Una cacería que actualiza un viejo debate en la Justicia

Una cacería que actualiza un viejo debate en la Justicia

La decisión de Barraguirre de ordenar la creación de una unidad de fiscales hizo despertar a la Justicia frente a la compleja realidad de la narcocriminalidad. Hace más de un año Lewis y Camporini discutieron por el rol de los fiscales y la policía.

Germán de los Santos | Cruz del Sur

La cacería contra los Monos abrió un nuevo capítulo, y amenaza transformarse en esos viejos pulp que dieron origen a la novela negra estadounidense. Lo importante es lo que nace de la trama, y no tanto el final, que casi nunca es el esperado. La saga de crímenes que se disparó tras el asesinato de Claudio Ariel Cantero hace 11 días en Villa Gobernador Gálvez marcó una raya en un territorio, como el de la Justicia provincial, que parecía envuelto en una burbuja de problemas de otra época –con las cicatrices abiertas de las tensiones que generó con el gobierno la reforma procesal penal–, muy alejados de una realidad que acomoda a cada rato golpes que noquean. La administración de Bonfatti necesitaba que la Justicia provincial –no sólo la Federal, sobre la que la gestión del Frente Progresista tiene cierta desconfianza después de la explosión de la causa que tiene preso a Hugo Tognoli, ex jefe de la Policía de Santa Fe– se comprometiera e involucrara en los problemas que surgen del funcionamiento de las bandas narcocriminales, que adquirieron un poder que trasciende el tráfico de estupefacientes, con abogados y contadores que cobran honorarios caros e infiltrados en las entrañas de la propia Policía.

Las fichas se movieron en el Poder Judicial después de que cayera la primera víctima de la saga de venganzas que disparó el crimen de Claudio El Pájaro Cantero. Diego Demarre, dueño del boliche Infinity Night, donde mataron a Cantero, fue acribillado cuando volvía de declarar en los Tribunales. “Nos van a empezar a matar los testigos”, temieron en la justicia. Unas horas antes de que se produjera la segunda escalada de venganzas, con el doble homicidio en Francia y Acevedo de Marcelo Alomar y Nahuel César, el procurador general de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Jorge Barraguirre, le pidió al fiscal de Cámaras N° 1 de Rosario, Guillermo Camporini, que conformara un equipo especial de fiscales para investigar estas muertes ligadas al narcotráfico y presuntamente vinculadas entre sí. Frente a una coyuntura agobiante, que no daba espacio para las dilaciones ni discusiones teóricas, los fiscales se pusieron a trabajar “a full”, como definió el propio Camporini, sobre la base de las vinculaciones y ramificaciones actuales de una causa que había iniciado en septiembre pasado el juez de Instrucción N° Juan Calos Vienna, tras el asesinato de Martín “Fantasma” Paz, el cuñado del Pájaro Cantero. Una serie de escuchas telefónicas a integrantes de la banda de los Monos suministró al magistrado un cuadro integral que hasta ahora nunca se había confeccionado sobre este grupo. No sólo sobre los miembros y cómplices –como en la Policía–, sino sobre el funcionamiento en red, con la custodia y control del negocio (ellos deciden quién entra y quién no), el manejo de la producción de cocaína, y la tercera pata, que es la comercialización.

Esta actitud más activa desde la Justicia pareció servir como una refutación práctica de la discusión que mantuvieron el año pasado Camporini y el ministro de Justicia Juan Lewis –que reprodujo Cruz del Sur– sobre el rol del Ministerio Público Fiscal. Ese debate reaparece hoy con interés. Camporini criticaba el rol de la Policía en las investigaciones y afirmaba que por este motivo iba a ser complejo la implementación del nuevo sistema penal. Lewis le había contestado que en la actual etapa de transición los fiscales no están “acostumbrados a tomar decisiones y a asumir riesgos”.

Aquella vieja polémica pareció ser superada en un abrir y cerrar de ojos por la propia realidad, que mostró que ambos –en parte– tenían razón. La cacería contra la banda de los Monos se inició el viernes pasado, cuando Vienna, junto con la unidad de fiscales, libraron 23 órdenes de allanamiento contra el clan Cantero. El megaoperativo se hizo con la División Judiciales de la URII y con efectivos provenientes de otras unidades regionales del centro y norte provincial. Se allanaron propiedades de la banda en Rosario, Pérez, Granadero Baigorria y Funes. Y esa misma tarde se apresó a un sargento que se desempeñaba en la Secretaría de Delitos Complejos, que conduce Ana Viglione, y que fue creada por el Ministerio de Seguridad tras la detención de Tognoli. Los topos dentro de las filas policiales podrían ser varios más y en escalas superiores, algo que se desprende de las escuchas que tiene el juez en sus manos. Hay fuertes sospechas de hay otro efectivo, con cargo de oficial, infiltrado en la misma Secretaría. Vienna avanzó con pruebas preliminares que dan indicios de que el problema puede ser mayor. En estas comunicaciones interceptadas a los Cantero se advierte que integrantes de esta banda dan órdenes a comisarios de qué zonas liberar ante determinados movimientos, que no sólo incluyen “transas” de volúmenes importantes de droga sino también asesinatos.

La relación de la policía con esta banda es el punto más problemático para el gobierno provincial, que aún no sabe hasta dónde llegan las relaciones con esta asociación narcocriminal, por el simple hecho de que la información más jugosa está fuera del Ministerio de Seguridad: en la Justicia. Después de la detención de Tognoli es complicado para el gobierno manejarse en este terreno vidrioso, en el que un sector de la dirigencia política pretende sacar de manera mezquina siempre una tajada. Tras una serie de anuncios que había decidido la cartera que maneja Raúl Lamberto, como la descentralización de las unidades regionales, la creación del área de investigaciones y la policía de proximidad, el Ministerio de Seguridad va detrás del camino que marque la justicia. Y ahí el gobierno tiene una espada importante, como es el procurador general de la Corte Suprema, Jorge Barraguirre, que en menos de seis meses sacudió el polvo a jueces y fiscales. “Esto no se podría  haber llevado adelante con Agustín Bassó (fallecido ex Procurador de la Corte)”, dijo el gobernador Antonio Bonfatti el sábado pasado en la Jefatura de la URII donde el gobierno y la justicia exhibieron los resultados de los allanamientos del día anterior.

Aunque no hay estrategia trazada en medio de un escenario que es incierto y no se sabe hasta dónde puede llegar y qué resultado puede tener, en Seguridad advierten que estos operativos van a provocar una depuración importante en la URII. No quieren adelantarse y pretenden que el camino lo demarque la propia causa. Tiene un costo político más benigno que todo esté judicializado. La Unidad Regional II está virtualmente intervenida desde la asunción de Raúl Ardiles, subjefe de la Policía de Santa Fe, que se mudó a Rosario tras el traslado de Walter Miranda a San Lorenzo. En el gobierno creen que esta jugada dio buenos resultados. Y quizá por eso el gobernador Antonio Bonfatti  se largó a confirmar a la Unidad Regional II. “No sólo no va a haber cambios sino que voy a confirmar a la URII”, apuntó el gobernador ante una consulta de este medio. El ritmo de la causa y los resultados van a determinar el destino de una fuerza que está sospechada por todos los costados y cada día confirma que, en muchos casos, es la que administra el delito.