Cruzaron el límite

Reflexiones. "Hay que hacer algo en serio para que estos se den cuenta de que no tienen poder". Esta es una de las frases que más impactó en el fiscal Guillermo Camporini y el juez Juan Carlos Vienna...

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Por Luis Novaresio

"Hay que hacer algo en serio para que estos se den cuenta de que no tienen poder". Esta es una de las frases que más impactó en el fiscal Guillermo Camporini y el juez Juan Carlos Vienna de las escuchas obtenidas de los dos presos que planeaban matarlos. "No tengo dudas", le dijo uno de los funcionarios a su esposa mientras se iban de viaje en este fin de semana largo para tomar distancia de semejante horror. "Nos querían matar", agregó sin metáfora.

La gravedad institucional de lo que se está viviendo en nuestra provincia es inusitada. No hay en el país otro hecho de inseguridad que atente contras las bases de la democracia que pueda parangonarse con lo conocido de las grabaciones de estos delincuentes cronicadas con amplitud y precisión por este diario. Ni siquiera los datos de caricatura que aparecen en los diálogos sostenidos por 3 días (¡3 impunes días!) ameritan una cuota de humor: "Podés creer que se me está terminando la batería", le dice uno de los grabados al otro, para luego relatar que el policía al que sobornó a efectos de que le traiga una similar de repuesto no estaba llegando con su mandado. Patético, si se tiene en cuenta que Germán Almirón, policía acusado de facilitar la fuga de uno de los integrantes de la banda de Los Monos, y Arón Treves, procesado por un asesinato en una playa de estacionamiento de Maipú al 800 entre otros delitos presumidos sobre los dos, están detenidos en cárceles que dependen del gobierno provincial.

La política argentina todavía no ha reaccionado en consecuencia. No alcanza con la solidaridad desde los escritorios. El gobierno nacional, tan proclive a victimizarse por supuestas desestabilizaciones que habitan sólo en sus delirios y siempre presto a concurrir con sus funcionarios a lugares que suponen rédito político, debería ya estar sentado al lado de los magistrados amenazados brindando apoyo físico y material para acompañar a los que se resisten a que la cosa avance. Ojalá no vengan otra vez las mezquinas adjetivaciones inconducentes como "Narcociudad" o "Narcosocialismo". Santa Fe está sumida en una real crisis por el narcotráfico. No hay dudas. Pero ¿pueden los ministros de Justicia y de Seguridad de la Nación mirar para otro lado? ¿Van a invocar el federalismo para lavarse las manos como hizo el jefe de Gabinete respecto de las crisis educativas provinciales? Si este tiempo ha tenido que ver de verdad con lo mucho de devolución de la presencia del Estado en la actividad del país, actuar con indiferencia a lo que ocurrió con Camporini y Vienna sería una temeridad aparte de un gesto de insensibilidad flagrante.

Esto no es sólo un problema del gobierno de Antonio Bonfatti que, claramente, deberá asumir la responsabilidad de integrar una gestión de seis años largos incapaz de siquiera reconocer el problema del narcotráfico a gran escala y remediar la pérdida de conducción de la fuerza policial a manos de las mafias que en ella habitan. Asustan las amenazas, los balazos en la casa del gobernador, la droga al alcance de quien quiera, pero también el oscuro horizonte vacío de ideas para saber qué hacer.

El plan para asesinar a un juez y a un fiscal que trabajan en hechos lindantes al comercio de drogas debería erizar la piel de todos los dirigentes con cargos en Buenos Aires y en el resto del país. Hace pocos meses, la esposa del juez Gustavo Falcone, asesinado por la mafia en Italia, recordó algo que suena muy oportuno en esta parte de la pampa húmeda: "Cuando amenazaron a mi marido la primera vez los políticos fruncieron el ceño en gesto de sospecha. Sospechaban que exagerábamos o que esto no era real. Cuando los mataron a él y a otros jueces fruncían el ceño con pánico y cargo de conciencia. Pero ni el miedo ni la culpa sirven para combatir a los delincuentes".

Provoca escalofríos saber que un fiscal y un juez van a tener que resignarse a seguir su vida cotidiana acompañados de custodios y que por ahora se consuelan con un chiste que el representante del ministerio público le hizo al magistrado: "Estás más embromado, Juan Carlos. Parece que querían empezar con vos", soltó con envidiable sentido del humor propio de las personas inteligentes y de buena madera el fiscal tratando de aligerar el temor imperante.

Amigos del juez. Hay magistrados, en cambio, que gozan de solidaridades exprés y ayudas en todos los casos. Esta semana el Consejo de la Magistratura dominado por el kirchnerismo, aplicó distintas varas en sus convicciones para abrir juicios políticos a sospechados de corrupción. A Claudio Bonadío, que instruyó una investigación por el indecente manejo de fondos públicos de Fútbol para todos, le decretó el jury. A Norberto Oyarbide, el magistrado que aceptó un pedido de un integrante del Poder Ejecutivo nacional para detener un allanamiento, apenas le solicitó un descargo por escrito. Oyarbide estaba en una "fiesta agradable con gente agradable" y aceptó una petición violatoria de la división de poderes formulada por el vicesecretario Legal y Técnico de la Nación sin constituirse en la financiera allanada. Paró de un telefonazo una medida judicial extrema con sólo escuchar la voz del número dos de Carlos Zanini. El consejo sólo creyó que el magistrado debe mandar una nota explicativa.

Estos dos jueces tienen una carrera que se remonta a la servilleta menemista del entonces ministro Carlos Corach, que garantizaba obsecuencia al poder. No será este cronista el que los juzgue por carencia de fundamentos profundos. Ni siquiera el que los valore. Apenas se cree oportuno remarcar que uno de los votos que protegieron a Oyarbide provino del secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez. Este funcionario es representante de la juventud militante que se muestra como conquista de la década kirchnerista. Los jóvenes sinceramente defensores de este proyecto, ¿se sentirán cómodos formando parte de un movimiento que protege (¿encubre?) a Norberto Oyarbide? Y aquí no se habla de la muchachada que ha obtenido puestos rentados en tantos y tantos estamentos estatales replicando la ausencia de concursos o legitimidad de formación propia de la "vieja política". Se pregunta sobre los leales partícipes de los 10 años de Néstor y Cristina que, desde La Cámpora y otras organizaciones, han ofrecido simbólicamente su vida por lo obtenido. ¿Incluso por la mano en alto a favor de Oyarbide?