La independencia de la justicia federal y provincial es una ficción debido a las notorias influencias del poder político y a que las investigaciones dependen de las fuerzas de seguridad, atravesadas por la corrupción. Sólo el 5% de los delitos se esclarecen, conformando el imperio de la impunidad. Narcotráfico, política y justicia en Santa Fe.
* por Carlos del Frade, periodista.
- No es negocio defender a los inocentes …
Así dice uno de los principales abogados penalistas de la ciudad de Rosario. Su principal mérito es saber moverse por los grandes huecos del servicio público de justicia, tanto sea la federal como la provincial.
El 15 de junio de 1968, cuando se cumplieron los 50 años del manifiesto liminar de la reforma universitaria, se quiso hacer un acto en la esquina de Córdoba y Entre Ríos, en la Cuna de la Bandera. La dictadura de Onganía lo impidió pero hubo cuatro jueces que defendieron la reivindicación de la memoria. Fue la excusa utilizada por el entonces ministro del interior, Borda, para intervenir el poder judicial de la provincia de Santa Fe.
El encargado fue el abogado cordobés Darío Saráchaga. Desde entonces al presente, la independencia de la justicia, federal y provincial, es una ficción. No solamente porque hay notorias influencia del poder político, nacional y santafesino, sino también porque la mayoría de las investigaciones dependen de las fuerzas de seguridad. Las mismas que están atravesadas de corrupción y plagadas de oficiales investigados por supuesto enriquecimiento ilícito. En la actualidad, por ejemplo, casi ciento treinta altos comisarios de la policía provincial están siendo investigados por esta razón.
Para el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, solamente el cinco por ciento de los delitos se esclarece. Un nivel de impunidad que vuelve tenue el peso de la justicia en la vida cotidiana de los santafesinos. Se confirma una vez más la imagen de la red de pescadores invertida: pasan de largo los peces gordos, quedan atrapados los peces chicos. Siempre y cuando esos delincuentes de manos sucias no sean socios de los delincuentes de guante blanco, los que nunca pisan los pasillos de los tribunales ni mucho menos las comisarías de las principales ciudades de la provincia de Santa Fe.
Desde las nueve muertes que costó el estallido de diciembre de 2001, tanto en el Gran Rosario como en Santa Fe, hasta el asesinato del narcotraficante Luis Medina –zar de la cocaína de la zona oeste y parte del norte rosarino-, el servicio público de justicia está plagado de contradicciones que, indefectiblemente, juegan a favor de la construcción de impunidades que protegen sectores poderosos.
Con excepción del asesinato del emblemático ex agente de pastoral social y militante a favor de la niñez explotada, Claudio “Pocho” Lepratti –cantado por León Gieco en “El ángel de la bicicleta”-, no hay detenidos por aquella masacre que tuvo origen en las órdenes que se dieron y las que no se impartieron desde el poder político conducido por el ahora senador nacional y dos veces gobernador de la provincia, Carlos Reutemann.
El 27 de enero de 2004, Sandra Cabrera, por entonces secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, fue asesinada por un policía federal en inmediaciones de la terminal de ómnibus de Rosario. En el expediente puede leerse con claridad que las trabajadoras sexuales eran obligadas a vender drogas para integrantes de los nichos corruptos de la policía federal y también de La Santafesina SA. Nada de esto tuvo su continuidad en la justicia. Desde 2004 quedaba claro que los principales distribuidores de drogas en la zona del Gran Rosario eran integrantes de las fuerzas de seguridad.
El 21 de junio de 2007, la seccional segunda de la policía de Rosario, detiene a tres hombres que se encontraban en actitud sospechosa en la Plaza Montenegro, en pleno centro de la ciudad, frente al Hotel Plaza. Uno de ellos tenía una Bersa con silenciador. Era Claudio “El Pájaro” Cantero, el que a principios de 2014, después de haber sido asesinado el 26 de mayo de 2013, fue tema de discusión nacional cuando su cara apareció en un mural en una canchita de la zona sur de Rosario. Cantero era el líder de la principal banda narco de la zona, “Los Monos”. En aquel inicio del invierno de 2007 estaba esperando a Abel Beroiz, poderoso tesorero de la Federación de Camioneros, conducida por Hugo Moyano. No pudo llevar adelante su cometido. Pero cuatro meses después, el 27 de noviembre de 2007, Beroiz fue asesinado salvajemente después de dejar el Hotel Plaza, mientras intentaba subir a su auto ubicado en la cochera subterránea de la Automóvil Club Argentino. Aquello que no hizo ni la policía ni la justicia sobre Cantero permitió, entre otras complicidades, el crecimiento exponencial de “Los Monos”.
En las primeras horas de 2012, Jere, Mono y Patom, tres muchachos de Villa Moreno, también en la zona sur de Rosario, fueron acribillados a balazos por la banda del “Quemado” Rodríguez, un grupo que trabajaba para los Cantero en la venta de droga. De acuerdo a las escuchas telefónicas que contiene la causa, se advierte la protección policial de la comisaría 19 a cambio de un pago de 7 mil pesos por semana. En esas desgravaciones también se percibe que “Los Monos” tienen infiltrados hombres en las principales fuerzas de élite de la provincia como también en los tribunales federales y regionales.
Pero cuando el 26 de mayo de 2013, el ya mencionado Claudio “Pájaro” Cantero fue asesinado a la salida de un boliche en Villa Gobernador Gálvez, algo cambió en la política provincial y, por lo tanto, en la justicia santafesina. La seguidilla de cuatro muertos en pocos días vinculada al homicidio del jefe de Los Monos impulsó a los principales referentes de los partidos políticos que integran el llamado Frente Cívico y Social que gobierna de la provincia desde 2007 a través de Hermes Binner, primero, y Antonio Bonfatti, ahora, a exigirle al Partido Socialista, (columna vertebral de la mencionada alianza), a generar hechos políticos judiciales que den señales claras que había una decisión de combatir el narcotráfico. Comenzaron las detenciones y eso generó, entre otras cosas, el atentado contra Bonfatti en la noche del 11 de octubre de 2013 que casi le cuesta la vida. Pero hasta aquella muerte del Pájaro, tanto la justicia provincial como el poder político santafesino seguían con la triste inercia de los últimos treinta años de democracia. Clara demostración de la dependencia del poder judicial en relación al ejecutivo.
El 29 de diciembre de 2013, Luis “Quiquín” Medina fue cosido a balazos también en la zona sur de Rosario. Uno de los principales narcos cuyas inversiones se hicieran famosas a partir de la franquicia que compró del boliche“Esperanto”, concesionarias de automóviles de alta gama importados, emprendimientos gastronómicos y hasta de importación de neumáticos –todos negocios habilitados por la Municipalidad de Rosario-; apuntado en su momento como el autor intelectual del atentado contra el gobernador Bonfatti y señalado como el jefe de la distribución de la droga en las zonas norte y oeste de la ciudad.
Pero lo llamativo vino después de la muerte (también la de su pareja, una joven modelo que apenas superaba los veinte años)cuando un integrante del Ministerio de Gobierno de la provincia tomó la computadora personal de Medina para, supuestamente, ayudar a la policía y la justicia. Ni las juezas intervinientes, ni el fiscal ni nadie del poder judicial dio la orden según sostuvieron públicamente. Una clara intromisión del ejecutivo sobre una investigación que todavía no se aclaró. A lo que hay que sumar que días después integrantes de la policía santafesina allanaron una finca de Medina en Buenos Aires sin ningún tipo de orden.
En la justicia federal, en tanto, no hay mayores avances en relación al lavado de dinero en la zona del Gran Rosario, más allá de las detenciones del ex jefe de la policía provincial, Hugo Tognoli, y del narco Delfín Zacarías. No parece existir lavado de activos en la zona del Gran Rosario.
Mientras tanto, la ciudad, en los últimos dos años tuvo el mayor índice de asesinatos de la Argentina por cada cien mil habitantes.
Un triste record que lastima la historia de un lugar que siempre estuvo vinculado al trabajo, la cultura obrera, el puerto y los ferrocarriles.
La cuenta roja de sangre joven derramada en los barrios es paralela a la cuenta blanca del dinero que algunos acumulan en el centro y las geografías privadas de la región.
Impunidades hijas del maridaje entablado en aquella intervención Saráchaga de 1968, cuando el poder político y los distintos niveles de la justicia se unieron a favor de los sectores del privilegio.
Hoy, en esta etapa superior del imperialismo y esta forma histórica que adquiere el capitalismo, llamada narcotráfico, esa unidad de criterios termina favoreciendo a los delincuentes de guante blanco que están detrás de ambas cuentas, de ambas cajas.
Así dice uno de los principales abogados penalistas de la ciudad de Rosario. Su principal mérito es saber moverse por los grandes huecos del servicio público de justicia, tanto sea la federal como la provincial.
El 15 de junio de 1968, cuando se cumplieron los 50 años del manifiesto liminar de la reforma universitaria, se quiso hacer un acto en la esquina de Córdoba y Entre Ríos, en la Cuna de la Bandera. La dictadura de Onganía lo impidió pero hubo cuatro jueces que defendieron la reivindicación de la memoria. Fue la excusa utilizada por el entonces ministro del interior, Borda, para intervenir el poder judicial de la provincia de Santa Fe.
El encargado fue el abogado cordobés Darío Saráchaga. Desde entonces al presente, la independencia de la justicia, federal y provincial, es una ficción. No solamente porque hay notorias influencia del poder político, nacional y santafesino, sino también porque la mayoría de las investigaciones dependen de las fuerzas de seguridad. Las mismas que están atravesadas de corrupción y plagadas de oficiales investigados por supuesto enriquecimiento ilícito. En la actualidad, por ejemplo, casi ciento treinta altos comisarios de la policía provincial están siendo investigados por esta razón.
Para el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, solamente el cinco por ciento de los delitos se esclarece. Un nivel de impunidad que vuelve tenue el peso de la justicia en la vida cotidiana de los santafesinos. Se confirma una vez más la imagen de la red de pescadores invertida: pasan de largo los peces gordos, quedan atrapados los peces chicos. Siempre y cuando esos delincuentes de manos sucias no sean socios de los delincuentes de guante blanco, los que nunca pisan los pasillos de los tribunales ni mucho menos las comisarías de las principales ciudades de la provincia de Santa Fe.
Desde las nueve muertes que costó el estallido de diciembre de 2001, tanto en el Gran Rosario como en Santa Fe, hasta el asesinato del narcotraficante Luis Medina –zar de la cocaína de la zona oeste y parte del norte rosarino-, el servicio público de justicia está plagado de contradicciones que, indefectiblemente, juegan a favor de la construcción de impunidades que protegen sectores poderosos.
Con excepción del asesinato del emblemático ex agente de pastoral social y militante a favor de la niñez explotada, Claudio “Pocho” Lepratti –cantado por León Gieco en “El ángel de la bicicleta”-, no hay detenidos por aquella masacre que tuvo origen en las órdenes que se dieron y las que no se impartieron desde el poder político conducido por el ahora senador nacional y dos veces gobernador de la provincia, Carlos Reutemann.
El 27 de enero de 2004, Sandra Cabrera, por entonces secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, fue asesinada por un policía federal en inmediaciones de la terminal de ómnibus de Rosario. En el expediente puede leerse con claridad que las trabajadoras sexuales eran obligadas a vender drogas para integrantes de los nichos corruptos de la policía federal y también de La Santafesina SA. Nada de esto tuvo su continuidad en la justicia. Desde 2004 quedaba claro que los principales distribuidores de drogas en la zona del Gran Rosario eran integrantes de las fuerzas de seguridad.
El 21 de junio de 2007, la seccional segunda de la policía de Rosario, detiene a tres hombres que se encontraban en actitud sospechosa en la Plaza Montenegro, en pleno centro de la ciudad, frente al Hotel Plaza. Uno de ellos tenía una Bersa con silenciador. Era Claudio “El Pájaro” Cantero, el que a principios de 2014, después de haber sido asesinado el 26 de mayo de 2013, fue tema de discusión nacional cuando su cara apareció en un mural en una canchita de la zona sur de Rosario. Cantero era el líder de la principal banda narco de la zona, “Los Monos”. En aquel inicio del invierno de 2007 estaba esperando a Abel Beroiz, poderoso tesorero de la Federación de Camioneros, conducida por Hugo Moyano. No pudo llevar adelante su cometido. Pero cuatro meses después, el 27 de noviembre de 2007, Beroiz fue asesinado salvajemente después de dejar el Hotel Plaza, mientras intentaba subir a su auto ubicado en la cochera subterránea de la Automóvil Club Argentino. Aquello que no hizo ni la policía ni la justicia sobre Cantero permitió, entre otras complicidades, el crecimiento exponencial de “Los Monos”.
En las primeras horas de 2012, Jere, Mono y Patom, tres muchachos de Villa Moreno, también en la zona sur de Rosario, fueron acribillados a balazos por la banda del “Quemado” Rodríguez, un grupo que trabajaba para los Cantero en la venta de droga. De acuerdo a las escuchas telefónicas que contiene la causa, se advierte la protección policial de la comisaría 19 a cambio de un pago de 7 mil pesos por semana. En esas desgravaciones también se percibe que “Los Monos” tienen infiltrados hombres en las principales fuerzas de élite de la provincia como también en los tribunales federales y regionales.
Pero cuando el 26 de mayo de 2013, el ya mencionado Claudio “Pájaro” Cantero fue asesinado a la salida de un boliche en Villa Gobernador Gálvez, algo cambió en la política provincial y, por lo tanto, en la justicia santafesina. La seguidilla de cuatro muertos en pocos días vinculada al homicidio del jefe de Los Monos impulsó a los principales referentes de los partidos políticos que integran el llamado Frente Cívico y Social que gobierna de la provincia desde 2007 a través de Hermes Binner, primero, y Antonio Bonfatti, ahora, a exigirle al Partido Socialista, (columna vertebral de la mencionada alianza), a generar hechos políticos judiciales que den señales claras que había una decisión de combatir el narcotráfico. Comenzaron las detenciones y eso generó, entre otras cosas, el atentado contra Bonfatti en la noche del 11 de octubre de 2013 que casi le cuesta la vida. Pero hasta aquella muerte del Pájaro, tanto la justicia provincial como el poder político santafesino seguían con la triste inercia de los últimos treinta años de democracia. Clara demostración de la dependencia del poder judicial en relación al ejecutivo.
El 29 de diciembre de 2013, Luis “Quiquín” Medina fue cosido a balazos también en la zona sur de Rosario. Uno de los principales narcos cuyas inversiones se hicieran famosas a partir de la franquicia que compró del boliche“Esperanto”, concesionarias de automóviles de alta gama importados, emprendimientos gastronómicos y hasta de importación de neumáticos –todos negocios habilitados por la Municipalidad de Rosario-; apuntado en su momento como el autor intelectual del atentado contra el gobernador Bonfatti y señalado como el jefe de la distribución de la droga en las zonas norte y oeste de la ciudad.
Pero lo llamativo vino después de la muerte (también la de su pareja, una joven modelo que apenas superaba los veinte años)cuando un integrante del Ministerio de Gobierno de la provincia tomó la computadora personal de Medina para, supuestamente, ayudar a la policía y la justicia. Ni las juezas intervinientes, ni el fiscal ni nadie del poder judicial dio la orden según sostuvieron públicamente. Una clara intromisión del ejecutivo sobre una investigación que todavía no se aclaró. A lo que hay que sumar que días después integrantes de la policía santafesina allanaron una finca de Medina en Buenos Aires sin ningún tipo de orden.
En la justicia federal, en tanto, no hay mayores avances en relación al lavado de dinero en la zona del Gran Rosario, más allá de las detenciones del ex jefe de la policía provincial, Hugo Tognoli, y del narco Delfín Zacarías. No parece existir lavado de activos en la zona del Gran Rosario.
Mientras tanto, la ciudad, en los últimos dos años tuvo el mayor índice de asesinatos de la Argentina por cada cien mil habitantes.
Un triste record que lastima la historia de un lugar que siempre estuvo vinculado al trabajo, la cultura obrera, el puerto y los ferrocarriles.
La cuenta roja de sangre joven derramada en los barrios es paralela a la cuenta blanca del dinero que algunos acumulan en el centro y las geografías privadas de la región.
Impunidades hijas del maridaje entablado en aquella intervención Saráchaga de 1968, cuando el poder político y los distintos niveles de la justicia se unieron a favor de los sectores del privilegio.
Hoy, en esta etapa superior del imperialismo y esta forma histórica que adquiere el capitalismo, llamada narcotráfico, esa unidad de criterios termina favoreciendo a los delincuentes de guante blanco que están detrás de ambas cuentas, de ambas cajas.
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Carlos