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Cita en Tribunales

Written By Charles Francis on 06 septiembre 2010 | 15:42

El histórico dirigente de la Asociación Empleados de Comercio debe responder sobre supuesta administración fraudulenta. Su abogado confía en que vuelva al gremio.
El removido secretario general de la Asociación Empleados de Comercio de Rosario, Rubén Ghioldi -quien fuera acusado de administración fraudulenta-, declarará hoy ante el juez de instrucción de la 11º nominación, Hernán Postma.
 El representante legal del ex dirigente, Hernán Martínez, aseguró a este diario que él mismo solicitó el llamado a indagatoria de su cliente. "Queremos saber de qué se está acusando a mi representado, porque hasta ahora no lo hemos podido conocer; así que esperamos saberlo", indicó el letrado.

Por otro lado, Néstor Barcos, sub-director de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, apuntó que el pedido de reinstalación en el cargo presentado por Ghioldi en julio pasado ante la cartera laboral, "todavía no tiene resolución" y que "se corrió traslado a la Comisión Directiva del sindicato para que digan lo que consideren pertinente sobre esa petición". Al mismo tiempo, Víctor Trovato, el actual secretario general del sindicato, señaló que se expidieron "hace más de un mes" y que considera "imposible" la vuelta de Ghioldi. Por el contrario, Martínez opinó que el acusado "técnicamente, tiene posibilidades de ser reinstalado en el cargo".

Ghioldi estuvo al frente de Empleados de Comercio de Rosario durante 42 años, hasta el 2 de julio pasado, cuando fue removido por una asamblea General Extraordinaria del consejo directivo del gremio, a partir de presuntas irregularidades administrativas. El histórico dirigente gremial desconoce las acusaciones y solicitó hace dos meses su reinstalación en el cargo. Además, aseguró que dicha asamblea fue realizada por fuera del estatuto. "Fue ilegal y arbitraria", dijo Martínez días después de presentar el pedido. Al mismo tiempo, desde la actual Comisión Directiva desmintieron esa acusación y aseguraron que cuando se revocó del cargo al ex dirigente, actuaron "conforme lo establece la ley 23.551 y el estatuto del sindicato".

La denuncia por "administración fraudulenta" fue realizada el 27 de marzo pasado por Julio González, un afiliado al sindicato, que está actualmente jubilado. A partir de esa acusación, la Comisión Directiva comenzó a evaluar la continuidad del entonces secretario general.

Martínez asegura que apenas se conocieron las acusaciones, su representado le solicitó al juez Postma que le tome declaración. "Sinceramente, no sabemos de qué se lo acusa", aseguró. Además, indicó que "Ghioldi es un hombre correctísimo. Tiene años de sindicalismo, y evidentemente ésta es una cuestión sindical manejada de la peor manera. Con saña, fue llevada a una instancia legal por cuestiones absolutamente mínimas y explicables". Luego agregó: "Todas las acciones oficiales, mientras Ghioldi estaba en el cargo, estaban en conocimiento del Consejo Directivo".

Martínez aseguró: "Dicho con una apreciación objetiva, Ghioldi tiene 88 años, y le correspondería volver a ocupar el cargo, sobre todo por su trayectoria. Es un ciudadano ilustre de Rosario y realmente, hay que reconocerlo, es un hombre que dio la vida por la asociación".

Tras la declaración del ex dirigente, que fue citado por el juez Postma, a las 10, en los Tribunales Provinciales, el magistrado "deberá definir la situación procesal". "El problema -continuó Martínez- es que ante este estado de indefinición, Ghioldi aparece como un delincuente y no lo es". Lo que pretende el abogado es que el juez le indique "cuál es el hecho puntual por el que se lo acusa, así podemos presentar las pruebas necesarias o ver cómo continuar la defensa".

El Juzgado de Instrucción 10º, que comenzó la investigación sobre el accionar administrativo de Ghioldi tras la denuncia de González, hizo lo propio con la sobrina del acusado, Susana Treviño, quien era representante legal del gremio, y con el ex secretario de Finanzas del sindicato, Oscar Fernández. Según se indicó desde un primer momento, la denuncia recaería autorizaciones a la abogada para gastos personales. Desde la nueva conducción del gremio, que tiene 25 mil afiliados, indicaron que los gastos de Treviño ascienden a "42.500 pesos" y que "aún no fueron justificados".
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