Disponen que siga la investigación a un comisario por enriquecimiento ilícito

Nuevo dictamen de la Cámara Penal. Se trata de Hugo Giuliano, quien se retiró de la fuerza en 2007. Un fiscal rechazó el sobreseimiento dictado a fines del año pasado

Observador. El fiscal de Cámara Guillermo Camporini recordó los elementos que hicieron que la causa no cayera.

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Por segunda vez en tres años un tribunal superior dispuso que siga abierta la investigación por enriquecimiento ilícito contra un ex comisario superior de la Unidad Regional II. El oficial había sido sobreseído a fines del año pasado pero el fiscal de la causa rechazó la medida al entender que hay prueba para enviarlo a juicio por el crecimiento injustificado de su patrimonio. Días atrás la Cámara Penal dio curso al planteo: declaró nula la decisión de dejar al uniformado fuera de proceso por carecer de una valoración sobre las pruebas, por lo que la causa que estaba cerca de cerrarse continuará su curso.

Esta es la segunda vez que el tribunal de apelación ordena seguir adelante con la causa contra el comisario mayor retirado Hugo Guiliano, abierta hace seis años por enriquecimiento ilícito. En medio de esas idas y vueltas el proceso quedó con el oficial nuevamente imputado y con el proceso abierto, tal como pretendía el fiscal Esteban Franichevich.

Idas y vueltas. La causa ya registraba un derrotero de cierres y reaperturas. En el año 2011 la jueza Patricia Bilotta le había dado falta de mérito a Giuliano por el vencimiento de los plazos procesales. El fiscal Franichevich rechazó ese cierre y la Cámara Penal (al igual que ahora, la Sala IV) dictaminó que el caso no podía terminar.

Entonces el voluminoso expediente recayó en el juzgado de Instrucción Nº11, a cargo de Hernán Postma. Allí se produjeron nuevas medidas, pero la última semana del año pasado el magistrado terminó sobreseyendo al oficial retirado con el argumento de que los plazos estaban vencidos.

El juez argumentó que el tiempo transcurrido desde el inicio del expediente es mayor a la pena máxima que podría caberle al oficial por ese delito y que por lo tanto, por una cuestión procesal, correspondía desvincularlo de la misma. Sin embargo el fiscal Esteban Franichevich consideró que en los últimos años se habían acopiado nuevas pruebas que aún no fueron analizadas y hay elementos para llevar el caso a juicio. Por eso apeló el sobreseimiento.

Ante el tribunal de apelación intervino el fiscal de Cámaras Guillermo Camporini, quien añadió argumentos a la acusación. Recordó que un encargado de la Dirección Provincial de Asuntos Internos de la policía confirmó que Giuliano, entre otras cosas, no pudo justificar "de manera documentada" los ingresos que alegaba tener por la explotación comercial de un taxi registrado a nombre de su padre. "Existen elementos que permiten probabilizar su autoría", remarcó el fiscal de Cámara.

Un dato que no fue tenido en cuenta al dictarse el sobreseimiento, según Camporini, fue la adquisición de un inmueble que el comisario escrituró a nombre de su cónyuge, "así como tampoco las reformas realizadas en una de sus propiedades, las que busca justificar en base a avalúos fiscales devaluados".

Con esos argumentos Camporini pidió que se dicte la nulidad de la resolución del juez Postma por carecer de fundamentación válida. Señaló que el magistrado no efectuó "ninguna valoración de la prueba" agregada a la causa tras el cambio de juzgado. Y aunque la defensa del policía contestó entonces que no había nuevos eelementos y que ya transcurrieron "nueve años sin que se resuelva la situación de su cliente", los tres jueces de la Sala IV le dieron la razón a la fiscalía.

Deberes. "Si bien la resolución recurrida abunda en profusas citas doctrinarias, adolece de anclaje mínimo en las constancias del proceso", opinaron los jueces Rubén Darío Jukic, Daniel Acosta y Carlos Carbone en su resolución. Consideraron que el magistrado (Postma) tenía el "deber funcional" de realizar una valoración crítica de las nuevas pruebas incorporadas al expediente en los últimos años y también de las previas. "Sólo menciona que se incorporaron dos testimonios pero sin concretar ninguna valoración", dijeron.

Los camaristas entendieron que el sobreseimiento, al no estar fundado, puede ser pasible de cuestionamientos ante tribunales internacionales y por eso lo declararon nulo. La causa entonces seguirá abierta y en manos de otro magistrado, ya que Postma revista desde el 10 de febrero en el plantel de jueces del nuevo sistema penal y dejó su puesto en el juzgado de Instrucción 11.

Cómo empezó. La historia del trámite contra Giuliano comenzó en 2004 cuando el gremio policial no reconocido Apropol denunció el patrimonio supuestamente irregular del alto oficial —que fue jefe de la Agrupación Unidades Especiales de Rosario— presentando constancias del movimiento de fondos de tres cuentas del comisario en bancos privados y detalle de varios bienes que se le atribuían.

Se abrió así un sumario en la Dirección de Asuntos Internos. La investigación, que demandó dos años, descubrió y agregó otros bienes que ingresaron a la causa judicial abierta en 2008: varias propiedades entre viviendas y locales comerciales, títulos públicos, dos automóviles, una lancha e incluso constancias de viajes reiterados realizados al exterior tanto por él como por familiares directos. Algunos bienes eran propios y otros de familiares consanguíneos inmediatos.

Una perito contadora de la Corte Suprema afirmó haber llegado a conclusiones semejantes a las alcanzadas por la Oficina de Investigaciones Patrimoniales de Asuntos Internos, que proponían que el oficial investigado tiene un conjunto de bienes mucho mayor al que pudo demostrar con ingresos lícitos. La causa estuvo años abierta sin que Giuliano fuera citado a indagatoria, lo que prolongó los plazos.

Al sostener la causa abierta la primera vez, los jueces de la Cámara sostuvieron que se le atribuía a Giuliano "haber producido sobre su patrimonio un enriquecimiento apreciable e injustificado que no se corresponde con la situación económica que tenía en el momento de iniciar su carrera policial en 1975 y hasta dos años después de su retiro". Tal incremento, dijeron, tampoco "está de acuerdo con sus posibilidades económicas posteriores en cuanto al sueldo como empleado policial y con otros ingresos de origen lícito". Esa acusación ahora sigue en pie y se encamina, de nuevo, a una resolución que defina si el oficial va o no a juicio.