado sobre el monto de la maniobra en la que se operaba con inmuebles.

“Se trabajó sobre la pista de operaciones complejas a través de las cuales se les quitaba los inmuebles a sus propietarios legítimos, luego mediante delitos de falsedad cometidos por escribanos, se avalaban las operaciones ilegales y por último, llegaba la instancia del lavado de activos para poder buscar apariencia de legitimidad de los inmuebles adquiridos”, precisó el fiscal al frente de las actuaciones.

“La investigación se activó a partir de denuncias de propietarios que exponían que les habían sacado sus inmuebles mediante juicios fraudulentos, usurpaciones violentas o en otros casos, reiteradas falsificaciones de documentos”, enumeró.

Narvaja planteó además que “hay personas con pedidos de capturas ordenados”. Se especulaba con que algunos de los buscados no estuvieran en el país, por lo que se tramitaba la solicitud de detención internacional.

“En los allanamientos se secuestró armamento, teléfonos celulares y computadoras que serán sometidas a pericias”, mencionó el fiscal.

Por último, desde fiscalía plantearon que “este viernes se esperaba la audiencia imputativa a los detenidos” y entre las calificaciones legales que giraban alrededor de las personas a disposición de la justicia giraban los delitos de estafa, lavado de activos y asociación ilícita.

Ya son diez los detenidos de la banda de estafadores inmobiliarios

En las últimas horas se entregó otro involucrado en el megaoperativo por fraude. Se trata Maximiliano De Gaetano. La audiencia imputativa sería el viernes. Los otros apresados son Roberto Aymo, Ramona Rodríguez, Jonathan Zárate, Marcelo Jaef, Jorge Oneto, Leandro Pérez, Eduardo Martín Torres, Luis María Kurzeman (hijo) y Alliau Juan Bautista.

 Se entregó un décimo involucrado en el megaoperativo por fraude inmobiliario. Se trata Maximiliano De Gaetano, encargado del Sindicato de Monteros. Quedó detenido a la espera de la audiencia imputativa que sería el viernes. Ya son diez los detenidos.

"De Gaetano se sentregó a las 16:30 ante el fiscal Narvaja, sabiendo de antemano que quedaría detenido", dijo Carlos Varela, abogado de De Gaetano. "Ahora esperaremos a la audiencia imputativa que en principio se hará el próximo viernes", agregó.

De este modo los detenidos hasta el momento son diez:  Roberto Aymo, Ramona Rodríguez, Jhonatan Záratate, Marcelo Jaef, Jorge Oneto, Leandro Pérez, Eduardo Martín Torres, Luis María Kurzeman (hijo), Alliau Juan Bautista y ahora Maximiliano De Gaetano.

Conferencia de prensa

La sede de la Policía de Investigaciones (PDI), fue el marco para que el fiscal Sebastián Narvaja, al frente de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos y Jorge Baclini, fiscal regional de Rosario, brindaran detalles respecto de la veintena de allanamientos sobre una causa de fraude inmobiliario que incluso detenciones de reconocidos profesionales y empresarios de Rosario.

“Se han tasaciones las propiedades involucradas y alcanzan un monto superior a los 50 millones de pesos”, sostuvo Narvaja, al ser consultado sobre el monto de la maniobra en la que se operaba con inmuebles.

“Se trabajó sobre la pista de operaciones complejas a través de las cuales se les quitaba los inmuebles a sus propietarios legítimos, luego mediante delitos de falsedad cometidos por escribanos, se avalaban las operaciones ilegales y por último, llegaba la instancia del lavado de activos para poder buscar apariencia de legitimidad de los inmuebles adquiridos”, precisó el fiscal al frente de las actuaciones.

“La investigación se activó a partir de denuncias de propietarios que exponían que les habían sacado sus inmuebles mediante juicios fraudulentos, usurpaciones violentas o en otros casos, reiteradas falsificaciones de documentos”, enumeró.

Narvaja planteó además que “hay personas con pedidos de capturas ordenados”. Se especulaba con que algunos de los buscados no estuvieran en el país, por lo que se tramitaba la solicitud de detención internacional.

“En los allanamientos se secuestró armamento, teléfonos celulares y computadoras que serán sometidas a pericias”, mencionó el fiscal.

Por último, desde fiscalía plantearon que “este viernes se esperaba la audiencia imputativa a los detenidos” y entre las calificaciones legales que giraban alrededor de las personas a disposición de la justicia giraban los delitos de estafa, lavado de activos y asociación ilícita.

Megaoperativo por lavado y fraude en pleno centro de Rosario

Desde las 5, más de 20 allanamientos simultáneos ordenados por la justicia provincial se llevan a cabo en inmobiliarias, escribanías, sindicatos y empresas del centro de la ciudad y en un country de Fisherton. Los procedimientos involucran a más de 200 efectivos de la PDI, las TOE y la ex Drogas Peligrosas, entre otras fuerzas. Haoy detenidos. Desde un centro de operaciones el jefe de los fiscales, Jorge Balcini, supervisa las acciones junto a miembros de la cartera de Seguridad provincial, de Afip y la UIF.

Por orden del fiscal de la Unidad de Delitos Complejos y Económicos, Sebastián Narvaja, en base a una investigación iniciada dos años atrás sobre delitos de lavado de activos, defraudación, asociación ilícita y falsedad de documento público, desde las 5 de este miércoles se lleva adelante en el centro rosarino un megaoperativo con más de 20 allanamientos conjuntos en inmobiliarias, escribanías, sindicatos y empresas del centro de la ciudad y en un country de Fisherton.

El procedimiento afecta a 200 efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), las Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y de la ex Drogas Peligrosas, entre otras fuerzas. Desde un centro de operaciones el jefe de los fiscales, Jorge Balcini, supervisa las acciones junto a miembros de la cartera de Seguridad provincial, de Afip y la UIF.

Los lugares allanados hasta el momento son España 38; Pasco al 1000; Guatemala al 2200; Montevideo al 1900; 3 de febrero y Vespucio (pueblo Esther); San Lorenzo al 1000; San Luis al 2200; Oroño al 1100; Country Carlos Pellegrini calle Los Cipreses; Oficinas diario La Capital; San Lorenzo al 1100; Av. De la Libertad al 300 (4 allanamientos en la misma dirección); Dorrego al 1400; Pellegrini al 300; Cordoba al 1100; Viamonte al 5300.

En conferencia de prensa, Baclini brindará detalles del operativo, que de acuerdo a lo que se anticipó, cuenta con varios detenidos.  

Detuvieron a 15 policías acusados de haber fraguado un operativo que terminó con un muerto

El procedimiento fue encabezado por el fiscal Miguel Moreno en el marco de la investigación de un supuesto tiroteo entre policías y un narcotraficante en 2014. Los efectivos de seguridad quedaron a disposición de la Justicia. 

Por orden del fiscal Miguel Moreno, 15 policías quedaron detenidos acusados de un presunto enfrentamiento a tiros que terminó con un muerto en 2014 y que, según revelaron los pesquisas judiciales, habría sido fraguado por los efectivos de seguridad. 

Según lo confirmó el secretario de Control de la Fuerzas de Seguridad, David Reniero, los implicados en el caso fueron apresados a lo largo de la jornada de hoy por efectivos de la sección Asuntos Internos de la policía provincial.

Además, confirmó que fueron detenidos un comisario principal, nueve agentes del comando radioeléctrico, cuatro suboficiales de la seguridad vial y un miembro de las TOE.

Reniero reveló que "se supone que es un falso enfrentamiento. Por eso las actuaciones que realizó el fiscal". Y en cuanto a si serán destituidos los detenidos, manifestó que "habrá que ver las responsabilidades que se definan en este hecho grave. Están acusado de coautores de asesinato, de haber hecho figurar un presunto enfrentamiento".

El hecho por el cual ser realizaron las detenciones sucedió en la madrugada del 8 de septiembre de 2014, cuando Leonel Mafud murió tras una supuesta persecución de más de 50 kilómetros con tiroteo entre la policía y los tres ocupantes de un auto que se inició en Rosario, continuó por la ruta 18 y culminó en la A-012 en jurisdicción de Roldán.

Según el informe entregado por la fuerza de seguridad, Mafud, que recibió ocho impactos de bala, iba acompañado de dos personas que habían intercambiado disparos de arma de fuego con los policías y lograron escapar tras la persecución. Pero tras la investigación llevada adelante por el fiscal Moreno indicó que los hechos habían sucedido de manera distinta. Revelaron que Mafud iba sólo y que los disparos habían sido efectuados solamente por los policías.

Por qué condenaron a prisión a Hugo Tognoli, ex jefe de policía de la provincia

Fundamentos de un fallo unánime y polémico. El Tribunal Oral Federal de Santa Fe dio por probados todos los delitos achacados a Hugo Tognoli en la instrucción de la causa.

El de ayer debe haber sido el peor cumpleaños de Hugo Tognoli, el ex jefe de policía de la provincia condenado hace pocos días a 6 años de prisión por encubrir las actividades de un narcotraficante y coaccionar a la líder de una ONG que denuncia el comercio de drogas en la capital santafesina. Los 52 años lo encontraron en una celda de la cárcel de Las Flores leyendo los fundamentos de la sentencia que le impusieron, un documento de 143 páginas difundido el jueves por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe conformado por José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Lauría.

En el texto de la sentencia 71/15 los jueces dan por acreditado (página 94) que Tognoli, como titular de la Dirección General de Prevención y Control de las Adicciones mantuvo una estrecha relación con el comisario José Luis Baella (condenado en el mismo juicio a 5 años de cárcel por los mismos delitos que su jefe) "para luego promoverlo en sucesivos cargos de jefatura". Y enumeran una serie de destinos asignados a Baella que lejos están de lo que puede entenderse por premios o promociones. No obstante, para los jueces eso fue un indicio cierto de que "entre el director Tognoli y el empleado Baella se forjó una relación estrecha y de suma confianza", que permitiría llevar adelante los delitos.

Dabía saber. Asimismo los jueces manifiestan (página 95) que Tognoli "ayudó a Daniel Francisco Mendoza (condenado a 6 años y medio de prisión por fabricar y comercializar estupefacientes) a eludir las investigaciones del Poder Judicial y el Ministerio Públido entre el 3 de marzo de 2011 y el 25 de agosto de ese año". Y lo sustentan al afirmar que "debía tener conocimiento directo de las investigaciones que se llevaban a cabo en ese ámbito, obligación inherente a la función de máxima jerarquía que desempeñaba y exigible en cumplimiento a la Ley Orgánica de la policía y al reglamento de la ex Dirección General de Drogas Peligrosas que continuaban en vigor aún a partir de la nueva denominación de la repartición", en 2006.

En ese orden, según el esquema expuesto en las audiencias por la defensa de Tognoli y de acuerdo a lo dicho por varios testigos (Claudio Acosta y Gustavo Ramírez por ejemplo) sólo los jefes de las divisiones Operaciones e Inteligencia compartían las investigaciones que se llevaban adelante. Y daban información al titular de la repartición, es decir a Tognoli, "únicamente cuando se realizaban operativos o se pasaba a la faz operativa", por lo que contradicen "el conocimiento directo" que a entender de los jueces tenía el jefe. Y sobre la Ley Orgánica y el reglamento, los mismos testigos aseguraron que desde 2006 la repartición "no contaba con reglamento al quedar en desuso el de la antigua dependencia, aunque la cadena de mandos se siguió respetando".

Un viejo conocido. Sobre la actividad ilícita de Mendoza, para los jueces quedó acreditado que Tognoli la conocía ya que "había un conocimiento generalizado (del hombre) y se remontaba tiempo atrás en el ámbito policial". Eso quedó establecido en las audiencias ya que fue el oficial Claudio Acosta el que investigó a Mendoza en 2009 cerrando la pesquisa por orden judicial al no hallar elementos de pruebas. Esa investigación, dijo el Tribunal, hizo que "se reserve información en la base de datos de la repartición que después utilizó Baella cuando reeditó las pesquisas en 2011", después de que Gendarmería iniciara otra pesquisa sin resultados..

Y de lo hecho por Baella, dicen los magistrados, "Tognoli conocía con exactitud que se trataba de una investigación fraguada con el único objetivo de proteger al narcotraficante y desprestigiar a Norma Castaño, a quien indentificó como "una denunciante compulsiva»". En este orden no se equivocó el ex jefe policial en catalogar a Castaño ya que las denuncias contra los jefes policiales se remontan a 2003, cuando Tognoli trabajaba en Judiciales.

Y sobre el conocimiento de lo que hacía Baella persiguiendo a Mendoza hasta la casa de la líder de la ONG Madres Solidarias donde se filmó el video utilizado para "intimidar" a la mujer y que retire las denuncias contra Tognoli, el fallo sostiene una contradicción increíble ante hechos similares (ver aparte).

Visitas asiduas. Dicen los jueces en la sentencia que Tognoli "fue advertido de la actividad de Mendoza a través de las denuncias de Norma Castaño, con quien se entrevistaba habitualmente, tal como lo recordaron en la audiencia de debate los empleados policiales (Juan Luis) Aloy y (Marcela) Fradegrada, quienes la veían concurrir a la dependendencia, a veces en compañía de otra mujer". Sin embargo, a pesar de que ambos testigos aseguraron que Castaño iba a visitar a "su amiga, la sargento Carmen Locket", y que "en algunas oportunidades pasaba a hablar con Tognoli", ninguno dijo ante el Tribunal haber presenciado esas reuniones y mucho menos saber de qué hablaba su jefe con Castaño, quien fue pareja de dos policías de la ex Drogas Peligrosas removidos de sus destinos por Tognoli ante diferentes faltas disciplinarias.

Y fue la propia Castaño la que manifestó haber dejado de reunirse con Tognoli "cuando advirtió su pasividad frente a las reiteradas denuncias que le hacía sobre la actividad de Mendoza", que es primo hermano de su primer marido. Y la que sostuvo sin tapujos ante los jueces que el video que le filmaron al encontrarse en su casa con Mendoza no le causó"temor" ni se sintió "intimidada", por lo que poco podría haber sido coaccionada.

Juego de palabras. El Tribunal Oral Federal santafesino también achaca a Tognoli "obviar la mención de Daniel Francisco Mendoza como infractor a la ley de drogas" en un informe pedido por la Dirección de Asuntos Internos, cuando ese informe fue elaborado y preparado por el oficial Claudio Acosta sobre la base de los datos de los archivos de la dependencia desde 2009 y que no consideraban, al 20 de mayo de 2011, que Mendoza fuera infractor porque nunca había sido apresado aunque sí investigado. "Yo sólo firmé la elevación del expediente, no lo redacté", aseguró Tognoli.

Finalmente, la sentencia dice que "ya ungido jefe de policía de la provincia (Tognoli) mantuvo la relación directa forjada con Baella y de esa forma continuó su inherencia en la actividad ilícita de Mendoza". Y hace mención al 3 de marzo de 2012 cuando dan por acreditado que Baella fue en un auto de la ex Drogas Peligrosas a la casa de Mendoza en Colastiné Norte, que el narco subió al vehículo, dieron una vuelta y regresaron poco después. Y que la vinculación de Tognoli con ese hecho se da por los mensajes de textos intercambiados con Baella sin que fuera su subordinado directo.

Aquella noche, Tognoli estaba en Angel Gallardo controlando una "pueblada" tras un tiroteo que se produjo en la población entre supuestos vendedores de drogas. Como jefe de policía, y ante el reclamo de los vecinos por la comercialización de estupefacientes, Tognoli pidió a un subordinado que llame a la ex Drogas Peligrosas y solicite que envien al lugar al superior de servicio. Y ese día estaba Baella, quien en un mensaje de 54 caracteres enviado desde Colastiné Norte avisa que se dirige al lugar y por toda respuesta recibe un OK de Tognoli. Para los jueces, "el mensaje de Baella se compadece más con un reporte del episodio protagonizado con Mendoza que con una orden de Tognoli".