El crimen del comisario Morgans sigue impune y lleno de misterios

Lo asesinaron el 10 de junio de 2014 en el quiosco de su hijo. Nunca hubo sospechosos ni una pista sobre el hecho, caratulado robo seguido de muerte.

Guillermo Morgans tras uno de los operativos que comandó y presentó a la prensa.

Tres años y ocho meses pasaron desde el asesinato del comisario inspector Guillermo Morgans, la tarde del 10 de junio de 2014 en el quiosco y Pago Fácil que uno de sus hijos tenía junto a un socio en Rodríguez al 200. Morgans era en ese momento jefe de Agrupaciones Especiales (AUE) de la Unidad Regional II, tercero en la línea sucesoria de la jefatura de Rosario. Tenía 44 años y 24 al servicio de la fuerza. A poco de cumplirse cuatro años de su asesinato, la causa está inmóvil y sin avances. Estancada. "Se trató de un crimen en circunstancias de robo. No hay en la causa elementos que acrediten otra cosa. No fue un ajuste de cuentas, un crimen por venganza o por su condición de empleado policial", indicó una alta fuente tribunalicia al ser consultada por el caso en manos del fiscal Florentino Malaponte, actualmente de licencia.

   Sin embargo, el asesinato de Morgans despertó desde el minuto cero un sinnúmero de suspicacias a partir de alto perfil del comisario y su participación en investigaciones resonantes (ver aparte). El entonces ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, dijo de él tras su muerte que era "uno de los más importantes investigadores de la policía". Si bien los pesquisas coinciden en que la escena del crimen "fue la de un robo seguido de muerte", con el devenir del tiempo y la lectura global del hecho, a muchos les surgieron dudas. Por eso los entrevistados por La Capital hablaron bajo reserva de identidad.

No hubo ningún indicio

"Matar a un policía tiene un precio en la calle. Por un lado da cartel y por el otro es una condena, porque el policía que lo cruce se lo va a hacer sentir. Y por lo general los policías no olvidan a sus camaradas muertos. En muchos aspectos Morgans quedó como un muerto más porque se agotaran todas las hipótesis que se abrieron. Los ladrones son de boca floja y siempre algo los delata. No pueden mantener un secreto mucho tiempo. En casi cuatro años no hubo en la calle indicios de quién fue el asesino. Nadie «boqueó» una punta sobre el hecho. En las cientos de interceptaciones telefónicas de investigaciones nunca se escuchó un dato o una «caída» sobre el crimen de Guillermo. Se peritaron decenas de armas pero nunca se dio con la utilizada en el crimen. Por eso las dudas", indicó una fuente consultada.

   "La escena del crimen es la de un robo seguido de muerte. Los delincuentes entraron y nunca se dieron cuenta que Morgans era un policía y que tenía un arma. Le pegaron un culatazo en la cabeza y lo tiraron en el cuartito contiguo al salón donde su hijo estaba haciendo el arqueo de caja. El culatazo le provocó un severo corte en la cabeza y lo desmayó. Todo hace inferir que Guillermo al volver en sí tomó su pistola y salió al salón. Hizo unos disparos y uno de los delincuentes le respondió. Ese balazo le entró por la región intercostal y lo atravesó de lado a lado, una herida que hace pensar que no hubiera sobrevivido. Cuando ya estaba en el suelo, casi sin fuerzas, le dieron el disparo de remate. Él alcanzó a agarrarle el arma al delincuente porque tenía la quemadura del fogonazo en una de sus manos. Guillermo nunca se identificó como policía. Es muy probable que el que lo mató no supiera que mataba a un policía", confió otra fuente consultada.

Quién era

Morgans era oriundo del departamento San Javier. Había ingresado a la policía en 1990 e inició su carrera en el Unidad Regional I (Santa Fe) donde desempeñó tareas en varias comisarías. También cumplió funciones en la Unidad Regional III (departamento Belgrano) para llegar a Rosario en 1995. Aquí ocupó cargos en las comisarías 10ª y 7ª, fue Inspector de la 2ª Zona, se desempeñó en la Brigada de Orden Urbano, en Leyes Especiales y en Seguridad Personal. El 23 de febrero de 2013 fue nombrado jefe de la Agrupación de Unidades Especiales (incluye Homicidios, Investigaciones y Sustracción de Automotores).

   Este diario intentó dialogar con integrantes de la familia Morgans pero nadie aceptó hablar. "Para ellos todo esto es una tragedia. Creo que ni entre ellos hablan del tema", explicó una vecina del barrio donde siguen viviendo la viuda y uno de sus hijos.

   "Cuando pasó todo esto Guillermo estaba más temeroso por sus funciones que de ser asesinado. No tenía miedo. Ya se había enfrentado a la muerte dos veces: una cuando era jovencito y lo quisieron robar en villa La Lata y le dieron un puntazo; y en la época de los saqueos le pegaron un tiro. Él tenía miedo a que le cortaran la carrera, a no poder ascender. Cuando lo mataron le faltaban siete años para retirarse. Hoy podría ser jefe de policía de Rosario o de la Policía de Investigaciones (PDI). El temía porque algún recelo interno le frustrara un ascenso y en la policía siempre hay recelos. Por esos días estábamos en el cambio de paradigma investigativo. Se disolvió Agrupaciones Especiales y se puso en funcionamiento la PDI", explicó un policía que se definió como "amigo" del comisario muerto.

Cambios en la fuerza

De hecho, una semana después del asesinato de Morgans el gobierno provincial anunció esos cambios y un centenar de investigadores de la AUE fueron entrevistados por fiscales que evaluaron sus competencias y examinaron sus legajos. La mayoría pasó a la PDI.

   El martes 10 de junio de 2014, cuatro meses después de la entrada en vigor del nuevo sistema penal en Santa Fe, Morgans salió pasado el mediodía de jefatura en una Toyota Hilux negra. Pasó por un mecánico para un breve chequeó al vehículo y siguió hacia el negocio de su hijo, en Rodríguez al 200. Llegó poco antes de las 15. Poco después era asesinado por dos maleantes.

   Las imágenes que se tiene de los matadores son difusas a partir de una cámara de vigilancia del Colegio San Patricio. A la escena del crimen llegaron el entonces Fiscal Regional Jorge Baclini y los fiscales de Homicidios Dolosos Adrián Spelta, Miguel Moreno, Ademar Bianchini y Florentino Malaponte, quien quedó a cargo de la investigación.

   Un año después del crimen se hizo público un identikit a mano alzada de uno de los agresores. Tras ello los investigadores allegados a la pesquisa indicaron que se siguieron alrededor de una decena de líneas de investigación, se realizaron una veintena de allanamientos y media docena de reconocimientos de persona, todos negativos.

   Pero hasta hoy el crimen sigue impune y se pide a quienes puedan aportar datos que lo hagan en la Fiscalía Regional 2ª, a los teléfonos 341-2526363 o 4721898/99.

Cuando el crimen no paga

Por Ricardo Canaletti 26 de agosto de 2011 0:41
(El caso de Sebastián Pira)

Venía a todo lo que da. A 100 kilómetros por hora. No, a 110. No a 120. No a 130. El Ford Galaxy iba suspendido por la calle Salta, en Rosario. ¡Dale, dale… A que lo hago volar… Dale, dale…! El mundo a sus pies o debajo de sus pies. ¡Dale, dale…! Era de noche. Una cuadra la pasaba en unos segundos, y la otra en unos segundos, y así. Eran las primeras horas del 2 de marzo de 1997. ¡Dale, dale… pisá el fierrito del acelerador…! La calle Salta es puro aire… Salta y la que viene Oroño, una más en la infinidad de cruces y bocacalles que venía dejando atrás. ¿Quién puede saber cuándo pasará el rayo? ¿Quién puede ver el bólido venir a 130 kilómetros por hora? Es imposible que las chicas que cruzaban la calle lo vieran. A esa velocidad no se está y al milisegundo siguiente está encima. La velocidad hace aparecer cosas inexistentes.

La primera chica, María Celeste Haiek, de 22 años, murió con el golpe del auto contra su cuerpo, dislocado como si fuera una muñeca. Pero su amiga, Daniela Caruso, de 16 años, que cruzaba con ella, no. A ella le pegó el bólido pero quedó viva y enganchada en el capó del Ford Galaxy… ¡La vio… Sí, el conductor la vio! ¡Pará! Pero el conductor no paró. Siguió con la chica de 16 años sobre el capó, y siguió a más velocidad todavía. No pisó el freno sino el acelerador. ¡Pero la va a matar! En la esquina de Balcarce frenó de golpe. Daniela cayó por fin al pavimento. Bueno, ahora el conductor se va a bajar… No. No. Calculó y la pasó por encima con el Ford Galaxy. Daniela finalmente murió.

Hasta el momento que le pasó con el auto por encima a Daniela el conductor tenía la posibilidad de ser tratado como un automovilista temerario, un caso de imprudencia criminal extremo. De hecho eso es lo que dirían sus abogados. Pero en el preciso momento que decidió frenar con el propósito de que Daniela cayera y después acelerar y pasarla por encima, abrió la posibilidad de alegar en su contra que cometió homicidio intencional. Es decir, que la quiso matar. El final de esta tragedia fue digno de su comienzo: el conductor escapó del lugar a toda velocidad.

El conductor tiene nombre y apellido, Sebastián Rodrigo Pira.Tenía entonces 21 años.

Horas después Pira y, como no podía ser de otra manera, un abogado, se presentaron en la seccional 3ª de Rosario. Bien descansado, bien peinado, bien asesorado, con cara de circunstancia. Y pasó lo que tenia que pasar o, mejor dicho, lo que los estrategas puestos al servicio de Pira, un muchacho de familia acomodada, habían pensado. Por la muerte de María Celeste Haiek, Pira fue procesado por el juez Correccional Edgardo Bistoletti como autor de homicidio culposo, es decir imprudente, cometido sin intenciòn directa de provocar la muerte. ¡Venía a 130 kilometros por hora por una calle… No tuvo intención!

Sin embargo a Pira se le complicó la cuestiòn cuando este juez entendió que el caso de la otra chica, Daniela Caruso, no podía considerarse una imprudencia y dijo que el delito debía ser homicidio simple. Como los jueces correccionales no tienen facultad para intervenir en delitos graves como un homicidio simple (de ocho a 25 años de cárcel es la pena prevista), dividió el expediente y envió la parte correspondiente a la muerte de Daniela al juez de instrucción penal Osvaldo Barbero.

Las circunstancias volvieron a ser favorables para Pira. Barbero, de criterio más conservador con los casos de muertes en tránsito, consideró que los dos casos eran de homicidio culposo o imprudente.Pues bien, flor de lío. Qué se hizo entonces, pues se mandó todo el asunto a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, superior de los dos jueces, para que resolviera. Y este tribunal entendió que Pira debía ser juzgado por la figura más grave, es decir homicidio simple de Daniela Caruso, que no permite, ni entonces ni ahora, la excarcelación. Pero entre que uno decide, el otro le contesta y un tercero resuelve finalmente se fueron dìas, semanas, meses y el mismísimo Pira, que desapareció.

Pasó 1997, 1998, 1999, 2000. Nadie sabe qué fue de él durante esos años. En 2001, sin embargo, fue detectado por Interpol en el aeropuerto de Shiphol, en Amsterdam, a punto de abordar un vuelo rumbo a Tel Aviv, Israel. Lo detuvieron porque para ese entonces ya tenía captura internacional. Y comenzó un juicio de extradición, como corresponde. ¿Qué hicieron los holandeses con Pira? En el mientras tanto le dieron arresto domicliario. Claro, no tenían por qué conocerlo. Cuando un tribunal de la ciudad de Harlem dio vía a libre para su traslado a la Argentina, Pira volvió a escapar, “piró”.

Y así pasaron todos estos años. En 2004 prescribió el caso por la muerte de María Celeste Haiek. ¿Y por Daniela? Como el homicidio simple o intencional es más grave que el culposo o imprudente, el delito contra Daniela se persigue por un lapso de 12 años. En noviembre de 2009 el juez Barbero, aquél que no pensaba que lo ocurrido con Daniela fuese un homicidio intencional, declaró que el caso estaba prescripto, terminado, acabado, finito, kaput. El Estado no había movido un dedo en mucho tiempo y cuando lo hizo fue para mandar el expediente al archivo. Se abrió así la puerta para que Pira pudiera volver al país, si es que ya no lo había hecho.

A mediados de junio de 2009, es decir meses antes de que se firmara la prescripción, Celia, la hermana de Maria Celeste Haiek, estrenaban un servicio de internet en su casa. Como el domingo 28 había elecciones nacionales, le pidió a uno de sus hijos que buscara en el sitio oficial donde se exponía el padrón electoral. Se acordó que en una biblioteca guardaba una copia del expedientejudicial por la muerte de María Celeste y se le ocurrió buscar el DNI de Pira. Puso el número en el buscador de internet y vio lo que la administración de justicia no había visto. Apareció el nombre completo de Pira y el lugar donde debía votar: mesa número 949 de la Escuela Nº 43 Reino de España, ubicada en Ayacucho y avenida Guacurari, ciudad de Posadas, Misiones. ¡Tenía domicilio en Misiones!
Para figurar en el padrón electoral, Pira debió dar personalmente el domicilio meses antes de las elecciones, es decir cuando estaba vigente su pedido de captura. ¿Y? Y que esa informaciòn no fue obtenida por organismos de inteligencia ni de reconstrainteligencia ni de la Policía, nenos del juzgado, sino de Celia, una maestra, hermana de una de las víctimas de Pira. Celia, temblando, se comunicó con Felipe Caruso, el papá de Daniela. El dato se comunicó a la administraciòn de justicia que no hizo absolutamente nada. ¿Votó Pira en 2009?

“No lo quisieron buscar porque este chico es un privilegiado por el dinero”, dijo entonces Celia. “La prescripción de la causa, con la información de Misiones servida en bandeja y sin profundizarse, es una muestra más de la impunidad que hay a todo nivel. No sólo por nuestras chicas, en este país no hay castigos ejemplificadores, nenos para los que tienen dinero”, agregó.

Es posible que el escándalo que significa este caso, de principio a fin, pudiera provocar una profunda reflexión en los jueces de la Sala III de la Cámara de Apelaciones de Rosario. Allí fue a parar la apelación que hizo la fiscal Cristina Rubiolo, en desacuerdo con la prescripción del crimen de Daniela Caruso. En febrero de 2010, los camaristas resolvieron revocar lo decidido por el juez Osvaldo Barbero (el que había dicho, más de una decada atrás, que pasarle el auto por encima a Daniela luego de atropellarla y arrastrarla, no era homicidio intencional) y declarar que el caso no estaba prescripto.

Casi al mismo tiempo que la Cámara volvía a abrir el expediente, los familiares de las víctimas recibieron el dato de que Pira podía estar viviendo en una casa del barrio Fisherton. La Tropa de Operaciones Especiales de la Policía de Rosario allanó un domicilio en la calle Michetti al 7800, pero el prófugo no estaba.

El 2 de marzo pasado se cumplieron 14 años de las muertes de María Celeste y de Daniela. Es la misma cantidad de años que Pira lleva haciendo pito catalán. Hoy tiene 35 años. Quién puede saber si esas dos muertes han pesado alguna vez en su conciencia. El tipo hizo su vida igual. Habrá pagado por muchas cosas menos por las vidas de Marias Celeste y de Daniela.

Caso Morgans: un año de impunidad

En pocos días se cumple el primer aniversario del asesinato de uno de los jefes de la policía rosarina, en el negocio de su hijo. Para el fiscal fue el desenlace de un asalto, pero en derredor se murmuran dudas.

El comisario Morgans era jefe de Unidades Especiales cuando fue asesinado. (Angel Donzelli)

ESCRITA POR:

AGUSTÍN SHCOLER

El comisario Morgans era jefe de Unidades Especiales cuando fue asesinado.
En pocos días se va a cumplir un año del asesinato de Guillermo Morgans, el jefe de Agrupación de Unidades Especiales de la Unidad Regional II que fue rematado en el piso durante el asalto al kiosco y local de Pago Fácil de su hijo, en calle Rodríguez 219, en la tarde del 10 de junio de 2014. Aquél día, según la principal hipótesis, el hombre intentó resistir el robo y se tiroteó desde muy corta distancia con los supuestos ladrones; quienes, luego de matar al comisario inspector, se dieron a la fuga con una importante suma de dinero en su poder. Este es uno de los casos emblemáticos de los últimos tiempos. Pero, ante la falta de novedades en la investigación, brotan todo tipo de teorías conspirativas. El hecho quedó registrado en diferentes cámaras de seguridad de la zona y la Fiscalía asegura tener imágenes claras de los verdugos de Morgans; pero los asesinos parecieran haber desaparecido de la faz de la tierra.

Guillermo Morgans fue el más mediático de los uniformados de su generación; siempre de saco y corbata, sonriente, carismático, locuaz, atento a todo lo que pasaba a su alrededor. Tenía un manejo de las relaciones públicas que se resaltaba mucho por sobre el resto de sus colegas; conocía a todos los periodistas, los trataba por su sobrenombre y se encargaba de tener siempre algo para informar. Era la cara visible de la URII; entendía muy bien su función y la realizaba en forma impecable. Según sus propias palabras, tenía más enemigos que amigos. Muchos de los policías que fueron contemporáneos a él, en off, admiten que Guillermo nunca fue querido por los miembros de la fuerza. Al momento de su asesinato, era uno de los hombres fuertes del Ministerio de Seguridad de la provincia.

El auto en el que Medina iba con su novia cuando ambos fueron emboscados.

Su nombre acabó de hacerse conocido en la ciudad por un asunto delicado y en el momento más caliente: unas horas después de que el empresario narco Luis Medina fuera asesinado el 29 de diciembre de 2013, en el Acceso Sur, junto con su novia, Justina Fuster, a Morgans le encomendaron una polémica misión cuyo juzgamiento se definió en estos días por el nuevo sistema penal: la tarea de tomar a su cargo la notebook personal de Medina y llevársela a Santa Fe al por entonces secretario de Tecnologías de Gestión, Javier Echaniz, con el propósito de desbloquearla para “colaborar con la investigación”. Sin embargo, ese trámite hizo hervir la causa en un mar de suspicacias y sospechas acerca de lo que pareció toda una intromisión del Ejecutivo provincial en la incipiente pesquisa del homicidio más resonante de ese verano. Morgans estuvo en el ojo de esa tormenta y, se sabe, de los asuntos donde merodean intereses de narcotráfico, de mafia policial y de política, es difícil salir indemne.

Policías frente al negocio donde ocurrió el asesinato del inspector Guillermo Morgans. (Angel Donzelli)

A Morgans lo mataron el martes 10 de junio de 2014, en el kiosco de su hijo Franco, que está ubicado en Rodriguez al 200, casi esquina Salta. De acuerdo con la reconstrucción del hecho, llegó al comercio a eso de las 3 de la tarde en su camioneta Toyota Hilux color negra, estacionó en la vereda de enfrente y cruzó la calle para tomar unos mates en el negocio, como hacía casi todos los días. Pero, luego de unos minutos, mientras los Morgans conversaban, aparecieron dos muchachos, de unos 25 años, empuñando un par de armas de fuego.

Los recién llegados amenazaron a Franco y a su padre, y les exigieron que les entreguen la plata de la caja registradora. En el lugar funcionaba un Pago Fácil, y solía haber un importante volumen de dinero.

Las víctimas, sorprendidas, no tuvieron más remedio que obedecer a las demandas.

Mientras cargaban la plata en un bolso, los ladrones le ataron las manos a Franco con un alambre, a la altura de la espalda. Guillermo, mientras, se mostraba desafiante y en un momento determinado le dijo algo a uno de los asaltantes, quien reaccionó, le dio un culatazo en la cabeza al policía y se lo llevó a un cuarto trasero del local.

Hasta este punto de la historia es que los investigadores tienen datos certeros. No se sabe bien lo que pasó en el fondo del kiosco del barrio de Pichincha, pero sí el desenlace: Guillermo Morgans sacó su arma reglamentaria y comenzó a tirotearse con los recién llegados, según declaraciones de Franco, desde una distancia menor a los dos metros.

Como resultado de la balacera, el comisario recibió tres tiros: uno en el omóplato, otro en el hombro y el tercero en la cabeza. A su vez, la autopsia determinó que tenía una quemadura en una de sus manos. “Creemos que Guillermo le agarró el arma a uno de sus agresores y desató la balacera;”, señaló un investigador, quien agregó que el tiro que recibió Morgans en el cráneo fue a modo de remate.

De acuerdo con el arqueo realizado en el kiosco de Franco, los ladrones se llevaron 90 mil pesos en efectivo.

El esclarecimiento del hecho quedó a cargo del fiscal de Homicidios Dolosos Florentino Malaponte, quien rápidamente solicitó a los uniformados que tiene a su cargo que recolecten las imágenes captadas por todas las cámaras de seguridad de la zona, a la espera de dar con los asesinos.

En base a estas pruebas, Malaponte pudo determinar que los asaltantes llegaron al lugar a pie y se escaparon de la misma forma. Que contaban con dos mudas de ropa y descartaron una a pocos metros del kiosco, algo que comúnmente se realiza en este tipo de ilícitos. Luego, desaparecieron de la escena del crimen.

“Desde el primer momento se dudó de la teoría del robo. Pero los asesinos no estaban siguiendo a Morgans; llegaron a pie, desde otro lado, rato después de que Guillermo ingrese al comercio. Se llevaron una importante suma de dinero y portaban revólveres, armas viejas que se suelen trabar y, por lo general, son utilizadas para amedrentar, no para asesinar a alguien”, explicó a Rosario Plus Florentino Malaponte.

Una semana después del homicidio, los investigadores ya contaban con imágenes claras de los verdugos del jefe de AUE; sin embargo, a casi un año de ocurrido, los uniformados que deben buscarlos, no los encuentran.

Un allegado al caso aseguró que el registro filmográfico del par de ladrones es tan preciso que cualquier persona, viéndolo un par de veces, podría reconocer a los hombres que mataron a Morgans caminando por la calle.

Sin embargo, el caso está estancado.

La mano dura de la injusticia

Un año sin David, un año sin justicia. Segunda parte.

Un recorrido por el tambaleante rol de jueces y fiscales a un año del asesinato de David Moreira. Poca investigación, cambios bruscos y un panorama por momentos desalentador de cara al futuro. Ante este escenario, sobresalen la movilización popular como actor fundamental  en la búsqueda de justicia y el poder político en un año electoral con un silencio que dice mucho.

Foto: Juliana Faggi para Cooperativa La Brújula

Por Martín Stoianovich

A partir del asesinato de David Moreira, la causa judicial por el hecho fue atravesando distintas etapas con varios altibajos que llevaron a que hoy, a un año del crimen, no haya ni un detenido de los aproximadamente cincuenta protagonistas de la brutal golpiza. El rol de los medios de comunicación, la presión de los sectores sociales que defienden la llamada “justicia por mano propia”, y un poder judicial ajustado a sus reclamos, llevaron a lo que desde la defensa de la familia Moreira consideran un retroceso en la causa. En contraposición, el compañero de David fue condenado en juicio abreviado por el robo de la cartera. Comienza a hablarse de impunidad, y del peligro que implica para la sociedad la posibilidad de que un crimen de semejantes dimensiones no tenga condenados.

Fue el 28 de marzo de 2014, tres días después de la muerte de David, cuando sus familiares y amigos se desplegaron frente a la puerta de Tribunales Provinciales por primera vez. Pancartas y carteles reflejaban el pedido de justicia por el crimen del joven. “¿Cómo van a acariciar a sus hijos o mirarlos a los ojos las personas que mataron a David?, ¿Cómo van a poder dormir tranquilos sabiendo que mataron a alguien?”, preguntaban en voz alta aquel día. Estuvieron hasta pasadas las dos de la tarde esperando que el fiscal de la causa, Florentino Malaponte, los atendiera en el local del Ministerio Público de la Acusación. Después de algunas horas, el fiscal sólo explicaba que se contaba con algunos probables testigos que podrían dar su testimonio. Lorena, madre de David, mostraba preocupación por no poder acceder a un abogado particular debido a las dificultades económicas de la familia. Por entonces, se hacía cargo de la defensa de los Moreira  un abogado del Centro de Asistencia Judicial (CAJ).

El CAJ apareció en escena como una de las oficinas creadas a partir de las reformas enmarcadas en la nueva Justicia Penal, que el gobierno santafesino inscribió como un logro en su agenda política. Si bien se habló del nacimiento de una justicia más inclusiva e igualitaria, el tiempo demostró que las falencias persisten. Habían pasado dos meses del crimen de David y la causa no mostraba ningún punto positivo en la investigación. El acompañamiento a la familia Moreira por parte de las organizaciones sociales sirvió para comprender la necesidad de formar una querella que impulsara la investigación. Fue así que el abogado Norberto Olivares se constituyó como representante de Lorena y se topó con un complicado panorama: no sólo no había querellantes sino que la causa por el asesinato de David estaba unificada al intento de robo.

“Desde un punto de vista clasista la justicia es un territorio al cual tiene la posibilidad de acceder una parte determinada de la sociedad, y por esas limitaciones Lorena no tenía noción de lo que estaba pasando en la causa”, explicaba por aquellos días Olivares. Para el letrado, el Estado provincial está convencido de que David era un delincuente y por lo tanto su historia debe juzgarse desde esa óptica. “El día que nos constituimos como querellantes, la causa estaba caratulada como Ducca, sobre tentativa de robo. Esa es la visión del Estado, no es un accidente ni un error de caratula”, argumentaba Olivares. Ducca es el apellido de Isaías, el chico que estaba con David antes que se desatara la tragedia. Se pidió que la causa se separara y así Ducca fue condenado a 3 años de prisión en suspenso luego de un fugaz proceso de 87 días. En ese lapso, los avances por el asesinato de David siguieron siendo una utopía.

La querella tuvo acceso al expediente recién a principios de junio, y fue entonces cuando se propuso citar a la persona que aquel día había llamado al 911 para reportar la agresión a David. Fue ese testimonio el que aseguró que muchos de los agresores solían frecuentar el Club Deportivo y Social Amistad y Unión, que tiene sede a metros de donde David fue golpeado. Otro material al que se tuvo acceso, es el video difundido por internet a través del sitio Youtube, donde se muestran nueve segundos de la golpiza.  En dicho fragmento se lo puede ver a David en un frágil intento de resistencia ante dos personas que lo rodean y por medio de golpes y gritos lo obligan a quedarse tirado. Según Olivares, esa toma pertenece a los momentos finales de la agresión.

Mediante esta prueba, se pudo fortalecer la hipótesis que vincula a los agresores con el club vecino al lugar donde David fue atacado. Una meticulosa investigación por las redes sociales y el testimonio de algún vecino, fueron las  bases de la investigación para que lo visto en el video coincidiera con la información recabada sobre los posibles sospechosos. El resultado también convencía al fiscal Malaponte, que entonces determinaba la realización de allanamientos en barrio Azcuénaga.

Fue el 23 de septiembre, en un procedimiento policial matutino, cuando fueron detenidos dos jóvenes por presunta vinculación al hecho, Nahuel Pérez y Gerardo Gutiérrez, de 27 y 28 años respectivamente. También fueron secuestrados celulares, computadores, ropa y otros elementos que podían servir de pruebas. Días después, Malaponte explicaba en rueda de prensa que la jueza Roxana Bernardelli había dictado prisión preventiva por cuarenta días para los detenidos. Por entonces, eran acusados de homicidio agravado, por lo cual la  pena podía alcanzar la prisión perpetua. “Hubo ensañamiento, básicamente por lo que informa la médica que hizo la autopsia, que señala la existencia de múltiples golpes y no de un golpe mortal. No podía haber tenido otro resultado que no sea la muerte”, decía Malaponte mientras aseguraba que por la figura de ensañamiento se estaba investigando a otras personas que podrían correr la misma suerte.

La detención de los sospechosos del asesinato despertó en sectores de la sociedad la bronca y la desilusión de quienes habían destilado alegría y conformidad cuando circulaba la notica de la muerte de David. Incluso en barrio Azcuénaga se organizaron marchas y cortes de calle para pedir por la liberación de los detenidos. La misma masa que tomaba forma aquel 22 de marzo para pasar del reclamo de “justicia y seguridad”, a la “justicia por mano propia”, volvía a mutar para convertirse en una masa que ahora pedía que la justicia no actúe. Malaponte era señalado de “antipueblo” en una página de Facebook llamada “Yo apoyo la justicia por mano propia”, en donde se difundía su foto con todos sus datos personales amenazando con un escrache a la puerta de su casa.

Pero los aparentes avances en la búsqueda de justicia por el crimen de David quedaron truncos sobre finales de 2014. Luego del cumplimiento de los cuarenta días y de una breve prórroga de prisión preventiva, la jueza Bernardelli otorgó prisión domiciliaria sin plazos a ambos acusados. Malaponte, por su parte, solicitaba que la calificación legal cambiara de homicidio calificado a homicidio en agresión, lo que implicaría una notable disminución en caso de una probable pena. Quizás la presión social,  y política tal vez, hizo que la justicia torciera el brazo nuevamente a favor de sus intereses de clase. “Vamos a ir a un juicio en un año electoral, y no se va a generar una actitud de fuerza y guerra judicial contra un linchamiento que viene de la clase media en la que se disputan los votos”, anticipaba Olivares por entonces.

Sobre comienzos de 2015, continuó la serie de medidas a favor de los acusados. Entre los últimos días de febrero y los primeros de marzo, la Cámara Penal revocó la prisión domiciliaria de ambos aunque se aclaró que continúan vinculados a la causa. El juez que tomó la medida es Daniel Acosta, que en su fallo explicó: “Todo exacerba la violencia propia del capitalismo y el hecho no es otra cosa que un subproducto del mismo”.

Mientras el análisis estructural que hace el magistrado intenta en cierta manera justificar el accionar de los dos agresores implicados, Norberto Olivares por su parte propone otra mirada contextual sobre los acontecimientos. “Está cada vez más rota la idea de comunidad, y cada vez más fuerte la idea del consumismo, del egoísmo, del individualismo. Personas que toman identidad a través de las cosas. Trabajadores precarizados que asesinan a otro trabajador precarizado. Hay que plantear que los defensores del libre mercado y la libertad individual nos han llevado a esto”, analiza el abogado querellante.  A su vez, apunta el análisis y la crítica haciendo referencia al Nuevo Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe. La reforma en el poder judicial que en su teoría busca ser igualitario y accesible, según el letrado, no surtirá efectos sustanciales en tanto no se planteen reformas estructurales en la sociedad. Así lo explica: “Se establece una pauta normativa que supuestamente es igualitaria para dos partes que económica, social y culturalmente son asimétricas y eso se ve en el proceso. Es una gran mentira”. Es decir, no habrá justicia igualitaria en una sociedad desigual en todos sus sentidos.

Actualidad de la causa y la importancia de la movilización popular

Desde aquella primera marcha a los Tribunales Provinciales, organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos acompañaron a la familia de David en sus reclamos. Actividades culturales, intervenciones artísticas en alusión al tema, e incluso una movilización al mismo punto del barrio Azcuénaga donde el joven fue atacado, son algunas de las actividades que se realizaron en este año. “No puede quedar este lugar como el de un asesinato salvaje y cobarde, sino que hay que transformarlo en un espacio de reclamo, justicia y lucha contra la impunidad”, reflexionaba Olivares aquel 25 de agosto, a cinco meses del hecho, en la misma esquina de Marcos Paz y Liniers.

Aquella movida fue, sobre todo, una respuesta a la recomendación que el fiscal había hecho a la familia Moreira, al solicitar que no se hicieran movilizaciones argumentando que no colaborarían con la investigación. Sin embargo, es sabido que el seguimiento de las distintas organizaciones sobre los reclamos de justicia, muchas veces son los motores fundamentales para que las causas no se estanquen. Luciano Arruga, Franco Casco, Mercedes Delgado y el Triple Crimen de Villa Moreno, son los ejemplos más cercanos.

Pero el paso del tiempo en este primer año transcurrido desde la muerte de David demostró, mal que pese, que la causa judicial retrocedió a medida que iba decayendo la movilización popular. También influyó que los padres del joven decidieran exiliarse del país, atosigados por el castigo social que recae sobre su hijo y también sobre ellos mismos. Estos detalles no son el motivo principal del presente de la causa, pero sí dieron lugar a la presión de sectores conservadores de la sociedad y a la tibieza del poder político y judicial para que hoy exista una visible desventaja. Quienes continúan ligados a la causa, remarcan la importancia de que vuelva a hacerse fuerte el acompañamiento de diversas organizaciones.

Respecto de la causa, Olivares explica que las últimas medidas tomadas por la justicia en torno al caso, no desvinculan a los implicados porque existe material probatorio. “Si se consiguen pruebas contundentes, la prisión preventiva sería definitiva y efectiva hasta que se constituya el juicio. Se sigue trabajando en la investigación y exigimos al fiscal que promuevan pruebas”, explica. La calificación de la causa continúa siendo “homicidio agravado”, más allá del pedido de la Fiscalía de que se cambie a “homicidio en riña”.

El pasado 19 de marzo, en una audiencia informal con el fiscal Malaponte y el fiscal Regional Jorge Baclini, el abogado querellante expresó la negativa al cambio de calificación. “Planteo el no agotamiento de la colecta probatoria, considero que hacen falta más pruebas”, explicó Olivares además de criticar el rol de la fiscalía, comparando el “rigor investigativo” con la causa Ducca. Por otra parte, el letrado insiste en que las pruebas demostrarán que no hay cabida para la figura de “homicidio en riña”, puesto que existe convergencia intencional, es decir que los agresores de la víctima actuaron bajo el concreto y violento objetivo de atacar al joven sin medir las consecuencias. Por este motivo, también existe la posibilidad de calificar el “homicidio preterintencional”, donde quizás no se tiene la intención de matar pero sí existe conocimiento sobre el riesgo de muerte que implica un accionar desmedido de estas características. Esta figura podría acarrear una condena que va desde los 8 a 25 años.

En las próximas etapas, se buscarán reforzar las pruebas para que no haya lugar al cambio de carátula. Para ello se hará una reconstrucción fílmica y se tomará declaración a nuevos testigos, entre el avance de otras pruebas de gran importancia para la querella. El video continúa siendo una pieza fundamental en la que se ve cómo uno de los agresores, que podría ser uno de los actuales imputados,  da patadas en la cabeza a David. Teniendo en cuenta que la autopsia indicó que la causa de muerte fue politraumatismo craneal como consecuencia de dichos golpes, podría convertirse en una prueba clara de camino a la justicia.

Mientras tanto, se continúa poniendo énfasis en la necesidad de volver a masificar el reclamo por justicia por dos motivos: para que el crimen de David no quede impune, y para que dicha impunidad no permita la repetición de hechos similares, que ya ha tenido replicas en este último año. Al cumplirse el primer aniversario del asesinato, familiares y organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos convocan a una movilización y jornada cultural en las puertas de Tribunales Provinciales para el próximo lunes 30 marzo.

Relato de un crimen

Un año sin David, un año sin justicia. Parte I.

Se cumple un año del brutal asesinato de David Moreira a manos de un grupo de vecinos de barrio Azcuénaga que continúan impunes. Una reconstrucción de los hechos principales a través de las palabras de Lorena Torres, madre del joven, y Norberto Olivares, abogado querellante en la causa judicial.

Foto: Facebook La Garganta Poderosa

Por Martín Stoianovich

Es un día más de marzo. Transcurre pleno horario de la siesta de un sábado que cae 22 en el calendario y cuya única atracción pareciera ser el partido que Rosario Central va a jugar contra All Boys a las siete de la tarde en el Gigante de Arroyito. En el barrio Empalme Graneros, de la zona noroeste rosarina, David se despide de su madre diciéndole que va a comprarle un regalo al hijo de un amigo que está cumpliendo su primer año de vida. Ella lo acompaña hasta la puerta y en ese cruce de miradas cotidianas no percibe que es la última vez que se mirarán a los ojos. Él tampoco. Le da un beso y le avisa que vuelve enseguida, para ayudarla a ordenar la casa y tomar algunos mates.

- Lorena, es raro que se haya ido sin decir a dónde iba.

Pasa el rato y uno de los amigos de David le responde a la madre del pibe, que ya salió a buscar a su hijo al notar que todavía no volvió. David siempre avisa a dónde va, dónde está o cuando no vuelve, y a Lorena le parece raro que no tenga señales suyas y que además sus amigos con los que se junta en el kiosco de la cuadra no sepan nada. Piensa que quizás se fue a la cancha a ver a Rosario Central, pero le parece raro que no haya avisado.

David trabaja de lunes a viernes como peón de albañil en unas construcciones de casas de fin de semana en las localidades vecinas de Roldán y Funes. Se levanta muy temprano y va en bicicleta hasta la casa del patrón que lo lleva en auto a él y sus compañeros hasta el lugar de trabajo. Aunque fue buen alumno, ya dejó la escuela. Aunque la rompía con la pelota en los pies, ya descartó la posibilidad de jugar en un club de Buenos Aires que estaba interesado en llevárselo. Lorena dice que hizo todo eso porque no se quiere alejar de la familia y porque quiere ayudarlos con un sueldo más para que a sus hermanos no les falte nada, aunque ella asegura que siempre vivieron dignamente. Lorena cuida a un nene y Alberto, padre de David, es vendedor ambulante. No les gusta que el pibe no termine la escuela, pero se esperanzan en que va a haber tiempo para retomar.

David, que desconoce de la preocupación de su madre, está dando vueltas con su amigo Isaías, de 21 años. Van en una moto Honda Guerrero de 125 centímetros cúbicos que conduce Isaías. Llegan hasta barrio Azcuénaga, cerca de cinco kilómetros desde Empalme Graneros hacia el oeste de la ciudad, y siguen por la tranquilidad de sus calles. Son cerca de las cinco de la tarde y el calor es insoportable. Por la vereda que tiene sombra viene caminando una chica de 21 años junto con su bebé en brazos. Está sola y la cuadra aparentemente también. Los pibes a bordo de la moto cruzan algún diálogo, frenan y baja David, que encierra a la chica contra la pared y le pide la cartera. Entre los tironeos y forcejeos, la muchacha grita, el arrebato es un fracaso y los primeros vecinos empiezan a asomar sus narices por las ventanas.

Isaías grita. Le pide a David que se suba a la moto, que ya fue, que viene gente.  David intenta un poco más, se resigna ante la resistencia de la joven y se sube a la moto. No llegan a salir porque una camioneta Fiorino color natural los embiste desde atrás. Los pibes terminan en el piso, se levantan y salen corriendo mientras el conductor del auto los amenaza con un palo en la mano y otro grupo de personas empieza a perseguirlos. Isaías encara para el oeste y David corre por calle Liniers. Se separan y no se ven más. Isaías logra escapar y a David lo alcanzan cuatro jóvenes que lo tiran al piso y le dan los primeros golpes a metros del Club Deportivo y Social Amistad y Unión. No hay presencia policial por ningún lado. Son las cinco de la tarde, el sol está empinado sobre Rosario. A David le arde el pavimento caliente y le duelen las primeras patadas en sus piernas, sus brazos, su torso y su cabeza. Está asustado, intenta huir, se levanta y lo tiran. La escena se repite y David no pude escapar, no puede moverse y ni siquiera escuchar los insultos, reproches y condenas sin juicio que recaen sobre él y su intención de arrebatar una cartera.

El minutero del reloj da diez vueltas y David sigue recibiendo patadas. Ya hay alrededor de cincuenta personas. Algunos filman, otros insultan y otros gritan que paren. La mayoría se acerca a golpear al pibe que ya no puede ni pensar en salvarse. Ya no puede pensar en nada. Personas que circulan en auto se bajan y hacen lo suyo dejando una patada en la cabeza de David antes de seguir su marcha. De repente, ya con el chico en estado crítico, uno de los agresores levanta la moto y la empuja sobre su cuerpo. Cuando la golpiza amaina y David queda tendido, ya inconsciente, llega la policía tarde para prevenir y tarde para encontrar un responsable. El silencio reina en el lugar y, para quienes todavía están ahí, si hay un culpable de algo es ese pibe que nadie conoce y está tirado en el piso con la cara bañada en sangre.

El oficial de la policía se lleva a la Comisaría 14 a la joven que sufrió el intento de robo. Ella está shockeada, vio todo pero no puede reconocer a David. No sabe si ese pibe que le intentó arrebatar la cartera es el mismo que agoniza en el suelo veinte minutos después. Al rato, luego de hacer la denuncia vuelven al lugar. David sigue tirado en el suelo y esta vez la chica sí lo reconoce.

Pasan las cinco y media de la tarde y después de que uno de los oficiales llamara tres veces a la emergencia, llega una ambulancia que traslada a David. Todavía respira, levemente. También Lorena respira, pero cada vez más rápido. Sigue sin saber dónde está su hijo, y no puede hacer ningún llamado de teléfono desde su casa, porque se está arreglando la línea y todo el cablerío está cortado. Se cruza a lo de una vecina de enfrente y le pide prestado el teléfono. Llama a comisarías y hospitales. Su vecina dicta lo números, ella marca y recibe siempre la misma respuesta: no hubo ningún procedimiento policial, detenido o traslados a hospitales que referencien a un tal David Moreira de 18 años. Cuando Lorena marca el número que comunica con la Comisaría 14, una voz al teléfono le dice que la única novedad es un ene-ene que fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

El llamado al hospital es el siguiente paso. Le dicen que no creen que el ene-ene sea David porque aparenta más de 25 años. Pero Lorena sabe de intuiciones de madre e insiste en detallar cómo está vestido David. Tiene una bermuda, una remera clarita y unas zapatillas azules. La voz de la persona que atiende el teléfono cambia y después de un silencio le dice a Lorena que no puede asegurar que sea su hijo, pero que de todas maneras se acerque al hospital. Lorena llora, está asustada. Llama a su marido, para avisarle lo que está pasando, él se va a la 14 para averiguar qué ocurrió. Mientras, un vecino se solidariza y se presta para llevar a Lorena al hospital. Ella agarra a sus dos hijos más chicos y al pequeño que cuida como niñera y suben al auto.

Una vez allí le dicen que llegó un pibe herido. Primero dicen que fue trasladado por el comando radioeléctrico, pero después le afirman que había sido en ambulancia. Ahora el pibe está en el quirófano, en plena operación. Nadie sabe qué pasó ni cómo está David, y Lorena se desespera ante tanto silencio. Pero ya no está sola, ahora su marido la acompaña y cuando le dan permiso ingresa él a ver a su hijo. A Lorena no la dejan.

Alberto entra, lo ve y no lo reconoce. No está seguro de que ese pibe que está ahí acostado, sea el mismo que hace dieciocho años ve crecer en su casa. Su rostro esta inflamado, hinchado y rojo, realmente irreconocible. Pero el tatuaje en el tobillo es el mismo que tiene su hijo. Son las iniciales de sus hermanos, que dejó en tinta en su piel cuando cumplió los dieciocho. Ahora sí, Alberto asegura que es David, y le responden que está muy grave y que será trasladado a terapia intensiva.

Son la una de la mañana. El hospital está casi vacío y el movimiento es poco. Al fin le permiten a Lorena ver a su hijo. Ahora, las lágrimas de desconcierto y duda pasan a ser de certeza, tristeza y miedo. Le dicen que es muy difícil que sobreviva.

De repente una mujer policía se le acerca, se identifica como personal de la Comisaría 14 y le pide los documentos de David.

-  Su hijo está involucrado en un hecho de robo.

- …

- Se va a quedar con custodia policial.

El silencio de Lorena es producto del asombro. No puede entender  cómo es que su hijo está acusado de robar, ni por qué está en ese estado, y mucho menos puede comprender cómo es que tendrá custodia policial una persona que está en un estado de gravedad extrema. Lorena pregunta a la oficial que pasó con su hijo pero las respuestas siguen sin aparecer.  Sólo le dicen que es inútil que se quede en el hospital. Le recomiendan que se vaya a descansar y que cualquier novedad sería informada. Ya es de madrugada. Lorena pasa a buscar a su hija por la casa de una amiga y  junto a los demás chicos vuelven al barrio. Los horarios de visitas serán por la mañana y en las últimas horas de la tarde.

El domingo de la familia Moreira es atípico. Están en el hospital cuando se arriman tres oficiales de la policía y se identifican como parte del juzgado.

- Debemos tomarle declaración al detenido.

- Mi hijo está internado, en coma crítico y con respirador.

La expresión en el rostro de Lorena demuestra el descontento típico de la falta de respeto. Los oficiales se disculpan y ni siquiera entran a la habitación donde está David para verificar lo que cuenta su madre. Le toman declaraciones a ella y se marchan.

Afuera, los medios de comunicación dejan de hablar del triunfo de Rosario Central en el partido del día anterior. Ahora las primeras planas las ocupa un hecho alarmante: la golpiza que un joven recibió por parte de una patota. Se empieza a hablar de linchamiento y de justicia por mano propia a la vez que se prioriza en informar que se trata de un supuesto ladrón. La mayoría de los comentarios en los sitios web de noticias le desean a David una pronta muerte.

En las redes sociales, en una página de Facebook llamada “Indignados Barrio Azcuénaga” los usuarios se contentan con el hecho y celebran el accionar de los vecinos del barrio. Acaso sienten que hicieron justicia y eso es motivo de orgullo. Muchos relatan sus posturas y dejan en claro que estuvieron presentes. “Fue a las 17 horas de un día soleado; después vino la ambulancia, retrasada porque una desubicada la llamó pero por suerte otro vecino llamó para cancelarla. Igualmente una hora más tarde cuando llegó la policía la volvieron a llamar pero por suerte había pasado demasiado tiempo como para ayudarlo”, describe un usuario a través de su cuenta.

Luego de la operación, en la que se hace todo lo posible, David continúa peleando por su vida. Los golpes más graves son los que tiene en la cabeza. Pero la batalla comienza hacerse insostenible y el martes 25 de marzo muere en la cama del hospital después de tres días sin ningún tipo de mejoría. La causa de su muerte es politraumatismo craneal, provocada por todas las patadas y golpes que recibió en su cabeza e incluso le ocasionarían pérdida de masa encefálica. Al tiempo se conocerían otros datos: David no tenía antecedentes, no estaba armado en el momento del hecho y sus órganos serían donados a siete personas que estaban en lista de espera.

Un año sin David, un año sin justicia. Parte IIa>
Un año sin David, un año sin justicia. Parte IIa>

Sandra Cabrera

El principal rufián es la policía

El asesinato de la secretaria general de la filial Rosario de AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina), Sandra Cabrera, el 27 de enero de 2004, es un crimen, uno más, en el que las sospechas recayeron de inmediato en la policía. La reacción gubernamental y la de cierto activismo social indicarían una circunstancia favorable para que algo cambie en la tradicional relación entre poder, policía y proxenetismo.

La muerte violenta de mujeres que ejercen la prostitución se asocia habitualmente con "los gajes del oficio", un "oficio" que el grueso de la sociedad considera al mismo tiempo indispensable, o al menos inevitable, pero a ocultar. Pero en el caso de Sandra Cabrera, en cuyo empuje militante y coraje personal insisten todos quienes la conocieron, la modalidad del asesinato (un tiro disparado por una pistola calibre 32 apoyada en la nuca) y las circunstancias que lo precedieron lo convierten en posible catalizador para revertir una situación de abuso intolerable. En la mira estuvo de inmediato la policía: "Es el mayor proxeneta", acusó Elena Reynaga, secretaria general de AMMAR nacional ¹. En efecto, el asesinato fue la culminación de una escalada de amenazas y agresiones, respuestas a las reiteradas y precisas denuncias de Cabrera sobre extorsiones por parte de la policía a mujeres que ejercen la prostitución callejera, y sobre la responsabilidad policial en la explotación organizada de la prostitución en burdeles clandestinos, cuyos regenteadores prefieren terminar, por razones de competencia, con la prostitución a la vista o ejercida de modo independiente.

El gobernador de Santa Fe Jorge Obeid calificó el asesinato de la secretaria general de AMMAR Rosario como "un quiebre en la historia de la Provincia, que por su gravedad obliga al gobierno a encarar cambios estructurales en la fuerza policial y en la legislación" ². Obeid disolvió de inmediato la división Moralidad, cuya función era precisamente el control de la prostitución en la calle y en clubes nocturnos, y prometió revisar los artículos 83, 87 y 93 del Código de Faltas provincial (ver recuadro: "Códigos contravencionales"). En todo caso, resulta novedosa la rápida reacción del gobierno de la Provincia y la del gobierno nacional a través del ministro de Justicia Gustavo Béliz, que envió enseguida al secretario nacional de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, a Rosario. Novedosa habida cuenta de la indiferencia generalizada que rodeó, por ejemplo, las desapariciones y asesinatos de 32 mujeres, en su mayoría en ejercicio de la prostitución, en la ciudad de Mar del Plata, desde 1996 hasta la fecha, atribuidas durante años a un supuesto "loco de la ruta", que resultó ser un invento policial. Tres de esas desapariciones, investigadas por el juez Pedro Hooft, llevaron a una red constituida por civiles y policías que explotaba a las tres mujeres, además de extorsionarlas con coimas a cambio de "protección" judicial.

También hubo una diferencia cualitativa, originada en cierta reacción pública, visible en las marchas que se realizaron el 5 de febrero en Rosario, la ciudad de Buenos Aires y Salta. Convocadas por AMMAR, estas marchas contaron con la presencia de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), donde se inscribe AMMAR, organizaciones de derechos humanos, de desocupados, estudiantiles, grupos feministas, partidos políticos. El documento leído en la marcha de Rosario asociaba el asesinato de Sandra Cabrera con la larga lista de crímenes impunes en esa ciudad que llevan el sello del involucramiento o el encubrimiento policial: "los asesinatos del 19 y 20 de diciembre, las víctimas del gatillo fácil, los presos incinerados en las comisarías", según el documento. Mabel Gabarra, coordinadora de INDESO Mujer (Instituto de Estudios Jurídico-Sociales de la Mujer) de Rosario, señala "un cambio en el tratamiento de la información" respecto de la habitual cobertura mediática de cuestiones policiales, cambio que se reflejó también en la opinión pública. Enrique Font, del Centro de Estudios e Investigación en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Rosario, tambien señala que "ha cambiado mucho la percepción pública, por el aumento del delito y por la fuerte capacidad de organización civil" en la ciudad.

Una vieja rutina

Pero el activismo social movilizado en Rosario ante el crimen de Cabrera recela de la posibilidad de que la policía se investigue a sí misma, suspicacia que lejos de disiparse va en incremento: la disolución de Moralidad no impidió que los miembros de esa división fueran reasignados dentro de la institución policial. El jefe de la policía rosarina, José Manuel Maldonado, a la cabeza de la comisión investigadora del asesinato, concentra múltiples acusaciones en la "historia de impunidad y violencia" que es la historia de la policía de los últimos 20 años. Respecto de los circuitos clandestinos de explotación de la prostitución que desarrollan sin sobresalto sus actividades, indisociables de la trata y tráfico de mujeres del exterior e interior del país (con alto porcentaje de menores explotadas), Maldonado se limitó a decir que clausuraría los locales no habilitados, sin entrar en la cuestión de cómo se logran esas "habilitaciones".

Un interbloque de oposición (socialistas, radicales y ARI), haciéndose eco del reclamo de la CTA, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, propuso la creación en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Provincia de una comisión investigadora independiente de 11 miembros, con participación de los partidos políticos con representación parlamentaria, para esclarecer el asesinato ³.

El 1 de noviembre de 2003 los medios nacionales se hicieron eco de la abierta acusación del presidente Néstor Kirchner contra la policía por su involucramiento en el delito. "En la mayoría de los secuestros extorsivos se ha encontrado involucrado personal policial", dijo. La acusación resultó sorprendente por provenir del Presidente mismo, no por su contenido, que desde hacía tiempo formaba parte de las convicciones colectivas, aunque no estén respaldadas por datos y cifras precisas. Pero mientras que los secuestros extorsivos y otros crímenes violentos intimidan e indignan fácilmente a la población, la relación de la policía con la explotación de la prostitución es una rutina que se remonta a los comienzos de la institución policial, y aunque oculta, sabida y aceptada. Albert Londres dedica el capítulo XVI de su Camino de Buenos Aires a "las resoluciones de la policía sudamericana con los cafiches nacionales e internacionales"; ya a fines del siglo XIX "los tratantes compran desde agentes de policía hasta altos funcionarios del gobierno..." según Rafael Ielpi y Hector Zinni; la "trilogía de la trata de blancas" denunciada por el comisario Julio Alzogaray se integra con los municipios, la policía y los rufianes ⁴.

El ex viceministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Sain, insistía en la "fuertísima connivencia policial y política" que tienen "secuestros, narcotráfico, robo de autos y prostitución" ⁵. También Enrique Font, de Rosario, establece una fuerte vinculación entre la recaudación policial ilegal y la financiación ilegal de la política: "Los entes encargados de la recaudación del denominado ‘dinero blanco', ‘la legal' o ‘la histórica' (denominaciones que oponen este dinero al ‘rojo', relacionado con crímenes violentos), son la división Moralidad y la seccional. Un comisario responsable de Moralidad o seccional ‘licita' su puesto, es decir, tiene que recaudar determinada suma semanal o mensual. Parte del dinero ingresa a la financiación política, a nivel de senadores o intendentes, según las dimensiones de la ciudad, y vuelve a bajar, incluyendo a integrantes del poder judicial. (...) Cualquier reforma pondría en crisis la propia financiación, o por lo menos reconfiguraría los recorridos del dinero ilegal", apunta Font, quien actualmente ve en el gobernador Obeid las mismas limitaciones con que tropezó su gestión anterior, cuando proyectaba reformas policiales que eran "cajoneadas" por los miembros de su partido, el Justicialista.

La acción de AMMAR y la reacción de organizaciones sociales y políticas registrada a partir de los hechos de Rosario marcan una ruptura y una conciencia social nueva respecto de la gravedad del delito de explotación de la prostitución, que figura en el Código penal. De acuerdo con el sistema abolicionista teóricamente vigente en Argentina, no es delito en cambio el ejercicio individual de la prostitución, que es precisamente lo que el sistema de "protección" policial impide, tanto en la calle como en privado.

"Sin participación de la sociedad no hay verdaderos cambios institucionales", opina Ana González, asesora en derechos comunitarios y género de la Secretaría nacional de Derechos Humanos. Abocada tradicionalmente a las secuelas del terrorismo de Estado, esta Secretaría quiere abrise a la multiplicidad de violaciones actuales de derechos humanos, entre las que reconoce las padecidas por las prostitutas por parte de explotadores y clientes, así como la trata, tráfico y la incorporación de niños y adolescentes a los circuitos clandestinos. En Santiago del Estero, la presencia de una delegación de esta Secretaría está dando lugar a una avalancha de denuncias que amenazan la continuidad del gobierno provincial. En Rosario, ¿podrá la combinación de una voluntad política gubernamental y la maduración del activismo social lograr una investigación que dé no solamente con los autores materiales del asesinato de Sandra sino también con sus mandantes?

1. Página/12, Buenos Aires, 28-1-04.
2. La Capital, Rosario, 29-1-04.
3. El Litoral, Santa Fe, 15-2-04.
4. Véase Albert Londres, El Camino de Buenos Aires, Legasa, Buenos Aires, 1991; Rafael Ielpi y Héctor Zinni, Prostitución y rufianismo, Ed. Encuadre, Rosario, 1974; Julio Alzogaray, Trilogía de la trata de blancas, Rosso, Buenos Aires, 1933.
5. Pagina/12, Buenos Aires, 29-11-03.

El caso de Sebastián Pira

Cuando el crimen no paga

Por Ricardo Canaletti

Viernes 26 de agosto del 2011 0:41

(El caso de Sebastián Pira)

Venía a todo lo que da. A 100 kilómetros por hora. No, a 110. No a 120. No a 130. El Ford Galaxy iba suspendido por la calle Salta, en Rosario. ¡Dale, dale… A que lo hago volar… Dale, dale…! El mundo a sus pies o debajo de sus pies. ¡Dale, dale…! Era de noche. Una cuadra la pasaba en unos segundos, y la otra en unos segundos, y así. Eran las primeras horas del 2 de marzo de 1997. ¡Dale, dale… pisá el fierrito del acelerador…! La calle Salta es puro aire… Salta y la que viene Oroño, una más en la infinidad de cruces y bocacalles que venía dejando atrás. ¿Quién puede saber cuándo pasará el rayo? ¿Quién puede ver el bólido venir a 130 kilómetros por hora? Es imposible que las chicas que cruzaban la calle lo vieran. A esa velocidad no se está y al milisegundo siguiente está encima. La velocidad hace aparecer cosas inexistentes.

La primera chica, María Celeste Haiek, de 22 años, murió con el golpe del auto contra su cuerpo, dislocado como si fuera una muñeca. Pero su amiga, Daniela Caruso, de 16 años, que cruzaba con ella, no. A ella le pegó el bólido pero quedó viva y enganchada en el capó del Ford Galaxy… ¡La vio… Sí, el conductor la vio! ¡Pará!Pero el conductor no paró. Siguió con la chica de 16 años sobre el capó, y siguió a más velocidad todavía. No pisó el freno sino el acelerador. ¡Pero la va a matar! En la esquina de Balcarce frenó de golpe. Daniela cayó por fin al pavimento. Bueno, ahora el conductor se va a bajar… No. No. Calculó y la pasó por encima con el Ford Galaxy.Daniela finalmente murió.

Hasta el momento que le pasó con el auto por encima a Daniela el conductor tenía la posibilidad de ser tratado como un automovilista temerario, un caso de imprudencia criminal extremo. De hecho eso es lo que dirían sus abogados. Pero en el preciso momento que decidió frenar con el propósito de que Daniela cayera y después acelerar y pasarla por encima, abrió la posibilidad de alegar en su contra que cometió homicidio intencional. Es decir, que la quiso matar. El final de esta tragedia fue digno de su comienzo: el conductor escapó del lugar a toda velocidad.

El conductor tiene nombre y apellido, Sebastián Rodrigo Pira.Tenía entonces 21 años.

Horas después Pira y, como no podía ser de otra manera, un abogado, se presentaron en la seccional 3ª de Rosario. Bien descansado, bien peinado, bien asesorado, con cara de circunstancia. Y pasó lo que tenia que pasar o, mejor dicho, lo que los estrategas puestos al servicio de Pira, un muchacho de familia acomodada, habían pensado. Por la muerte de María Celeste Haiek, Pira fue procesado por el juez Correccional Edgardo Bistoletti como autor de homicidio culposo, es decir imprudente, cometido sin intenciòn directa de provocar la muerte. ¡Venía a 130 kilometros por hora por una calle… No tuvo intención!

Sin embargo a Pira se le complicó la cuestiòn cuando este juez entendió que el caso de la otra chica, Daniela Caruso, no podía considerarse una imprudencia y dijo que el delito debía ser homicidio simple. Como los jueces correccionales no tienen facultad para intervenir en delitos graves como un homicidio simple (de ocho a 25 años de cárcel es la pena prevista), dividió el expediente y envió la parte correspondiente a la muerte de Daniela al juez de instrucción penal Osvaldo Barbero.

Las circunstancias volvieron a ser favorables para Pira. Barbero, de criterio más conservador con los casos de muertes en tránsito, consideró que los dos casos eran de homicidio culposo o imprudente. Pues bien, flor de lío. Qué se hizo entonces, pues se mandó todo el asunto a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, superior de los dos jueces, para que resolviera. Y este tribunal entendió que Pira debía ser juzgado por la figura más grave, es decir homicidio simple de Daniela Caruso, que no permite, ni entonces ni ahora, la excarcelación. Pero entre que uno decide, el otro le contesta y un tercero resuelve finalmente se fueron dìas, semanas, meses y el mismísimo Pira, que desapareció.

Pasó 1997, 1998, 1999, 2000. Nadie sabe qué fue de él durante esos años. En 2001, sin embargo, fue detectado por Interpol en el aeropuerto de Shiphol, en Amsterdam, a punto de abordar un vuelo rumbo a Tel Aviv, Israel. Lo detuvieron porque para ese entonces ya tenía captura internacional. Y comenzó un juicio de extradición, como corresponde. ¿Qué hicieron los holandeses con Pira? En el mientras tanto le dieron arresto domicliario. Claro, no tenían por qué conocerlo. Cuando un tribunal de la ciudad de Harlem dio vía a libre para su traslado a la Argentina, Pira volvió a escapar, “piró”.

Y así pasaron todos estos años. En 2004 prescribió el caso por la muerte de María Celeste Haiek. ¿Y por Daniela? Como el homicidio simple o intencional es más grave que el culposo o imprudente, el delito contra Daniela se persigue por un lapso de 12 años. En noviembre de 2009 el juez Barbero, aquél que no pensaba que lo ocurrido con Daniela fuese un homicidio intencional, declaró que el caso estaba prescripto, terminado, acabado, finito, kaput. El Estado no había movido un dedo en mucho tiempo y cuando lo hizo fue para mandar el expediente al archivo. Se abrió así la puerta para que Pira pudiera volver al país, si es que ya no lo había hecho.

A mediados de junio de 2009, es decir meses antes de que se firmara la prescripción, Celia, la hermana de Maria Celeste Haiek, estrenaban un servicio de internet en su casa. Como el domingo 28 había elecciones nacionales, le pidió a uno de sus hijos que buscara en el sitio oficial donde se exponía el padrón electoral. Se acordó que en una biblioteca guardaba una copia del expediente judicial por la muerte de María Celeste y se le ocurrió buscar el DNI de Pira. Puso el número en el buscador de internet y vio lo que la administración de justicia no había visto. Apareció el nombre completo de Pira y el lugar donde debía votar: mesa número 949 de la Escuela Nº 43 Reino de España, ubicada en Ayacucho y avenida Guacurari, ciudad de Posadas, Misiones. ¡Tenía domicilio en Misiones!
Para figurar en el padrón electoral, Pira debió dar personalmente el domicilio meses antes de las elecciones, es decir cuando estaba vigente su pedido de captura. ¿Y? Y que esa informaciòn no fue obtenida por organismos de inteligencia ni de reconstrainteligencia ni de la Policía, nenos del juzgado, sino de Celia, una maestra, hermana de una de las víctimas de Pira. Celia, temblando, se comunicó con Felipe Caruso, el papá de Daniela. El dato se comunicó a la administraciòn de justicia que no hizo absolutamente nada. ¿Votó Pira en 2009?

“No lo quisieron buscar porque este chico es un privilegiado por el dinero”, dijo entonces Celia. “La prescripción de la causa, con la información de Misiones servida en bandeja y sin profundizarse, es una muestra más de la impunidad que hay a todo nivel. No sólo por nuestras chicas, en este país no hay castigos ejemplificadores, nenos para los que tienen dinero”, agregó.

Es posible que el escándalo que significa este caso, de principio a fin, pudiera provocar una profunda reflexión en los jueces de la Sala III de la Cámara de Apelaciones de Rosario. Allí fue a parar la apelación que hizo la fiscal Cristina Rubiolo, en desacuerdo con la prescripción del crimen de Daniela Caruso. En febrero de 2010, los camaristas resolvieron revocar lo decidido por el juez Osvaldo Barbero (el que había dicho, más de una decada atrás, que pasarle el auto por encima a Daniela luego de atropellarla y arrastrarla, no era homicidio intencional) y declarar que el caso no estaba prescripto.

Casi al mismo tiempo que la Cámara volvía a abrir el expediente, los familiares de las víctimas recibieron el dato de que Pira podía estar viviendo en una casa del barrio Fisherton. La Tropa de Operaciones Especiales de la Policía de Rosario allanó un domicilio en la calle Michetti al 7800, pero el prófugo no estaba.

El 2 de marzo pasado se cumplieron 14 años de las muertes de María Celeste y de Daniela. Es la misma cantidad de años que Pira lleva haciendo pito catalán. Hoy tiene 35 años. Quién puede saber si esas dos muertes han pesado alguna vez en su conciencia. El tipo hizo su vida igual. Habrá pagado por muchas cosas menos por las vidas de Marias Celeste y de Daniela.